#YoSoy132 exige al TEPJF que dé certeza a la elección

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Gabriela Delgadillo, Sofía Silva, Édgar Tafoya y Melissa Díaz, durante la conferencia de prensa en la que el movimiento #YoSoy132 presentó una propuesta de plan de acción para impedir la imposición del priísta Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la RepúblicaFoto José Carlo González
Emir Olivares y Laura Poy
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de julio de 2012, p. 13
La comisión de vigilancia ciudadana y el comité jurídico y de derechos humanos del movimiento #YoSoy132 presentaron una propuesta de plan acción para proteger la democracia, exigir la limpieza del proceso electoral, demandar la invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición, que incluye la participación en la megamarcha de este domingo.
Representantes de ambas instancias aclararon que algunos puntos del plan deberán ser aprobados por la asamblea interuniversitaria que se realizará los días 28 y 29 de julio en Morelia, Michoacán.
En conferencia de prensa, hicieron un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a dar certeza a la elección y contribuir así a la limpieza de los comicios, ya que la califican de limpia, equitativa y transparente se daría un muy mal mensaje a la sociedad. La calificación del proceso electoral ya la hizo la ciudadanía y no favorece al candidato del PRI.
Al dar lectura al documento, advirtieron que si las autoridades electorales ignoran las miles de denuncias ciudadanas (sobre presuntas irregularidades) documentadas hasta la fecha, estarían dando paso a un grave riesgo de estallido social.
Interrogado al respecto, Édgar Tafoya, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la comisión de vigilancia ciudadana, aseveró que en el país se observa “una efervescencia legítima de descontento social, debido a la calificación a priori de la elección. Vemos un riesgo de que éste pueda generalizarse y salirse de las manos”.
Sofía Silva, del comité jurídico y alumna de la Facultad de Sicología de la UNAM, leyó el pronunciamiento con los cuatro puntos de acción: la megamarcha nacional contra la imposición el próximo domingo en todas las plazas públicas del país, única protesta aprobada por la asamblea interuniversitaria.
Además, la presentación del segundo informe general de delitos e irregularidades electorales de #YoSoy132, y el proyecto internacional en defensa de la democracia y por la invalidez de la elección, que incluye la recolección de firmas a escala nacional y argumentos basados en el derecho internacional para solicitar la protección del sufragio, tarea que ya se realiza.
Por último, plantearon una campaña nacional de difusión e información YoTambiénSoyDefensor, con el propósito de denunciar en forma creativa y didáctica las violaciones sistemáticas que existieron antes, durante y después de los comicios.
Cuestionado sobre posibles acercamientos de Enrique Peña Nieto con el movimiento, Tafoya señaló que no hemos tenido ningún acercamiento ni nos interesa, pues no lo vemos como interlocutor. Nuestra llamado es y ha sido a la sociedad.
En tanto, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM que participan en #YoSoy132 realizaron una asamblea para definir su posición sobre los acuerdos de la Convención Nacional contra la Imposición, realizada en San Salvador Atenco.
Reconocieron los lineamientos ahí aprobados, ya que #YoSoy132 fue parte de la convención y propondrán que se impulse una segunda sesión, atendiendo a la estructura, lógica, principios y métodos en la toma de decisiones del colectivo.
El acuerdo se presentará en la reunión extraordinaria del próximo lunes en la Facultad de Ciencias. La asamblea de la Facultad de Derecho expondrá que por el momento el movimiento “no tiene la capacidad de tomar pacíficamente las instalaciones de Televisa, por lo que propone un bloqueo de los accesos con acciones simultáneas y actividades informáticas y culturales”.
Aseguraron que respetarán y apoyarán las acciones que se realicen en otros estados, sin criminalizarlas ni deslindarse, y reconocieron el derecho a la legítima defensa y autodefensa en respuesta a agresiones o represión del Estado.

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