El proyecto constitucional para la CDMX, “aspiracional” y sin viabilidad

Miguel Ángel Mancera en la Asamblea Constituyente de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez
Miguel Ángel Mancera en la Asamblea Constituyente de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez
 
PROCESO 
 
Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se aprestan a discutir el proyecto que les entregó el 15 de septiembre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Mientras unas fracciones se enfrascan en  el jaloneo por las posiciones en el órgano legislativo, algunos diputados se preocupan por preservar los contenidos que les competen. A decir del especialista Ignacio Marván Laborde, la propuesta de Mancera muestra serias fallas de lenguaje y de conceptualización jurídica, tiene tintes de plataforma electoral y, si bien contiene novedades, su actual vocación “aspiracional” la hace inviable.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Arquitecto de uno de los primeros proyectos de Constitución de la Ciudad de México y estudioso de las leyes supremas de la historia del país, Ignacio Marván Laborde califica la propuesta presentada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Constituyente como un texto “aspiracional”, más parecido a una plataforma electoral, pues carece de bases técnicas y jurídicas, además de contener propuestas inviables.
En entrevista con Proceso, Marván, quien es profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma: “Ese texto, más que una constitución… se convirtió en una plataforma  de las que se presentan ante el Instituto Nacional Electoral para llamar a gente a favor de un partido o de unos candidatos”.
El proyecto entregado el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente en la vieja Casona de Xicoténcatl, elaborada por un Grupo Redactor de 28 personalidades, conjunta “una serie de propuestas, muchas incluso de muy buena intención, pero muy lejos de lo que es una Constitución para regir, establecer derechos, hacerlos garantizables, regular la relación entre gobernantes y gobernados y sobre todo organizar y vigilar el poder. Es demasiada palabrería. Ese es el primer problema”.
Añade que la propuesta también tiene “problemas severos de lenguaje jurídico”. Con el prurito de respetar el lenguaje de género, abusa del término “toda persona”. Marván observa que “la Constitución de la Ciudad no tiene que regular a la persona como tal, sino a ciudadanos, habitantes, residentes. El derecho de la persona es propio del Código Civil y, en última instancia, así tan genérico sería parte de la Constitución general”.
De igual modo señala el abuso del concepto “Ciudad”, pues se le considera “un sujeto y no el objeto que se va a regular… Se oye retórico y eso es ajeno a toda Constitución”. Además, dice que no queda claro quién es el responsable de ésta: el gobierno central, el jefe de gobierno o las delegaciones.
En cuanto a que la autoridad puede tomar “las medidas que sean necesarias”, como dice el texto enviado por Mancera, “significa darle poder dictatorial, pues la autoridad sólo puede tomar las medidas para las que tiene facultades y tienen que estar expresas”.
Marván Laborde asegura que este proyecto de Constitución ofrece una “concepción muy utópica de la ciudadanía”, pues si bien incorpora derechos que están en tratados internacionales, “siempre la multiplicación de derechos es el mejor camino para que la Constitución se vuelva de palabra y no efectiva”. Agrega que no deja claro cómo se van a garantizar esos derechos ni quién será el responsable de hacerlo.
Asimismo celebra que se incluya el derecho a una sexualidad plena, pero se pregunta: “Y si no la tengo, ¿me voy a amparar ante quién o cómo la voy a reclamar? ¿Cómo se va a hacer efectivo jurídicamente? De eso se trata una Constitución”.
Respecto de las obligaciones del ciudadano, como la de “participación” y la de “ser solidario”, el investigador advierte que “el ciudadano total es muy cercano a los regímenes totalitarios, no a los democráticos”. La primera, dice, es un derecho, y no una obligación. Y sobre la segunda cuestiona: “¿Quién es la autoridad que me va a obligar a ser solidario? Yo tengo todo el derecho a enconcharme en mi vida. Se oye muy bonito, pero también tiene un dejo de autoritarismo”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2083 de la revista Proceso, ya en circulación. 

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