Endeudan la educación básica con programa Escuelas al CIEN
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La reforma
educativa de 2013 pasará a la historia como una de las más lesivas
decisiones del Poder Legislativo y del propio gobierno de Enrique Peña
–su impulsor–, por los múltiples daños causados a la sociedad.
El más visible, sin duda, es el que
afecta directamente el proceso de enseñanza, al reducir el papel de los
docentes a un esquema de competitividad empresarial, que los somete a un
examen de supuesta medición de conocimientos incapaz, siquiera, de
tomar en cuenta el contexto en el que se aplica.
Como se sabe, lejos de buscar la
excelencia académica, la evaluación docente tiene como principal
objetivo expulsar a la disidencia magisterial y engrosar las filas de
desempleados, al correr masivamente a quienes no obtienen determinado
puntaje, sin que esto último realmente permita determinar la
incompetencia.
Pero hay otras repercusiones que han
pasado desapercibidas, a pesar de la gravedad que entrañan. Tal es el
caso del Programa Escuelas al CIEN, que ya endeuda aún más a las
entidades federativas al bursatilizar la educación básica por los
próximos 25 años.
La contratación de deuda por la vía
bursátil sólo beneficia a una minoría, lamentablemente a costa del
presupuesto público y, sobre todo, de las mayorías empobrecidas de este
país, que acabarán pagando demasiado por esos créditos.
Los compromisos financieros derivados de
Escuelas al CIEN podrían ascender a 50 mil millones de pesos, según los
propios planes establecidos por el gobierno federal.
El dinero se destina a la construcción
de infraestructura educativa para, supuestamente, disminuir la deserción
escolar. Pero lejos de lograr ese objetivo, lo único que se conseguirá
es asfixiar paulatinamente las finanzas de los estados.
Escuelas al CIEN
Impulsar el desarrollo de
infraestructura en vez de atender asuntos más urgentes –como la
alimentación, el techo, el vestido y el sustento de los menores y, en
general, de sus familias, para que los infantes no se vean obligados a
contribuir con el gasto– es una idea copiada de las teorías
estadunidenses.
Así lo revela el documento Programa escuelas al CIEN Infraestructura educativa a cargo de los procesos de bursatilización
–elaborado por Giovanni Jiménez, del Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública (CESOP)–, que señala como base de este programa los
estudios del 21st Century School Fund sobre la relación de la
infraestructura con el desarrollo académico.
Según el análisis, “el Programa Escuelas
al CIEN parte de que el principal problema del abandono escolar es la
falta de infraestructura física. Para su creación, el gobierno federal
reconoce las debilidades en infraestructura, mobiliario y equipamiento
de las escuelas de educación básica en las entidades federativas y la
Ciudad de México”.
Pero a falta de recursos, en 2015 la
Secretaría de Educación Pública se inclinó por la deuda: “convino con la
Bolsa Mexicana de Valores la creación de un esquema de bursatilización,
que se denominó Fibra E”.
El documento de trabajo del CESOP indica
que los recursos que se transfieren a las entidades federativas a
través de este programa provienen de un vehículo de inversión denominado
Certificado de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN).
Dicho vehículo está obligado a pagar una
tasa de interés a los tenedores, del 2.7 por ciento anual real, con un
plazo de pago de 25 años. Esto es que “los estados deberán pagar 25 por
ciento de sus participaciones federales del Ramo 33, apartado Fondo de
Aportaciones Múltiples, Infraestructura educativa básica para las
siguientes 2 décadas”.
El análisis observa que en 2017 ese
fondo tuvo un monto de 21 mil 696.8 millones de pesos, y que de acuerdo
con el Presupuesto, este 2018 tendrá 23 mil 442.6 millones. Es decir que
las entidades federativas no necesitaban endeudarse.
“La inversión bursatilizada es cercana a
los recursos [del Fondo] para los años 2017 y 2018 (45 mil millones de
pesos); sin embargo, se decidió que era mejor endeudar a los estados por
25 años y que éstos pagaran una tasa de interés por los recursos
garantizados en la Ley de Coordinación Fiscal”, observa el análisis del
CESOP.
Y es que, destaca, la meta del programa
al inicio de su creación fue invertir más de 50 mil millones de pesos en
Certificados de Infraestructura Escolar Nacional, para apoyar a 33 mil
planteles, beneficiando así a 5.2 millones de estudiantes. Es decir, 5
mil millones menos del monto que se administra a través del Fondo.
Dispersión
Para el gobierno, el problema fue revelado por el Censo de maestros, escuelas y alumnos de educación básica y especial 2013,
que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Éste
identifica el rezago físico de las escuelas como uno de los problemas
urgentes que el sistema educativo debe atender.
Y es que el 26 por ciento de los
inmuebles escolares no se había construido con fines educativos y el 2
por ciento estaba construido con materiales precarios.
Aunado a ello, según el análisis del
CESOP, los recursos destinados a las entidades federativas y la Ciudad
de México para el mejoramiento de la infraestructura educativa del Fondo
de Aportaciones Múltiples ha mostrado que se destina a obras de poco
impacto, generando con ello un cambio constante en el destino de tales
recursos.
Respecto del manejo de la deuda
contratada en el marco del programa Escuelas al CIEN, indica que en 2016
y 2017 “fueron entregados a los directores de las escuelas de educación
básica a través de tarjetas de débito”.
El objetivo es que sean los propios
directivos quienes tuvieran acceso a los recursos para realizar las
reparaciones en sus escuelas. Esto implica que ellos elijan a las
empresas constructoras, las cuales sólo tenían como requisito estar
dadas de alta en el padrón de proveedores del Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa.
Así es como se orquestan los negocios
fraudulentos al amparo del poder en México. ¿O alguien puede observar
beneficio alguno para las mayorías en este esquema de bursatilización de
la educación pública?
Nancy Flores
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