Miseria, racismo y abuso padecen millones de indígenas mexicanos
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En México, los pueblos originarios sobreviven en la miseria, sin reconocimiento jurídico como sujetos de derecho por parte del Estado y en un ambiente de racismo generalizado. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas –celebrado este 9 de agosto–, miles reivindican la defensa de sus territorios ante la imposición de megaproyectos
En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las condiciones de no reconocimiento jurídico como sujetos de derecho por parte del Estado mexicano, la marginación y la pobreza extrema prevalecen en México
para más de 25 millones de indígenas. A ello, se suma la imposición de
magaproyectos en sus territorios, bajo el argumento de llevarles
desarrollo a sus regiones. El abuso de autoridad y el racismo son dos de
los principales flagelos que padecen desde la Conquista.
El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, dice a Contralínea
que en el país prevalece una deuda histórica con los pueblos
originarios, en términos de alcanzar una reforma constitucional los
reconozca como sujetos de derecho. Es decir que los pueblos indígenas realmente puedan tener personalidad jurídica
para ser también un actor importante en la gobernabilidad del país, que
sean contemplados dentro de los mismos presupuesto públicos y que ellos
mismos puedan ejercer el derecho a la libre determinación para realizar
sus propias formas de organización social y política.
“La representación política de los
pueblos; obviamente tanto en el Congreso Federal como en el Congreso
Estatal. La posibilidad de que puedan ser nombradas sus autoridades en
asambleas y la asamblea como un órgano de gobierno reconocido por parte
de la Constitución”, expone.
Éste es, dice antropólogo, el techo
jurídico que se requiere para que los pueblos puedan ser, realmente,
parte del cambio que se requiere en nuestro país, “para que no haya ciudadanos de segunda
y tampoco se les discrimine tanto en la forma de ejercer su gobierno,
su representación política y en el ejercicio presupuestal”.
De acuerdo con la más reciente Encuesta intercensal, que data de 2015 y fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país 121 millones de personas y el 21.5 por ciento se considera indígena
de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones. En tanto, el Consejo
Nacional de Población (Conapo) indica que las entidades federativas con
mayor población hablante de lengua indígena son Oaxaca, Yucatán, y
Chiapas, las tres acumulan el 42.6 por ciento del total de hablantes.
El mismo Conapo indica que actualmente hay 68 lenguas con 364 variantes en todo el país; las principales lenguas, debido a la proporción de población hablante son el Náhuatl, Maya y Tzeltal.
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos indica en su artículo 2 que “la nación mexicana es
única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
La diputada Irma Juan Carlos, presidenta
de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, comenta
en entrevista que una primera iniciativa presentada por legisladores de
la comisión es que se reforme el artículo 2, para eliminar la que dice
que “somos gente de interés público y seamos sujetos de derecho público
para que se nos trate como ciudadanos, como cualquier mexicano que tiene
los mismos derechos en el país”.
Y es que la misma Constitución señala:
“las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán
las características de libre determinación y autonomía que mejor
expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada
entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades
indígenas como entidades de interés público”.
Indígena chinanteca, Irma Juan Carlos
añade que es indispensable la consulta antes de que los diferentes
niveles de gobierno deseen implementar medidas legislativas y
administrativas, que puedan ser susceptibles de afectación en los
pueblos indígenas; esto significa que “si el gobierno quiere realizar
alguna acción, proyecto en los territorios de las comunidades indígenas, antes tiene que realizar una consulta con pertinencia cultural, como lo establecen los estándares internacionales”.
Por ello, se ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 2 y al 73, para dar facultades al Congreso de la Unión
y así emitir una ley que estaría regulando estas consultas para que los
pueblos tengan derecho de opinar sobre sus territorios y su desarrollo.
Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, expone que hay dos pendientes importantes en relación con los derechos de los indígenas,
principalmente: la representación política, no sólo a nivel municipal
sino también a nivel de congresos locales y del federal. “Ya hay
posicionamientos jurídicos, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
diciendo que el derecho a la libre determinación de los pueblos se
manifiesta en que ellos se puedan regir de acuerdo con sus propios
sistemas normativos y fuera de los partidos políticos, ahí ya no debería
haber exposición sino una implementación de este tipo.
“El otro tiene que ver con el
reconocimiento de los territorios y los recursos naturales; ahí hay un
debate ideológico sobre si los pueblos indígenas tienen derecho o no a
los recursos naturales y esto deviene de que el artículo 27 dice que las
tierras y aguas son propiedad de la nación, nada más que se hace una
lectura un poco tergiversada de eso; porque sí, son propiedad de la
nación, pero de una nación originaria… Los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos naturales
porque son habitantes originarios de este país. Debería reconocerse la
propiedad sobre ello, lo cuál implicaría que ya no tuvieran que obtener
permisos o que ya no tuvieran que tener concesiones para poder usarlos
legalmente; de hecho, sería al revés: cuando el gobierno tuviera que
hacer obras que son importantes para toda la población, tuviera que
pactar con ellos”, añade.
La imposición de magaproyectos
El doctor Gilberto López y Rivas,
profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), resalta que la población indígena en esta administración,
encabezada por Andrés Manuel López Obrador, continúa con la imposición de megaproyectos
en su territorio, como lo hicieran los gobiernos que le antecedieron.
Destaca el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral
Morelos.
A ello, dice, se suma la presencia de la
Guardia Nacional en las comunidades de los pueblos originarios, con la
presencia de la Guardia Nacional. Esto último, comenta el antropólogo,
contradice la promesa de campaña presidencial de “regresar a los
militares a los cuarteles”.
“Si hay un talón de Aquiles en la
llamada cuarta Transformación, es lo que el Congreso Nacional Indígena y
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han calificado como guerra
contra los pueblos”, expresa el investigador del INAH .
Cuestiona que en el país se haya llevado a cabo la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(Tmec), sin tomar en cuenta el impacto socioeconómico del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “que provocó una rebelión indígena,
y formó parte sustancial de la sentencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP), producto de un proceso de tres años que involucró a
miles de personas de poblaciones afectadas… que trabajaron bajo el
enunciado de libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los
pueblos”.
El antropólogo Abel Barrera añade que los megaproyectos han generado un conflicto al interior de las comunidades
que en lugar de fortalecer su unidad como pueblos, “de afianzar sus
luchas históricas por la defensa del territorio se vulnera ese derecho
porque quedan fragmentados, polarizados y la puesta en marcha de los
megaproyectos tienen que respetar la decisión de los pueblos”.
Juan Carlos Flores Solís, abogado del
Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y
Tlaxcala, y en defensa del Proyecto Integral Morelos, comenta que en
esta región persiste el “afán por seguir defendiendo la vida de las
comunidades”, ante la intención de trazar un gasoducto en esta zona.
El 20 de febrero, tras las denuncias de
lo que dejaría este megaproyecto entre las comunidades, fue asesinado el
campesino campesino indígena náhuatl Samir Flores Soberanes. Tres días
después el presidente presentaría la consulta para llevar a cabo la
central energética.
Flores Solís, también integrante del Congreso Nacional Indígena,
expone “seguimos estando en el mismo juego de los gobiernos, de los
partidos políticos, cuando la alternativa está más en la autonomía de
los pueblos, aterrizar el gobierno en el pueblo, como lo indica el
artículo 39 de la Constitución”.
El texto constitucional dice a la letra:
“la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno”.
En el marco del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, el abogado expresa que no solamente en este día
podemos hablar de la situación “de cómo hemos sido avasallados, de cómo
sigue la discriminación y el despojo, sino también de la propuesta de
gobierno, de autonomía de los pueblos indígenas que es donde está una
ventana a un mundo diferente donde realmente podamos construir otra
forma de vida que nos salve de esta catástrofe. Antes no se hablaba de
que los pueblos tienen que dar permiso, si no se tiene el permiso no se
puede hacer el proyecto”.
Precariedad histórica
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que “la precariedad en las condiciones de vida de la población indígena en México
ha sido sistemáticamente mayor a la de la población no indígena. Las
brechas existentes entre el bienestar de la población indígena y no
indígena en 2018 es similar a las encontradas en 2008”.
En su informe La pobreza en la población indígena de México,
2008 – 2018, publicado en agosto de 2019, enfatiza que este sector del
país “ha presentado históricamente situaciones acentuadas de pobreza y
vulnerabilidad”.
En 2018, precisa el Coneval, el
porcentaje de población indígena en situación de pobreza se situó en el
69.5 por ciento, en contraste con el 39 por ciento de la población no
indígena que se encuentra en esta situación.
Señala que uno de cada cuatro personas indígenas se encuentran en situación de pobreza extrema;
es decir que no cuenta con los ingresos suficientes para consumir una
canasta alimentaria y presenta tres o más carencias sociales. Bajo esta
condición de precariedad vive el 39.4 por ciento en las zonas rurales.
Abel Barrera, director del Centro de
Derechos Humanos Tlachinollan, comenta que pese a los programas que
administra el gobierno federal para el combate a la pobreza, con estos
apoyos no se están resolviendo “problemas añejos relacionados con el
rezago educativo, con la falta de infraestructura hospitalaria, con
empleos no remunerados, con la recuperación de la agricultura de los
productores pequeños.
A ello, se suma que con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus,
pues la pobreza se ha agudizado porque disminuyeron las remesas
provenientes de Estados Unidos, “un gran número de familias depende de
ellas, recibían un monto aproximado de 300 dólares al mes y ya no están
llegando. Los que reciben, pues ya no reciben los 300, serán 100 dólares
o menos porque los hijos no están trabajando de igual modo, tienen
menos ingreso y otros murieron; esto vino a quebrar la economía indígena
todavía más”.
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