Sistema de pensiones en México: “desigual, insostenible y opaco”, advierte estudio del CIEP
Dos mujeres pensionadas protestan contra Duarte en Xalapa. Foto: Carol Suárez
PROCESO
Al dar a conocer el estudio titulado “Pensiones en México: 100 años de desigualdad”, el organismo encabezado por Héctor Juan Villarreal Páez alertó que el pago de pensiones representa 15.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2017 y 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Incluso, dijo que el sector tiene la tendencia a incrementarse en los siguientes años, generando presiones sobre el presupuesto restante para realizar política pública.
No es poca cosa. En tiempos de austeridad como los que vive el país y de volatilidad en los que se encuentran las finanzas públicas, Villarreal Páez alertó que “el pago de pensiones reduce el margen de maniobra para realizar política pública y compromete económicamente el presupuesto del próximo gobierno”.
El estudio consta de siete capítulos contenidos en 190 páginas y sugiere que el Estado debe diseñar mecanismos para ampliar el margen de maniobra presupuestario para poder cumplir con el pago de las obligaciones, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía.
“De no existir alguna reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales (sistema creado después de la Ley de 1997 en sustitución del sistema de reparto), terminarán pagando no solo sus propias pensiones, sino también las de las generaciones que los antecedieron”, señaló Héctor Juan Villarreal en rueda de prensa.
De hecho, aseguró que para poder reducir la desigualdad, incrementar la transparencia y hacer sostenible el sistema de pensiones, es necesario evaluar el tamaño del pasivo contingente pensionario, propiciar una convergencia en reglas y revisar los compromisos en el sistema de reparto.
Los retos también incluyen reformar el sistema de cuentas individuales, así como reflexionar sobre la pensión no contributiva, impulsar el ahorro voluntario y controlar el gasto público dirigido a pensiones, entre otras acciones.
Problema estructural
El panorama de las pensiones en México es complicado. De entrada, existen más de mil distintos sistemas, modelos y esquemas de pensiones, cada uno con sus propias tasas de cotización y de reemplazo, así como reglas, incentivos, condiciones y beneficios; además de que son independientes entre sí.
Sin embargo, el estudio del CIEP deja ver que el gasto promedio por pensionado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es de 803 mil 115 pesos al año, mientras que el de Petróleos Mexicanos (Pemex) asciende a 639 mil 22 pesos, es decir, las dos principales empresas del Estado gastan en conjunto un millón 442 mil 137 pesos anuales en promedio por cada trabajador pensionado.
Esa cifra refleja la desigualdad que existe en el del sistema de pensiones en México, pues en contraste, el gobierno federal gasta en promedio siete mil 354 pesos al año en pagar una pensión no contributiva a los adultos mayores de 65 años.
De acuerdo con Sunny Arely Villa Juárez, directora de Gasto Público del CIEP, 48.5% del gasto en pensiones contributivas corre a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encuentran asegurados 75.3% de los pensionados del tipo contributivo.
Es decir, más de 50% del total del presupuesto destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los extrabajadores de alguna institución de gobierno, que representan 24.7% del total de los pensionados.
El IMSS tiene un régimen obligatorio de reparto que se ubica en el pilar uno; un régimen obligatorio de cuentas individuales que corresponde al pilar dos, y un ahorro voluntario que pertenece al pilar tres.
Actualmente, todos los trabajadores tienen cuentas individuales y, por lo tanto, sus aportaciones no están dentro de una bolsa común de donde se financian las pensiones de los adultos mayores actuales.
Reformas insuficientes
Al considerar las reformas realizadas a los esquemas pensionarios, aún persisten problemas importantes en el financiamiento de las pensiones en México.
El primero refleja la diferencia entre el presupuesto aprobado para el pago en pensiones y lo que finalmente se termina ejecutando cada año. El segundo es que el gasto público que se asigna para cubrir las pensiones es inequitativo entre sistemas y entre generaciones. El tercero, es la presión fiscal que la generación de transición demográfica significa en el corto, mediano y largo plazo.
La principal discusión del presupuesto ocurre durante el Paquete Económico, cuando se definen los montos que se gastarán el siguiente año, en cada programa de gobierno, atendiendo a las metas nacionales.
Del año 2000 al 2016, en promedio se ha aprobado una cantidad menor de la necesaria para cumplir con las obligaciones de pago. De hecho, en los últimos 16 años se han gastado, en promedio 43 mil 340 millones de pesos anuales más de los aprobados para el pago de las pensiones en México -incluyendo todos los subsistemas-; esto representa, en promedio, 0.35% del PIB.
Universidades y estados, poca transparencia
El problema no acaba ahí. De acuerdo con la investigación del CIEP, existen dos sectores que subrayan la falta de transparencia que envuelve el pago de pensiones: los esquemas de pensiones de las universidades y de las entidades federativas.
Por un lado, en las universidades el problema está minimizado e ignorado porque se tiene información solamente de las Universidades Públicas Estatales (UPES). El déficit generado por el pago de pensiones en 28 UPES equivale a 2.0% del PIB. Es decir, si se quieren pagar las pensiones hoy, se necesitarían tres veces el presupuesto de educación superior.
Sobre la situación de los estados, la separación de recursos federales por entidad es reciente y sólo pocos han hecho una segregación importante de recursos para el pago de pensiones. Falta transparencia, principalmente, en Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.
Además, precisó el CIEP, un problema que tiene la educación superior en México es que las pensiones máximas de todos los regímenes de beneficio definido son desiguales.
Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Colima cuenta con un sistema de pensión doble y otorga una cantidad de más de 941 mil pesos al año. Mientras que la mínima corrió a cuenta de la Universidad de Querétaro con sistema doble y de la de Aguascalientes, de sistema complementario, con 100 pesos anuales, cantidad menor a la garantizada en la Ley de Seguridad Social de tres mil pesos.
En suma, el CIEP concluyó que la extrema pulverización de los sistemas de pensiones y el diseño de sistemas ad-hoc han propiciado mucha opacidad y fomentan la desigualdad.
“Idealmente, debería de existir un único esquema para toda la población participante en la economía formal. En el caso del sector público, las desviaciones de este esquema general deberían de ser justificadas y contar con una evaluación de impacto”, precisó el director del CIEP.
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