La injusta y costosa Tremenda Corte
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30 de enero se
cumplen 5 años de la inverosímil sentencia con que los ministros
integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación revocaron el amparo concedido a favor del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), por los magistrado del Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito en Materia Laboral, el 13 de septiembre de 2012, que
ordenaba al gobierno de Felipe Calderón asumir su obligación como patrón
sustituto, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para
devolver su empleo a 16 mil 599 trabajadores en resistencia.
El perverso fallo emitido el 30 de enero
de 2013 quedó registrado en los anales de la jurisprudencia como una de
las peores bajezas cometidas en el seno del máximo tribunal, y demostró
que en nuestro país el respeto al marco constitucional y al estado de
derecho no existen; siendo una irrealidad la autonomía de un Poder
Judicial supeditado a los designios del Ejecutivo.
Hasta la fecha, no hay un solo jurista que, en su sano juicio, se atreva a meter las manos al fuego
en la argumentación presentada por los ministros Sergio Valls, Fernando
Franco, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez, para
justificar tal desaseo jurídico. Debemos recordar que estos personajes
tuvieron la desfachatez de asegurar que “los organismos descentralizados
no forman parte del Poder Ejecutivo”, razón por la cual al extinguirse
Luz y Fuerza del Centro, el expresidente Calderón no era responsable,
mediante la Comisión Federal, de asumirse como patrón sustituto, según
el torcido criterio de los integrantes de la Segunda Sala.
Refresquemos la memoria a la opinión
pública del atropello cometido entonces por quienes juramentaron hacer
cumplir la Constitución, pues entre otras tantas aberraciones aseguraron
que no existía una subordinación entre las paraestatales y el
presidente, y aún cuando la propia Constitución en su Artículo 90 marca
las funciones del Ejecutivo, los integrantes de la Tremenda Corte
establecieron que esto “no implica que las entidades paraestatales
formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades
no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden
administrativo relacionado con las atribuciones del Ejecutivo federal”.
Por mera curiosidad cabe preguntar a los
responsables de este latrocinio jurídico quién designa a los directores
de Petróleos Mexicanos y de la CFE. ¿No es acaso el presidente de la
República? ¿Desde cuándo los titulares de las paraestatales –hoy
empresas productivas del Estado– se nombran y mandan solos?
La lista de atropellos cometidos por los
integrantes de la Corte a los intereses del pueblo de México y de la
clase trabajadora son numerosos y gran parte de los problemas económicos
que actualmente aquejan a millones de mexicanos recaen en la
complicidad de los ministros a favor de una política neoliberal que ha
favorecido al gran capital nacional y extranjero, olvidando el sentido
estricto de la aplicación de la justicia a favor de las mayorías.
Los efectos devastadores de las reformas
laboral y energética pudieron evitarse, o al menos aminorarse, si los
miembros de la Suprema Corte hubieran valorado los 3 millones de amparos
que se presentaron para frenar a la primera y los 5 millones de firmas
para someter a una consulta nacional a la segunda.
No está de más recordar que los altos
magistrados no pueden ser los garantes de la puntual aplicación de las
leyes que emanan de nuestra Constitución porque sus cargos son
propuestos y apoyados desde los mecanismos del poder público. Mientras
sea el presidente de la República quien designe a los aspirantes a la
Corte para ser ratificados –en mero trámite– por el Senado, la autonomía
de este órgano de justicia existirá sólo en la teoría.
Los 11 ministros han terminado coptados
por toda una serie de privilegios que los hace estar en deuda con la
clase política que los ha colocado en su exclusiva zona de confort,
desde la cual se autoasignan lo que les viene en gana para su beneficio
personal. Por ejemplo, a pesar de que la reforma constitucional de 2009
estableció que ningún servidor público debe ganar más que el presidente
de la República, los encargados de hacer cumplir la ley han hecho caso
omiso de la misma y cobran sueldos mensuales promedio de 350 mil pesos.
En diciembre pasado, por concepto de
aguinaldos, prima vacacional de fin de año y bono de riesgo cada
ministro se llevó alrededor de 1 millón de pesos para redondear sus
ingresos anuales en 6 millones 700 mil pesos, en promedio. Ni en 100
años un obrero de salario mínimo podría ganar tal cantidad. Eso sí, como
una más de sus canonjías, los miembros de la Corte se aseguran de
ribete un retiro digno: su pensión mensual asciende a 258 mil pesos al
mes.
El pueblo de México está pagando caro por
tener un alto tribunal que no defiende sus intereses. Citemos otra de
las tantas anomalías cometidas contra los ciudadanos y, en particular, a
los usuarios de la energía eléctrica a quienes los ministros les
negaron el derecho a ampararse por los altos y arbitrarios cobros de la
CFE, al ponerles como condición “primero pagar” para tramitar un amparo.
Pero no conformes con no aplicar la ley
en la defensa de los que menos tienen, algunos exmiembros de la Corte
que en su momento fueron tapaderas y cómplices de las pillerías
cometidas por el expresidente Felipe Calderón ahora son “candidateados”
para formar parte de probables gabinetes en caso de que partidos como
Movimiento de Regeneración Nacional ganen la elección presidencial.
Tal es el caso de la exministra Olga
Sánchez Cordero, aspirante a secretaria de Gobernación; misma que al
igual que sus excompañeros ignoró los reclamos de la ciudadanía y se
negó a hacer justicia a los trabajadores.
En este año electoral en que muchos
personajes como Sánchez Cordero ya se frotan las manos buscando
recuperar y acrecentar sus canonjías, es necesario hacer un recuento de
su paso por el máximo tribunal del país, para demostrar que no le asiste
calidad moral alguna para pedir el voto de aquellos a quienes afectaron
con sus manipuladas y tendenciosas decisiones.
De cara a los comicios, los electores
deben preguntarse si vale la pena otorgar su sufragio por esos senadores
y sus partidos que siguen avalando que 11 selectos y exquisitos
ministros vivan como reyes contribuyendo con sus fallos a acrecentar la
pobreza y desigualdad del país.
Martín Esparza Flores*
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]
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