¿Nueva reforma laboral? BUSCAN IMPONER LA CONTRATACIÓN POR OUTSOURCING
*Senadores que son Líderes Sindicales Proponen Cambios que Atentan contra los Derechos Humanos Laborales.
*Presentan una iniciativa de reglamentación de los juzgados laborales, que incluye cambios en la Ley Federal del Trabajo que favorece la semi esclavitud laboral.
*Presentan una iniciativa de reglamentación de los juzgados laborales, que incluye cambios en la Ley Federal del Trabajo que favorece la semi esclavitud laboral.
Secretario de Prensa del SUTIN y
Unos días antes del final del periodo
ordinario de sesiones dos senadores priistas que se ostentan como
líderes sindicales, presentaron una iniciativa de reforma laboral que
pretende eliminar cualquier rastro de estabilidad en el empleo, quitando
los pocos candados que limitan al tercerismo en la contratación,
adiciona obstáculos al ejercicio del derecho de huelga y busca perpetuar
el charrismo dejando en sus manos el destino de sindicatos, contratos y
conflictos laborales .
Hace un año, se aprobó una reforma
constitucional en materia laboral con el objetivo de poner fin al
contratismo de protección patronal e implementar nuevos mecanismos para
registrar sindicatos y contratos colectivos, así como un nuevo sistema
de justicia laboral. Esta reforma, para ser puesta en práctica, requería
la parte complementaria, es decir, la reforma a las leyes secundarias
que reglamentara lo aprobado hace un año.
Esta parte se estuvo trabajando con total
opacidad por las autoridades del trabajo y cuando se acercaba el plazo
para aprobar la reforma a las leyes secundarias, los senadores Tereso
Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, dirigentes de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), respectivamente, presentaron una iniciativa
que nada tiene que ver con el objetivo de la reforma constitucional.
En realidad, se trata de una contrarreforma que mete reversa a lo aprobado hace un año.
Es claro que la reforma constitucional
laboral aprobada a finales de 2016, no expresa una vocación democrática
del gobierno, sino su interés por participar sin trabas en el Tratado
Transpacífico (TPP). Al no lograrlo dieron marcha atrás.
La iniciativa que presentaron los senadores
priistas el 7 de diciembre de 2017, diseñada por los patrones, pretende
acabar con el carácter tutelar del artículo 123 constitucional y volver
al semi esclavismo laboral que había en los siglos XIX y XX.
No obstante, el sindicalismo democrático no
fue sorprendido. Tanto la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), como
otros referentes analizaron la situación y expresaron su rechazo. La UNT
acordó hacer mítines en el Senado de la República y en todos
los estados, enviar cartas a la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), al sindicalismo internacional y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), denunciando lo regresivo de la iniciativa
presentada.
El jueves 14 de diciembre del 2017 se
realizó una muy amplia jornada nacional de protesta con los principales
referentes del sindicalismo democrático, se publicó un desplegado
respaldado por un gran número de organizaciones y personalidades y se
realizó una conferencia de prensa.
El mismo día, la UNT por conducto del senador
Luis Sánchez, presentó su iniciativa de reforma laboral, elaborada por
un equipo de trabajo encabezado por el Lic. Héctor Barba. Así, hay dos
iniciativas que deberán discutirse en el congreso. No es suficiente, se
requiere una lucha intensa en todos los terrenos. En la misma jornada se
expresó el rechazo a la ley de seguridad interna.
Las condiciones son adversas
pues al mismo tiempo que ocurría todo esto en el Senado de la República
y la Cámara de Diputados la mayoría de sus integrantes votó a favor de
la Ley de Seguridad Interior que, pese a las recomendaciones para
rechazarla de organismos internacionales y a las protestas nacionales
fue aprobada, haciendo caso omiso a todas las voces discrepantes.
El escenario nacional no es halagador para el
país y mucho menos para los trabajadores. La aprobación de la Ley de
Seguridad Interior, en los estertores del periodo ordinario de sesiones
del Congreso de la Unión, mostró un poder legislativo enfermo que
legalizó lo que ocurre hace tiempo en nuestro país: una creciente
militarización y la criminalización de las protestas. No fueron
escuchados los llamados internacionales ni las protestas nacionales para
impedir que se aprobara esta ley que, en vísperas de un proceso
electoral que se espera muy competido, aparece más como el anuncio de
represión a eventuales protestas por el cauce que pudieran tener las
elecciones, que un instrumento para la seguridad del país.
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