Medallas de plata y bronce a precios neoliberales / II
Lejos
de iniciar una autocrítica para enmendar lo que no ha funcionado en las
políticas públicas del deporte, las autoridades mexicanas decidieron
darle una evaluación de “consistente” a lo obtenido por la delegación
olímpica que participó en Río de Janeiro, trayendo consigo la austera
cosecha de tres medallas de plata y dos de bronce. Una vez más se ha
buscado aminorar el costo político abonado por el desatino e
irregular manejo de los recursos públicos por parte del titular de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo
Cervantes, para ocultar por añadidura la parte de culpa que le toca
compartir a las autoridades educativas en este nuevo naufragio del
deporte nacional.
Cuestionado en el sentido de si como
titular de la entidad, de la cual depende la Conade, le pediría su
renuncia a Castillo, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño,
señaló que tal decisión debería valorarse, pues “el resultado de México
es consistente con las últimas cinco Olimpiadas. Habrá que tener una
reflexión para que esto mejore”, sentenció lacónico, respaldando el gris
dividendo.
La invocación del consabido y eternizado aquí no ha pasado nada,
por parte de Nuño, refleja el grado de desinterés que el deporte
nacional representa en la configuración de las políticas de Estado, pese
a que estimaciones austeras hablan de que cada presea le costó al país
unos 50 millones de pesos en promedio, si se considera que al Fondo para
el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) le fueron destinados, de 2013 a
2016, un total de 250 millones de pesos; sin dejar de mencionar los 2
mil 800 millones de pesos presupuestados este año a la Conade, ni los
otros tantos miles más asignados en lo que va del sexenio.
Tal y como lo expresamos en nuestra
anterior entrega, el problema de fondo no radica sustancialmente en la
falta de recursos, sino en la forma desarticulada e irresponsable como
se aplican, tanto a nivel federal como en las diversas federaciones,
siempre alejada de la mínima supervisión de la sociedad civil, y donde
los directamente interesados carecen de voz y voto; es decir, son en
apariencia los principales actores pero en realidad aparecen como los
convidados de palo.
Las críticas que tras el nuevo
desencanto han aparecido tienen sólidos fundamentos para ser tomadas en
cuenta, pues demuestran que los responsables del sector no saben operar
en cuestiones que les son francamente desconocidas. Tras la primera
medalla obtenida por el boxeador Misael Rodríguez, la federación de box
anunció en las redes sociales que Castillo debería abstenerse de
“colgarse” de un triunfo al que no contribuyó en nada.
Y en efecto, las cifras no mienten
cuando de poner en su sitio a los directamente responsables de tan
pírricas victorias. De acuerdo con los datos del Fodepar, hubo un trato
por demás desigual para los deportistas de alto rendimiento; por
ejemplo, mientras la ganadora de la medalla de plata en taekwondo, María
del Rosario Espinoza, obtuvo recursos por 3 millones 148 mil 875
pesos, en el periodo comprendido de 2013 a 2016, Misael Rodríguez
apenas fue apoyado en el mismo lapso con 154 mil 53 pesos; es decir, 38
mil 513 pesos anuales, o en números más concretos, 3 mil 200 pesos
mensuales.
Situación parecida enfrentaron los
también medallistas Israel Hernández, el pentatleta ganador del bronce,
quien sólo recibió en cuatro años de entrenamiento 273 mil 108 pesos; o
la marchista Guadalupe González, que fue apoyada únicamente con 295 mil
487 pesos en el mismo periodo. Es por ello válido preguntar: ¿dónde
estaba el titular de la Conade que no se percató de este desigual trato a
los deportistas de alto rendimiento? ¿Cómo es posible que los recursos
públicos se apliquen tan selectivamente y sin verdaderos criterios
deportivos? ¿Acaso Aurelio Nuño nunca se asomó a ver lo que ocurría en
esta área que es parte de la dependencia a su cargo?
Más allá de la comparecencia de Alfredo
Castillo ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, donde
legisladores buscaron sacar raja política de los desatinos del titular
de la Conade, y éste a su vez trató de culpar a las federaciones de
malos manejos de los recursos públicos, proponiendo que en el futuro un
grupo de notables los asignen directamente a los atletas, los
legisladores deben volver los ojos a una reconfiguración de la educación
física, desde el nivel básico como embrión del deporte nacional. Lo
registrado en Río de Janeiro es una abonada muestra del rotundo fracaso
que subsiste transexenalmente en las políticas públicas en materia de
deporte en México.
Si no se atiende de raíz el problema y
reconocemos que somos un país con poca actividad física, sobre todo por
la falta de personal capacitado para desarrollar programas deportivos
-los propios maestros de educación física presentan obesidad-, el asunto
más que obtener una solución tenderá a agravarse, pues es indudable
que además de adolecer de una política deportiva integral, hay una
carencia de ligas deportivas escolares y municipales, y las pocas que
existen son manejadas con fines lucrativos de grupos políticos locales
que rara vez invierten en remediar el mal estado de la infraestructura
deportiva, a la que incluso la propia Conade destina recursos a
cuentagotas.
Es lamentable que a diferencia de otros
países, hasta la fecha no existe en México un sistema de detección,
selección y desarrollo de talentos deportivos a temprana edad. Las
autoridades en turno se resisten a aceptar que las medallas obtenidas no
corresponden a nuestra densidad demográfica ni al tamaño de país que
somos, como tampoco a los cuantiosos recursos asignados a una
desarticulada política deportiva. Quemar en la plaza pública a los
presuntos responsables cada cuatro años, es un paliativo mediático para
no corregir de fondo lo que está mal.
No hay vuelta de hoja en el sentido de
que el deporte mexicano y los deportistas están aprisionados por los
intereses políticos de quienes tienen en sus manos el manejo
institucional del deporte sin la mínima intervención de la sociedad.
Imposible para la tecnocracia en el poder negar que los fracasos
deportivos son el espejo por donde se asoman los también acumulados
fracasos del modelo económico neoliberal.
Prueba de que se insiste en no corregir
el rumbo institucional, es que siendo la Conade uno de los organismos
dependiente de la SEP, la entidad no ha podido diseñar en más de dos
décadas de neoliberalismo una política de Estado que, como sucede en
otras naciones, priorice en los programas educativos el fomento al
deporte; es inconcebible que la impuesta Reforma Educativa no encuentre
en sus retorcidos objetivos uno que atienda el lacerante panorama en que
está empantanada la materia de Educación Física, que no es considerada
en su verdadera importancia ni justa dimensión por las autoridades
escolares, lo mismo que por padres de familia, alumnos y hasta
profesores. El dejar a la deriva a esta área elemental de la educación
derivó, al paso de los años, en un problema de salud pública como lo es
la obesidad en niños y adolescentes.
Por estos repetidos errores se hace
impostergable que la Conade y las actuales mafias que tienen secuestrado
al deporte nacional desaparezcan y se impulse, desde el Congreso, un
modelo intersectorial que tienda a establecer un sistema educativo que
siembre en las nuevas generaciones la raíz de la cultura del deporte,
donde tenga participación la sociedad civil en los programas de
detección, promoción y apoyo a los talentos deportivos del futuro, lo
mismo que en el manejo de los recursos públicos destinados a los atletas
de alto rendimiento. No hacer un viraje total en las erradas políticas
públicas será reeditar en cuatro años los mismos fracasos y las mismas
excusas a que nos tienen acostumbrados los tecnócratas neoliberales.
Martín Esparza Flores
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