Apagones conflictivos
17-Mayo-2010
Miguel Ángel Granados Chapa
Ante la cada vez mayor frecuencia de apagones en el servicio eléctrico de la Ciudad de México el Gobierno Federal instaló el viernes una oficina híbrida, combinación de oficialía de partes, taller, cuartel policiaco y agencia del Ministerio Público. El Centro de atención y reacción rápida (CARI) intenta ser la respuesta ante la suspensión del suministro eléctrico, un mal endémico en el centro del país, agravado en estos días por las lluvias y los vientos, y por la presunción de que un buen número de los apagones no es fruto del azar o de la vetustez de las instalaciones, sino de una acción deliberada, delictuosa.
Desde mucho tiempo atrás los usuarios de Luz y Fuerza del Centro padecían interrupciones en el servicio correspondiente. No eran meras molestias, contratiempos menores. Con frecuencia causaban daños y perjuicios que (las más de las veces inútilmente) la clientela afectada litigaba ante la Procuraduría del Consumidor o ante el propio organismo público. A regañadientes, en algunos pocos casos se pagaban compensaciones a las familias que al reanudarse el suministro resentían la inutilización de sus aparatos electrodomésticos por la fuerte descarga que señalaba la vuelta a la normalidad. Ya no digamos los efectos destructivos que los apagones y su conclusión causaban en la actividad económica, en la conservación de alimentos y en la operación de talleres y bodegas, propiedad de empresas pequeñas y medianas sin capacidad para adquirir mecanismos de protección o plantas generadoras de electricidad que suplieran las deficiencias del servicio público.
En esa época los patrones y los trabajadores se recriminaban mutuamente. Aducían los primeros que el oneroso contrato colectivo de trabajo, la rígida distribución de labores dificultaban el mantenimiento de las redes y la atención de emergencias. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, por su parte, protestaban por la falta de recursos que permitieran modernizar las instalaciones, caídas todas en la obsolescencia o el deterioro, a que atribuían principalmente las deficiencias del suministro.
La situación empeoró a partir del 11 de octubre, cuando Luz y Fuerza fue declarada extinta y la Comisión Federal
de Electricidad quedó
a cargo de la operación de sus líneas. A pesar de que el personal de la CFE ex auxiliado por el de empresas contratistas que apoyan sus labores o las suplen, ha sido difícil mantener la normalidad en las operaciones, entre otras razones porque la precariedad del mantenimiento era colmada por la experiencia de los miembros del SME, que conocían los vericuetos de las redes e improvisaban soluciones. En otras ocasiones, al contrario, validos de ese conocimiento privilegiado no mostraban disposición para enfrentar las urgencias.
La semana pasada el suministro llegó a un momento crítico en el suroriente de la capital, principalmente las delegaciones de Coyoacán e Iztapalapa, pero el fenómeno se extendió a 13 de las 16 delegaciones. Setenta y cinco colonias quedaron sin energía simultáneamente algún día de la semana. Y la interrupción del servicio generó protestas, bloqueos de calles, marchas por algunos puntos de la ciudad.
Por añadidura, la zona típicamente riesgosa, el centro capitalino, mostró su fragilidad. Se produjeron estallidos por sobrecarga u otras causas. No hubo, por fortuna, daño alguno a personas y los de carácter material fueron limitados. Pero el viernes mismo, poco después de establecido el CARI, en la esquina de Reforma y Balderas —es decir, en un ángulo de la Alameda central, especialmente concurrido—, un breve incendio en una instalación eléctrica subterránea puso miedo en el ánimo de los transeúntes.
El CARI tiene como propósito prevenir fallas en el servicio, restablecerlo cuanto antes e investigar las causas de la suspensión. En ese punto se asoma un rasgo que podría hacer más conf lictivo el problema mismo de los apagones. Un documento de la PGR asegura que en abril y mayo ha habido 207 actos de sabotaje: rotura, robo e incendio intencional. La Comisión Federal de Electricidad ha presentado más de 400 denuncias y la PGR ha iniciado 49 averiguaciones previas, 39 de las cuales han derivado en el ejercicio de la acción penal. Pero, que se sepa, no ha habido detenciones ni comienzo de los procesos correspondientes. Eso, no obstante que en su papel de esquirol, iniciado antes de la liquidación de la empresa, Alejandro Muñoz, dirigente contrario a Martín Esparza ha alegado claramente que miembros de ese sindicato disparan pistolas para dañar instalaciones y equipos.
Es preciso que las pesquisas ministeriales en curso sean realizadas con puntualidad y no sirvan para construir culpabilidades preconcebidas. Si hay saboteadores, cualquiera que sea su motivación y su pertenencia, deben ser castigados. Pero no se satanice sin fundamento a los perseverantes miembros del SME, no se criminalice su protesta.
La huelga de hambre que hace 20 días mantienen decenas de ellos en el Zócalo ha acrecentado la tensión entre ese gremio y la administración federal. Algún rasgo de impaciencia ante el ayuno se adivina en la posición oficial. No se mezcle la política -la huelga de hambre es instrumento de ese género- con la represión penal.
No es imposible que también en el SME haya impacientes que prefieran la acción directa. Pero hasta ahora el sindicato se ha mantenido en los límites de la legalidad. A nadie conviene que nadie los traspase. Ni tampoco que se tuerza la ley.
Cajón de sastre
Hasta el anochecer del domingo se ignoraba el paradero y la suerte de Diego Fernández de Cevallos, desaparecido cerca de la medianoche del viernes cuando llegaba a su rancho en el municipio queretano de Pedro Escobedo a donde viajó desde la Ciudad de México, como solía hacerlo. Carece de sentido especular por el tipo de privación ilegal de la libertad que se ha cebado en contra suya, aunque por desgracia puede conjeturarse que no se trata de un secuestro cuyos perpetradores demanden un pago por devolver al ex candidato presidencial panista. Si se tratara de un acto mercenario, sus autores calcularon mal la reacción ante su delito y pagarán pronto su desliz.
Debieron prever que el despliegue de fuerzas en torno a su víctima permitirá la pronta localización de los delincuentes y el rescate del polémico político panista.
miguelangel@granadoschapa.com
Fuente
Miguel Ángel Granados Chapa
Ante la cada vez mayor frecuencia de apagones en el servicio eléctrico de la Ciudad de México el Gobierno Federal instaló el viernes una oficina híbrida, combinación de oficialía de partes, taller, cuartel policiaco y agencia del Ministerio Público. El Centro de atención y reacción rápida (CARI) intenta ser la respuesta ante la suspensión del suministro eléctrico, un mal endémico en el centro del país, agravado en estos días por las lluvias y los vientos, y por la presunción de que un buen número de los apagones no es fruto del azar o de la vetustez de las instalaciones, sino de una acción deliberada, delictuosa.
Desde mucho tiempo atrás los usuarios de Luz y Fuerza del Centro padecían interrupciones en el servicio correspondiente. No eran meras molestias, contratiempos menores. Con frecuencia causaban daños y perjuicios que (las más de las veces inútilmente) la clientela afectada litigaba ante la Procuraduría del Consumidor o ante el propio organismo público. A regañadientes, en algunos pocos casos se pagaban compensaciones a las familias que al reanudarse el suministro resentían la inutilización de sus aparatos electrodomésticos por la fuerte descarga que señalaba la vuelta a la normalidad. Ya no digamos los efectos destructivos que los apagones y su conclusión causaban en la actividad económica, en la conservación de alimentos y en la operación de talleres y bodegas, propiedad de empresas pequeñas y medianas sin capacidad para adquirir mecanismos de protección o plantas generadoras de electricidad que suplieran las deficiencias del servicio público.
En esa época los patrones y los trabajadores se recriminaban mutuamente. Aducían los primeros que el oneroso contrato colectivo de trabajo, la rígida distribución de labores dificultaban el mantenimiento de las redes y la atención de emergencias. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, por su parte, protestaban por la falta de recursos que permitieran modernizar las instalaciones, caídas todas en la obsolescencia o el deterioro, a que atribuían principalmente las deficiencias del suministro.
La situación empeoró a partir del 11 de octubre, cuando Luz y Fuerza fue declarada extinta y la Comisión Federal
de Electricidad quedó
a cargo de la operación de sus líneas. A pesar de que el personal de la CFE ex auxiliado por el de empresas contratistas que apoyan sus labores o las suplen, ha sido difícil mantener la normalidad en las operaciones, entre otras razones porque la precariedad del mantenimiento era colmada por la experiencia de los miembros del SME, que conocían los vericuetos de las redes e improvisaban soluciones. En otras ocasiones, al contrario, validos de ese conocimiento privilegiado no mostraban disposición para enfrentar las urgencias.
La semana pasada el suministro llegó a un momento crítico en el suroriente de la capital, principalmente las delegaciones de Coyoacán e Iztapalapa, pero el fenómeno se extendió a 13 de las 16 delegaciones. Setenta y cinco colonias quedaron sin energía simultáneamente algún día de la semana. Y la interrupción del servicio generó protestas, bloqueos de calles, marchas por algunos puntos de la ciudad.
Por añadidura, la zona típicamente riesgosa, el centro capitalino, mostró su fragilidad. Se produjeron estallidos por sobrecarga u otras causas. No hubo, por fortuna, daño alguno a personas y los de carácter material fueron limitados. Pero el viernes mismo, poco después de establecido el CARI, en la esquina de Reforma y Balderas —es decir, en un ángulo de la Alameda central, especialmente concurrido—, un breve incendio en una instalación eléctrica subterránea puso miedo en el ánimo de los transeúntes.
El CARI tiene como propósito prevenir fallas en el servicio, restablecerlo cuanto antes e investigar las causas de la suspensión. En ese punto se asoma un rasgo que podría hacer más conf lictivo el problema mismo de los apagones. Un documento de la PGR asegura que en abril y mayo ha habido 207 actos de sabotaje: rotura, robo e incendio intencional. La Comisión Federal de Electricidad ha presentado más de 400 denuncias y la PGR ha iniciado 49 averiguaciones previas, 39 de las cuales han derivado en el ejercicio de la acción penal. Pero, que se sepa, no ha habido detenciones ni comienzo de los procesos correspondientes. Eso, no obstante que en su papel de esquirol, iniciado antes de la liquidación de la empresa, Alejandro Muñoz, dirigente contrario a Martín Esparza ha alegado claramente que miembros de ese sindicato disparan pistolas para dañar instalaciones y equipos.
Es preciso que las pesquisas ministeriales en curso sean realizadas con puntualidad y no sirvan para construir culpabilidades preconcebidas. Si hay saboteadores, cualquiera que sea su motivación y su pertenencia, deben ser castigados. Pero no se satanice sin fundamento a los perseverantes miembros del SME, no se criminalice su protesta.
La huelga de hambre que hace 20 días mantienen decenas de ellos en el Zócalo ha acrecentado la tensión entre ese gremio y la administración federal. Algún rasgo de impaciencia ante el ayuno se adivina en la posición oficial. No se mezcle la política -la huelga de hambre es instrumento de ese género- con la represión penal.
No es imposible que también en el SME haya impacientes que prefieran la acción directa. Pero hasta ahora el sindicato se ha mantenido en los límites de la legalidad. A nadie conviene que nadie los traspase. Ni tampoco que se tuerza la ley.
Cajón de sastre
Hasta el anochecer del domingo se ignoraba el paradero y la suerte de Diego Fernández de Cevallos, desaparecido cerca de la medianoche del viernes cuando llegaba a su rancho en el municipio queretano de Pedro Escobedo a donde viajó desde la Ciudad de México, como solía hacerlo. Carece de sentido especular por el tipo de privación ilegal de la libertad que se ha cebado en contra suya, aunque por desgracia puede conjeturarse que no se trata de un secuestro cuyos perpetradores demanden un pago por devolver al ex candidato presidencial panista. Si se tratara de un acto mercenario, sus autores calcularon mal la reacción ante su delito y pagarán pronto su desliz.
Debieron prever que el despliegue de fuerzas en torno a su víctima permitirá la pronta localización de los delincuentes y el rescate del polémico político panista.
miguelangel@granadoschapa.com
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