Iniciativa sobre Ley de Aguas mantiene régimen neoliberal de concesiones
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En septiembre próximo podría dictaminarse la Ley General de Aguas, iniciativa propuesta por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, misma que mantiene el régimen de concesiones a 30 años con prórroga inmediata por el mismo lapso. Este modelo, impuesto desde la administración salinista, ha permitido el acaparamiento del vital líquido en pocas manos
En el Congreso de la Unión se cabildea una iniciativa de la Ley General de Aguas
que pretende continuar con el régimen concesional instaurado en el
periodo neoliberal –durante la administración de Carlos Salinas de
Gortari–, a través de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Se trata de la iniciativa propuesta por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento,
presidida por Feliciano Flores Anguiano, misma que ha sido cuestionada
por sus propios correligionarios porque busca mantener el tiempo de las
concesiones hasta por 30 años y con la capacidad de renovarse por el
mismo lapso; es decir, un concesionario podría mantener su título hasta
por 60 años, como ocurre actualmente.
Francisco López Bárcenas, investigador
del Colegio de San Luis en el programa de Agua y Sociedad, explica que,
hasta antes de la reforma de 1992, las concesiones eran un recurso que
se dedicaba fundamentalmente a satisfacer las necesidades de los
mexicanos, de la industria y del campo en México; sin embargo, desde ese año “muchos vieron en esto un negocio y ése es el motivo por el cual se ha mantenido”.
A ello, también se suma que los
agroindustriales y no los ejidatarios son los más beneficiados en
mantener las concesiones de agua en el país, como ocurre actualmente.
El investigador puntualiza: “según los registros de la Conagua
[Comisión Nacional del Agua] están las actividades agrícolas, pero hay
que decir que es agricultura de exportación, agroindustrial, después la
actividad público-urbana (de la que no se aclara a qué responde), la
industrial (sobre todo la automotriz), servicios, acuacultura,
generación de energía eléctrica por privados, y el doméstico, que es el
que más relación puede tener con el derecho humano al agua”.
Las Estadísticas del agua en México, edición 2018, reportan
105 acuíferos sobreexplotados, de los 653 que hay en el país. Además,
da cuenta que los usos del recurso en el país es: 76 por ciento
agrícola, 4.7 por ciento para la generación de energía eléctrica, 14.4
abastecimiento público y 4.9 industria autoabastecida.
La LAN no ha sido modificada, en desacato desde hace 8 años,
por diversos intereses empresariales que han impedido la creación de la
Ley General de Aguas, añade López Bárcenas. Y es que el 8 de febrero de
2012 se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el que se establece: “toda persona tiene
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de
la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Para ello, en su artículo tercero
transitorio mandata: “el Congreso de la Unión contará con un plazo de
360 días para emitir una Ley General de Aguas”, misma que no ha sido
promulgada.
La propuesta de la comisión encabezada
por el legislador morenista Flores Anguiano, es una de las tres que ya
hay en el poder legislativo y que podría ser dictaminadas en septiembre
próximo.
Alerta de dictamen
Miguel Ángel Montoya, consultor
independiente y cercano a la iniciativa, alerta que al provenir del seno
de una de una la comisiones dictaminadoras –la de Recursos Hidráulicos,
Agua Potable y Saneamiento– de la cámara de origen “es muy probable que
se convierta en la base del futuro dictamen para expedir este nuevo
ordenamiento, mismo que definirá el acceso al agua para el futuro de
varias generaciones de mexicanos”.
Y aunque en la iniciativa se reconocen los abusos en las concesiones,
ésta mantiene la vigencia de la LAN que debe ser reformada. A la letra,
indica: “en México hay una creciente preocupación en torno al
otorgamiento, control y vigilancia de los títulos de concesión y
asignación de agua. Diversos estudios señalan que el volumen extraído es mayor al volumen concesionado o
reportado, lo cual provoca daños graves a los usuarios, a los
ecosistemas hídricos, así como una estructura de corrupción e impunidad
en torno al aprovechamiento ilegal del agua.
“Hay una baja reinversión en la
administración del agua, incluyendo los sistemas de control y
vigilancia. La baja inversión y la distribución presupuestal poco
estratégica, han generado que la Comisión Nacional del Agua no cuente
con el personal o el sistema que le permita fiscalizar, vigilar y
comprobar, que se cumpla con los parámetros de cantidad y calidad
reglamentarios. Se realizan inspecciones solamente en alrededor del dos
por ciento de las concesiones y no se cuenta con mecanismos efectivos
para monitorear lo que sucede en las demás, lo cual ha permitido que los
abusos sean extensivos.
“Esta desafortunada realidad ha generado
un importante consenso en torno a la urgente necesidad de reformar el
sistema de concesiones y alcanzar un estado de derecho en la
administración del agua”, expone.
El especialista en gestión integral del
agua indica que desde la presidencia y secretaría técnica de la Comisión
de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, “se establecieron
acuerdos verticales y cupulares con los grupos del poder económico de
forma tal que se trastocó la esencia y el modelo de gestión propuesto
para que el status quo de la gestión del agua
permanezca intacto, es así que ahora ya como una Iniciativa de Ley las
concesiones podrán seguir durando ahora 30 años, pero ahora con
renovaciones automáticas lo que podrá hacer realidad el viejo anhelo de
la hidrocracia neoliberal: Concesiones inafectables y con vigencia a
perpetuidad, mismas que habían quedado expresadas en los proyectos del
PRIAN de las dos anteriores Legislaturas que se conocieron como Ley Korenfeld y Ley Pichardo que concitaron una enorme polémica y rechazo”.
Además, “se incurrió en el exceso de mandatar el otorgamiento de concesiones de agua ligadas automáticamente a la infraestructura hidroagrícola
a cargo de la Conagua, lo cual opera en beneficio del 5 por ciento de
los agricultores que concentran el 78 por ciento del agua en el campo y,
lo más grave, en favor de los grupos de la delincuencia organizada ligados al narcotráfico;
ya que como se sabe, la infraestructura no sólo es hidráulica o de
riego, sino también de un una amplia red de caminos de que han servido
para el trasiego de drogas y armamento y para movilizar a estos grupos”, expone el experto.
Vigencia del neoliberalismo
La LAN, promulgada en 1992, precisa que
una concesión es el “título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de
‘la Comisión’ o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus
respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de
las aguas nacionales, y de sus bienes inherentes, a las personas
físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de
asignación”.
En tanto, el artículo 24 de la misma
expone: “el término de la concesión o asignación para la explotación,
uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni
mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico
del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y
el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el
aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y
asignaciones, “la Autoridad del Agua” tomará en consideración las
condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos
vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento
de dichos usos”.
Las concesiones, indica, podrán tener prórroga
“hasta por igual término y características del título vigente por el
que se hubieren otorgado”; es decir que un concesionario podría tener
hasta por 60 años el título para la explotación del agua”.
Diego Eduardo del Bosque Villarreal
–secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio
Climático y Recursos Naturales, y uno de los legisladores que se negó a
firmar la iniciativa– comenta en entrevista con Contralínea que
la Ley General de Aguas tiene que servir para llevar a cabo una
justicia hídrica, “para que se pague esa deuda con personas de los
sectores periurbanos que, aún ahora, no tienen acceso a este vital
líquido”.
El diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional reconoce que hay un reducido porcentaje de empresas que controlan el 70 de las aguas
concesionadas, y quienes “tienen cabilderos muy fuertes que estén
queriendo que esta ley sólo le dé una pintadita al esquema de cómo se
reparte el agua en el país y que no se les toquen sus privilegios”.
“Creemos que puede haber concesiones,
pero que se cumplan con instrumentos de planeación a partir de un
consenso con los territorios, de ver cómo se va a utilizar y que no
solamente sirva para beneficiar a unos cuantos”, añade el legislador
originario de Coahuila, una de las entidades con graves problemas de
acceso al agua.
Al respecto, el diputado federal por
Michoacán, Feliciano Flores Anguiano –presidente de la Comisión de
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento– acepta que prevalece la propuesta de mantener las concesiones por 30 años, con capacidad de renovarse por el mismo periodo.
Comenta a Contralínea que “hay diputados que a lo mejor están de acuerdo con la propuesta y habrá otros que no. Vamos a tratar de llegar a un consenso
y si no, no nos queda más que votarlo y sacarlo por mayoría, pero
espero que esas partes, donde hay diferencias, tratemos de llegar a un
punto de equilibrio y salga por consenso”.
Flores Anguiano dice que de no llegar a
un consenso para otorgarlas a 30 años, se pretenderá “llegar a un punto
de equilibrio, 15 o 10 años, o dependiendo, pensando en el futuro, en
cómo va a estar de aquí a 10 o 15, 20 años la situación del agua. A lo
mejor, puede haber varias condiciones para dar las concesiones, como: si
la cuenca va deteriorándose, en ese momento reducir la cantidad de
agua.
“También hay que pensar que si de aquí a
cierta cantidad de años a futuro no hay cierta cantidad deben de haber
ciertas restricciones o también si alguien no hace el uso adecuado de
esa concesión. Hay que ver los temas de la contaminación o el
saneamiento del agua, va a haber varias cosas y en ese sentido, buscar
la manera de llegar a un punto donde coincidamos o acordemos la mayoría,
si no es que todos”, añade.
Respecto de la reducción de años en las
concesiones de agua y la afectación de intereses particulares, el
legislador comenta que los usuarios de riego o las empresas tienen, en
su mayoría, proyectos a largo plazo, y “también dicen pues si no tenemos
la certeza jurídica de X cantidad de años para mi proyecto se me
complica invertir, es cuestión de analizar bien”.
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