Función Pública abrió expediente de hijo de Bartlett desde el 1 de mayo
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que investiga la
adquisición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de
ventiladores con presunto sobreprecio a favor de la empresa Cyber
Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular
de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
A través de un comunicado, su titular
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros –quien padece Covid-19– indicó que
desde el 1 de mayo el Órgano Interno de Control en el IMSS inició la
investigación “en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la
Delegación de esa institución en el estado de Hidalgo”.
La dependencia agregó que durante el fin
de semana “se realizaron ya los primeros requerimientos de información
al IMSS, e incluso, la propia secretaria Sandoval Ballesteros giró un
oficio al director general del Instituto [Zoé Robledo Aburto] para
contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”.
Afirmó que en caso de encontrar
responsabilidades, no sólo se va a castigar a los funcionarios, “sino a
los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo
que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la
colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en
Combate a la Corrupción”.
Sandoval Ballesteros agradeció “las
aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general
que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de
la investigación. Ante el esfuerzo que está realizando el gobierno de
México para hacer más eficaz el gasto público, resulta necesario poner
énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia
sanitaria generada por la Covid-19 sean transparentes y se lleven a cabo
en las mejores condiciones posibles para el Estado”.
El comunicado precisó que durante la
actual contingencia por el coronavirus SARS-CoV-2, para la Función
Pública “es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y
entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética
pública de la cuarta transformación. Asimismo, que el desempeño se
ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez y austeridad republicana”.
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