Cómo salir de la crisis de Covid-19 por la vía de la descarbonización
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*Catedrático de organización industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, en la española Universidad Pontificia Comillas. Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation
Fuente
Madrid,
 España (Inter Press Service). La crisis de Covid-19 no ayudará 
demasiado al ambiente ni a paliar el cambio climático: la reducción de 
emisiones es insignificante (en parte por su carácter no permanente) 
comparada con lo que realmente tenemos que hacer para mantener el 
calentamiento global en niveles aceptables.

Además, debemos tener cuidado con cómo 
salimos de la crisis. Algunos elementos pueden contribuir a que no lo 
hagamos en la dirección correcta.
Factores que incitan a tomar el mal camino
Los precios del petróleo han bajado a 
niveles ridículos: no hay demanda y tampoco hay ya lugar para 
almacenarlo. Estas condiciones debilitan la motivación para sustituirlo 
por combustibles más sostenibles.
Los precios del dióxido de carbono ( 
CO?) también bajaron mucho por el parón económico. Al igual que en el 
caso del petróleo, es una tendencia normal: al bajar la actividad 
económica, se reducen las emisiones. Por tanto, también disminuye la 
necesidad de disponer de permisos para emitir.
Sin embargo, en este caso hay un sistema de almacenamiento incorporado al mercado europeo de emisiones: el banking.
 Existe la posibilidad de guardar permisos (o de comprarlos ahora) para 
utilizarlos luego, cuando sean más caros. Esto, que algunos podrían 
considerar especulación indeseable, es muy positivo. Permite estabilizar
 el precio de los permisos y reducir el costo de alcanzar un determinado
 nivel de contaminación.
Al comprar permisos ahora, sube el 
precio del CO?. En el futuro, cuando (ojalá) la actividad económica se 
recupere, el precio de emitir será inferior al que hubiera habido sin banking. La cantidad emitida será la misma, pero el coste y, por tanto, el impacto económico, será menor. El banking ya se ha puesto en marcha, y por eso los precios se han recuperado hasta niveles cercanos a los que había antes de la crisis.
Por último, existe la tentación de 
primar la recuperación económica y postergar o incluso dejar sin efecto 
temporalmente medidas ambientales por sus posibles consecuencias 
negativas a corto plazo para la economía. Algunas de las propuestas del 
presidente estadunidense Donald Trump, por ejemplo, parecen ir en esta 
dirección. Este riesgo es aún mayor dada la amenaza de que los 
populismos y nacionalismos crezcan con la crisis.
Entender la crisis como una oportunidad
En estas condiciones, ha surgido un 
debate muy apropiado sobre cómo convertir esta crisis en una 
oportunidad. Dirigiendo correctamente los flujos de dinero que se van a 
movilizar para recuperar la actividad, es posible crear una economía más
 sostenible.
No es una cuestión sencilla. Igual que 
muchos tratan de defender el status quo con la excusa de la recuperación
 económica (aerolíneas, compañías petrolíferas, etc.), existe el riesgo 
de enfocar mal esta oportunidad. Puede convertirse simplemente en una 
extracción de rentas públicas que beneficie a algunos agentes con 
negocios verdes a costa del consumidor o contribuyente. De esta forma, 
no se promovería un cambio de modelo económico hacia uno menos 
consumista y más sostenible. Por eso es importante que este debate sea 
serio y riguroso.
Cómo usar los fondos de ayuda y reconstrucción
Para canalizar correctamente las ayudas 
públicas, podrían distinguirse dos fases: una enfocada a evitar el 
hundimiento de la economía y otra en la que comenzamos a reconstruir.
En la primera fase no debería haber 
muchas restricciones previas. Lo importante es que el dinero llegue lo 
antes posible a quienes lo necesitan: las familias y las empresas. Esto 
no significa que nos debamos lavar las manos acerca de cómo se usa ese 
dinero: tenemos que tratar de evitar que se utilice para los fines 
equivocados.
Por ejemplo, se podrían pedir 
contrapartidas a las empresas que lo reciban: pedirles a cambio una 
estrategia de futuro alineada o compatible con la descarbonización.
Ahora bien, hay que tener cuidado con no
 pedir imposibles. Sería poco realista, por ejemplo, pensar que debemos 
salvar a las aerolíneas sólo si se comprometen a reducir sus emisiones 
de hoy para mañana. Esto es técnicamente imposible. Tampoco parece tener
 mucho sentido invertir dinero público en salvar industrias a las que no
 queda mucho tiempo de vida en su configuración actual.
Pero hay sectores donde la 
condicionalidad de las ayudas puede ser muy efectiva. Un ejemplo es el 
sector turístico en España, con mucho potencial para descarbonizarse
 y hacerse más resiliente con las inversiones necesarias. O el sector de
 la automoción, que debe evolucionar hacia un paradigma eléctrico.
En esta primera fase podríamos 
aprovechar también la bajada en los precios de los combustibles o el CO?
 para, aunque parezca contraintuitivo, introducir esa fiscalidad 
ambiental que llevamos tanto tiempo esperando. Esto evitaría que 
volviéramos a consumir más petróleo o más carbón.
Por un lado, la bajada de precios crea 
margen para introducir impuestos sin que los consumidores o empresas 
noten el golpe. Por otro, permite obtener ingresos públicos en lugar de 
enviar las rentas a los países productores de combustibles fósiles.
Finalmente, en los casos en los que el 
dinero público (como el del Banco Central Europeo) se dirige a comprar 
deuda pública, se podría exigir que, cuando esa deuda se utilice para 
inversión, lo haga con criterios sostenibles. Por ejemplo, Peter 
Sweatman y Brook Riley animan al Banco Central Europeo a que use parte 
de sus fondos para comprar deuda del Banco Europeo de Inversiones. Este,
 en línea con el Green Deal, ha establecido criterios ambientalmente 
exigentes para su financiación.
Segunda fase: ¿en qué sectores invertimos?
Cuando pase la crisis sanitaria, puede 
comenzar la fase de estímulo de la economía. En esta etapa, si de verdad
 queremos avanzar hacia una economía sostenible, debemos asegurarnos de 
que financiamos inversiones y no gastos. Y que las inversiones van 
dirigidas no solamente al capital físico, sino también al capital 
humano.
A estas alturas, hemos aprendido algunas
 lecciones: tenemos que invertir más en salud pública y en tecnologías 
de la comunicación para que nadie se quede atrás. Todo ello con 
criterios de sostenibilidad ambiental y social, no sólo económica.
También tendremos que invertir para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y descarbonizar el sector energético. Además, cuando invertimos en eficiencia o renovables no sólo ayudamos a la descarbonización, sino que, por su propia definición, creamos valor añadido y reducimos el gasto, algo muy deseable.
La cuestión es si debemos priorizar 
todas las inversiones hacia el sector energético y la lucha contra el 
cambio climático. La salud y la educación también son muy importantes, 
aunque no se gane dinero. Incluso las infraestructuras, si contribuyen a
 una mayor sostenibilidad (por ejemplo, con un urbanismo más amable). 
Aquí hace falta una discusión pública sosegada. Sólo bien informados y 
no contaminados por intereses económicos ajenos es posible establecer 
prioridades.
Además, si el objetivo es levantar de 
nuevo la economía nacional, no basta con apoyar económicamente para 
invertir en equipos renovables o de eficiencia. Puede que éstos no se 
produzcan en España y que no contribuyan lo necesario a la creación de 
empleo, de renta, de competitividad y de conocimiento. Para levantar 
realmente la economía nacional hace falta invertir con inteligencia en 
aquellos sectores en los que somos competitivos y que, por tanto, 
generan renta nacional. Y también en los que podemos serlo.
Por ejemplo, según este reciente 
estudio, España parece tener potencial para ser competitiva en 
tecnologías verdes, por el tipo de productos que ya exporta. Pero 
también puede serlo en otro sectores como el biosanitario, o en la 
educación.
Una política industrial inteligente
La política industrial inteligente debe 
jugar un papel fundamental. Como bien nos recuerda Rodrik, es 
fundamental para lograr un crecimiento verde y sostenible (porque las 
numerosas externalidades asociadas hacen imposible que se produzca 
solo).
Además, al contrario que otras políticas
 cuyo único objetivo es el proteccionismo, esta tiene beneficios 
globales. Sus características esenciales son:
-Que haya instituciones que permitan la colaboración entre el Estado y los agentes privados.
-Que las ayudas estén condicionadas al buen rendimiento y no sujetas al capitalismo de amiguetes… y por tanto sean evaluadas rigurosamente.
-Que haya transparencia y rendición de cuentas.
La necesidad de inversión pública 
también puede ser una oportunidad para integrar alguna de las ideas de 
Mazzucato: que el Estado no sólo entregue fondos, sino que se convierta 
en socio de las inversiones para beneficiarse también si las cosas van 
bien (y no sólo pague si van mal).
Eso sí, como los fondos públicos son 
limitados, habría que crear las condiciones para que el sector privado 
también ayude a la recuperación en la dirección deseada. Para eso 
necesitamos marcos claros que den señales adecuadas y estables. En el 
caso energético-ambiental, el marco ya está listo, en parte: el Green 
Deal europeo y los planes nacionales de energía y clima. Pero aún faltan
 las señales claras y esa política industrial inteligente.
En todo caso, para avanzar en esta 
dirección no hacen falta cambios revolucionarios. De hecho, ponernos a 
discutir sobre esas revoluciones puede hacernos perder mucho tiempo. En 
lo que se refiere a la inversión energética sostenible, ya contamos con 
muchos de los instrumentos necesarios. Sólo necesitamos la voluntad 
política para implantarlos.
Pedro Linares**Catedrático de organización industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, en la española Universidad Pontificia Comillas. Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation
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