UIF bloquea cuentas de líder sindical de la construcción
PERIÓDICO LA JORNADA
Ciudad de México.
 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó un acuerdo de 
bloqueo contra el líder de un sindicato del ramo de la industria de la 
construcción, Hugo "N', que tiene operaciones en varios estados de la 
República Mexicana, así como de seis personas físicas y cuatro empresas 
vinculadas financieramente con dicha persona, a quien se le atribuye la 
comisión de un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos.
Aunque la UIF no identifica al presunto 
responsable, se trata de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación 
Libertad de Trabajadores de México que apartentemente cuenta con más de 2
 millones de agremiados, más de 50 sindicatos nacionales y decenas de 
estatales, señalado reiteradamente en la comisión de diversos ilícitos.
El líder sindical utilizaba al sistema 
financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte 
de sus actividades criminales. Derivado del trabajo de análisis de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, se logró identificar que dicha 
persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a 
las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los 
que se encuentra vinculado.
Posteriormente, mediante la 
participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que 
se encuentran su esposa y dos de sus hijos, realizó retiros en efectivo,
 con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 
millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo aproximado de 15
 millones de pesos.
De igual forma, la UIF, encabezada por 
Santiago Nieto, logró identificar que durante la operación de este grupo
 criminal se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de 
pesos, así como retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales 
destacan 483 millones de pesos en efectivo.
A través de un comunicado, la UIF 
refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del 
sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia 
ilícita que permitan fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, 
brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.
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