Juicio a la Suprema Corte SEPULTÓ EL ESTADO DE DERECHO EN EL CASO DEL SME
*Hace 5 años de que la SCJN Rompió la Legalidad.
*Los Ministros de la Corte son representantes del poder...de la oligarquía en México.
*el 30 de enero del 2018 a las 11 horas, el SME realizará un JUICIO A LA CORTE afuera de la SCJN.
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
y Conductor de Frecuencia Laboral,
Participación en el Programa del 27 de enero del 2018,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, colaboradora voluntaria.
“Uno de los problemas graves de nuestro país
lo han cometido los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN): romper con la legalidad y el estado de derecho en México.
Los responsables son ellos.
En un país de leyes la corte tiene una
función que es el equilibrio entre los poderes legislativo y el poder
ejecutivo. Sin embargo, hoy las decisiones del ejecutivo son las que
imperan en todo el territorio nacional. Por eso vemos este tipo de actos
como lo que está sucediendo en Michoacán y que se está replicando en
todos los estados del país, que resuelven las protestas sociales contra
las injusticias, a través del uso de la fuerza pública, sin respetar con
un procedimiento como establece la propia ley.
El tema de la corte, no nada más el caso del
SME, sino todos los casos que hemos venido tocando aquí en el programa,
nos permite observar qué es lo que está pasando con estos ministros. Ya
lo dijimos en otros programas anteriores. Son ministros que no los pone
el pueblo, sino llegan a propuesta del ejecutivo, los ratifica el Senado
de la república. Entonces hoy vemos una corte que está compuesta por
representantes del poder, de los partidos políticos, incluso, de la
oligarquía en México.
En el caso del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) es un tema para analizarse, incluso varios
estudiantes de derecho han hecho tesis sobre las resoluciones que
emitió la corte a partir del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza
del Centro.
Recordaremos todos en este espacio que en
octubre del 2009 ordenaron desde la Secretaría de Gobernación tomar por
la noche, por asalto armado y militar, instalaciones de Luz y Fuerza del
Centro, que era un organismo público descentralizado creado a partir de
una iniciativa de ley que mandó el ejecutivo federal, en este caso
Salinas de Gortari, en 1989. En la Cámara de Diputados, legislaron los
diputados para modificar la Ley de Servicio P úblico de Energía
Eléctrica, en su artículo cuarto transitorio. Se apruebó la modificación
donde quitaron aquellas compañías que estaban en liquidación y se dio
paso a la creación de un nuevo organismo.
En el Senado de la República también
aprobaron esa modificación a la ley. Entonces una vez que el congreso
legisló, ordenó en términos de la Constitución al ejecutivo nacional a
crear este organismo público descentralizado, para atender la zona
central del país. Así se creó Luz y Fuerza del Centro como un organismo
público descentralizado, con una junta de gobierno donde estaba la
titular del sector como presidente, en donde el sindicato tenía tres
miembros consejeros, también participaba la función pública, la misma
Comisión Federal de Electricidad, Desarrollo Social y todas las
dependencias que atendían esa actividad que era exclusiva del estado
mexicano.
Una vez que se constituyó la legislación, la
ley respectiva señala que para poder acabar con un organismo de esta
naturaleza tenía que haberse realizado el mismo procedimiento como fue
creado. Entonces, para poder extinguir a Luz y Fuerza del Centro, el
ejecutivo debió de haber mandado una iniciativa de ley al congreso, pero
todo fue a través de la fuerza armada y militar.
Dos horas después de que ocuparon los
centros de trabajo, se publicó ese famoso e ilegal decreto de extinción y
los argumentos del ejecutivo fueron que se extinguía Luz y Fuerza del
Centro por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Son elementos que
prevé la Ley Federal del Trabajo, pero que en este caso no eran
aplicables.
Lo que hicimos nosotros, de inmediato, fue
atacar el decreto a través de un amparo. Ese amparo abogados como Don
Néstor de Buen -, paz descanse- también Raúl Carranca de Rivas, estuvo
el doctor Roberto Terrazas -quién es académico de la máxima casa de
estudios- todos estos abogados interpusieron el amparo y lo admitió la
Suprema Corte.
Una juez de primera instancia, Guillermina
Coutiño resolvió diciendo que el decreto era constitucional, pero que
dejaba salvaguardados los derechos de los trabajadores. Nos fuimos al
recurso de revisión y la corte ratificó lo que ya había dicho la juez de
que efectivamente el presidente tenía facultades para extinguir los
organismos públicos descentralizado, e igualmente volvió a dejar a
salvo los derechos de los trabajadores.
Ahí la corte pudo haber resuelto el tema de
constitucionalidad y también el tema de legalidad que era la afectación
de los propios trabajadores. Sin embargo, su estrategia de ellos era que
se alargara el proceso para disminuir todo el descontento social de las
protestas de los trabajadores, dado que en ese momento se recibió el
apoyo de gran parte de los ciudadanos de este país.
Una vez que el caso se fue a la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje prácticamente en esa instancia se ratificó
lo que ya había dicho la corte. En el decreto se nombró al Sistema de
Enajenación y Administración de Bienes (SAE) como responsable para la
liquidación de la empresa. Ahí el SAE demandó ante la junta Federal al
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los trabajadores la
terminación de las relaciones individuales y colectivas con la empresa
Luz y Fuerza . Entonces la junta resolvió y señaló que efectivamente con
la sentencia de la corte se termina todo.
Nos amparamos ante esa decisión de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje, en agosto de 2010, se fue al
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en material laboral y ahí duró
casi dos años.
Hubo otros amparos, en total se acumularon 5
amparos entre trabajadores que se mantuvieron firme y otros que se
habían liquidado. Pero ahí quienes teníamos todo el estatus legal para
poder defender los derechos de los trabajadores fue el Comité Ejecutivo
del SME.
En ese lapso de los dos años que estuvo el
amparo en este tribunal también hubo recursos de atracción interpuestos
por la Procuraduría General de la República (PGR), cuyas autoridades le
solicitaban a la corte que atrajera el amparo y lo resolviera de fondo.
Efectivamente, se fue el expediente a la Suprema Cortee, se fue a la
segunda sala y resolvío que no había elementos de inconstitucionalidad
que estableciera el propio amparo.
También se pronunció sobre los elementos de
constitucionalidad y señaló que por tanto el Tribunal Colegiado de
Circuito en materia laboral, tenía toda la facultad para resolver el
fondo y que, posteriormente, le regresara el amparo. Ahí fue la segunda
ocasión que la corte se pronunció.
Los tres magistrados resolvieron el fondo de
los amparos. Al final dijeron de manera muy clarita, en todo lo que es
la sentencia, que el ejecutivo federal argumentó que era caso fortuito y
causa de fuerza mayor y explican perfectamente cuales son los casos
fortuitos.
Dice que los casos fortuitos ocurren cuando
hay decisiones por encima de las propias personas. En este caso no era
fortuito porque quien tomó la decisión fue el ejecutivo, dice que las
decisiones del ejecutivo no pueden ser fortuitas. La extinción de Luz y
Fuerza tampoco se debió a una causa de fuerza mayor, dice la resolución,
porque la fuerza mayor es algo más fuerte que las personas o que viene
de la naturaleza, como un terremoto o un tsunami, si se acaba la empresa
¿a quién le reclamas?. Lo explica perfectamente en la sentencia y vale
la pena leerlo.
Lo que sí establecen ahí son las serie de
declaraciones que hicieron funcionarios como Javier Lozano Alarcón y
otros funcionarios como Georgina Kezel, el mismo secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont, diciendo todo el tiempo que Luz y
Fuerza del Centro tenía un pasivo laboral de miles de millones de pesos,
que había pérdidas incalculables. Todos fueron argumentando, incluyendo
los medios de comunicación, que era un problema de carácter económico.
Al final, explicaron los magistrados que las autoridades trataban de
justificar su decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro,
argumentando problemas económicos. Pero si el problema era económico
debieron de haber demandado un conflicto de naturaleza económica, lo
cual no hicieron, pero además sus tiempos se les pasaron.
Finalmente resolvió la corte, determinando
que el decreto es constitucional, que ya no existía Luz y Fuerza del
Centro, pero todos los bienes se transfirieron a la empresa Comisión
Federal de Electricidad. El razonamiento en términos legales dice que
aunque cambien las empresas de un nombre, pero controla los mismos
bienes que tenía otra y es para la misma actividad económica, la nueva
empresa asume la responsabilidad con los trabajadores y así lo condena.
Por tanto Comisión Federal de Electricidad, que recibió los bienes de
Luz y Fuerza, debió de ejercer la figura de patrón sustituto.
Así resolvió: le indica a la Junta Federal de
Conciliación y emitió un nuevo laudo con todos estos puntos que están
establecidos aquí en esta sentencia. Así pasó. Salió la sentencia del
tribunal. El mismo SAE volvió a meter otro recurso de revisión, la corte
lo admitió y emitió resulución el 30 de enero del 2013, pero apenas un
día antes resolvió admitirlo para su estudio. Lo turnaron a una sala, yo
me entrevisté con los ministros de la corte que iban a resolver. Dos
dijeron que iban a votar en términos de legalidad, en términos de
constitucionalidad. Incluso hay un ministro, Alberto Pérez Dayan, que
fue trabajador de Luz y Fuerza del Centro por casi 17 años, su padre es
jubilado de Luz y Fuerza.
Lo más relevante fue el decreto de extinción y
el golpe a 44000 trabajadores, para echarlos a la calle y también
afectar a empleos indirectos.
Ahí la Corte resolvió y dijo que los
magistrados del Tribunal se excedieron, porque -sostuvo- se tocaron
temas de constitucionalidad. Luego Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez
Cordero dijeron que los trabajadores están pidiendo que el presidente de
la república sea su patrón sustituto y eso no puede ser.
Así echaron para atrás el amparo y prácticamente
sepultan la legalidad del estado de derecho para los trabajadores.
Porque a partir de sus razonamientos han venido echando para atrás todos
los juicios de amparo que han promovido trabajadores de otros sectores
como los trabajadores de la educación, el caso de los mineros y una
infinidad de asuntos que le han llegado a la corte, que tienen que ver
con los derechos de los trabajadores. Estos ministros de la corte se han
encargado de sepultar la legalidad y el estado de derecho en México.
Por esa razón el 30 de enero del 2018 el
Sindicato Mexicano de Electricistas, está convocando a una concentración
afuera de las oficinas centrales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacióna, ubicadas en la calle Pino Suáres No. 2, colonia Centro, en el
Zócalo de la Ciudad de México, en donde realizará un JUICIO A LA CORTE
”.
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