La 4T, denunciada en México y ante la CIDH… por la izquierda
Desde el inicio del presente sexenio, señalábamos que no sería la oposición de derecha la que podría poner en jaque el proyecto de la 4T.
Por muy estridente que fuera y por muchos personajes que acaso llegaran
a ser detenidos (algo que no ha ocurrido), la oposición de panistas,
priístas y sus satélites nunca sería de fondo. Con paciencia y destreza
política –que las tiene–, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría ir desplazando del sistema político mexicano a algunos grupos, manteniendo a otros e incorporando algunos más.
Hoy vemos a la cúpula del Partido Acción Nacional
(PAN) criticando hasta el ridículo los zapatos y la “ignorancia” del
presidente, o condenando los más tímidos intentos de meter a la cárcel a
políticos corruptos de sexenios pasados.
Incluso, protestando porque algunos de los negocios de sus agremiados
destacados ya no tienen protección. Haciendo a un lado la estridencia
mediática, a eso se reducen sus importantes críticas.
Nunca veremos a los panistas ni a los priístas oponerse al corazón económico
de la “cuarta transformación”. No estarán en contra nunca de los cinco
megaproyectos en que consiste el pretendido legado de la 4T: 1) el Tren
Maya; 2) el Corredor Interoceánico; 3) un Nuevo Aeropuerto
Internacional; 4) la Refinería Dos Bocas; 5) el Proyecto Integral
Morelos.
Habría que reconocer que López Obrador es la envidia de panistas y priístas porque son éstos los que quisieran haber puesto en marcha y concluido tales megaproyectos.
No es que sean iguales. El actual gobierno cuenta con mayor capital
moral, respaldo social y una política de combate a la corrupción que, si
bien persiste, poco tiene que ver con el desparpajo y el cinismo de los
sexenios anteriores.
Como decíamos, con estridencia y todo,
la oposición política de derecha es sistémica. Se encuentra dentro de
los márgenes del mismo modelo de Estado y de sistema económico.
En contraste, las oposiciones de
izquierda con origen en el movimiento popular son antisistémicas y,
generalmente, anticapitalistas. Algunas de ellas han demandado al gobierno actual ante el Poder Judicial de la Federación y han interpuesto una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Apuntan precisamente a los cinco megaproyectos del sexenio.
Los recursos legales, interpuestos el 7
de agosto por el Concejo Indígena de Gobierno y la Coordinación
Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, irán acompañados de una
resistencia política y social en los lugares donde se llevan a cabo.
Las autoridades demandadas en los
recursos son: el presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos (Andrés Manuel López Obrador); los secretarios de
Comunicaciones y Transportes (Jorge Arganis Díaz), de Hacienda y Crédito
Público (Arturo Herrera Gutiérrez), de la Defensa Nacional (Luis
Cresencio Sandoval González), de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur); los subsecretarios de la
Semarnat de Fomento y Normatividad Ambiental, de Gestión para la
Protección Ambiental y de Planeación y Política Ambiental; el director
de la Comisión Federal de Electricidad (Manuel Bartlett Díaz); el
director general de Petróleos Mexicanos (Octavio Romero Oropeza); el
titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Adelfo Regino
Montes), y el del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Rogelio Jiménez
Pons).
Durante la conferencia virtual realizada
para presentar las acciones legales, efectuada de manera virtual el
pasado 10 de agosto, Pedro Regalado Uc Be, defensor del territorio maya,
advierte que “la vía jurídica no es nuestra gran esperanza.
Lamentablemente es una necesidad recorrerla. Las leyes que están
construidas se hicieron desde una perspectiva y visión occidental y no
miraron formas de convivencia y existencia de los pueblos indígenas”.
Criticó que en el Poder Judicial no hubiera presencia de indígenas
ni jueces que comprendan su lengua. Por ello, la defensa de los
territorios debe ser integral, “de diferentes maneras incluyendo el
camino jurídico, que es accidentado, tortuoso y difícil”.
Víctor Caballero, del Colectivo Aequus:
Promoción y Defensa de Derechos Humanos, informó que la demanda a través
de un amparo indirecto se interpuso ante el Juzgado Decimoquinto de la
Ciudad de México. Se trata de recursos legales integrados por graves
violaciones a derechos humanos en el ejercicio de acciones generadas al
interés difuso colectivo.
Se considera, tanto en la demanda como en la queja ante a CIDH que los megaproyectos violan diversos derechos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otras
disposiciones nacionales e internacionales aplicables y que son
atribuidos de manera integral al Estado mexicano.
Carlos González García, integrante de la
coordinación general del Concejo Indígena de Gobierno, critica que los
cinco megaproyectos hayan sido impuestos –nunca consultados– a las
poblaciones indígenas.
Explicó que el ciclo neoliberal que hundió al país
no ha terminado con el gobierno de López Obrador. Se trata de una nueva
fase. El gobierno federal sigue promoviendo las aristas agudas de la
doctrina, el modelo y las políticas neoliberales. Ha preservado y ha
dado continuidad a las políticas macroeconómicas monetaristas,
austeridad presupuestal, adelgazamiento del Estado y un nuevo impulso a
las políticas de libre comercio que devastaron el aparato productivo del
país y acabaron con las economías campesinas.
El camino de confrontación directa entre el gobierno federal y la izquierda aglutinada en el movimiento social sube de tono… Y todavía no estamos a la mitad del sexenio.
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