EL ACUERDO DE LA SENER DEBE ELEVARSE A RANGO DE LEY.

La airada respuesta que provocó por parte de grupos empresariales e inversionistas extranjeros el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), publicado el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), según los lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía, y que determinó por circunstancias de la pandemia, la suspensión de las pruebas operativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas, previas a su operación comercial,  ubicó en la agenda de los temas nacionales la necesidad de recuperar el control del sector energético, cuyo desmantelamiento inició en el gobierno de Carlos Salinas y culminó con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.

Con la llegada al poder de los gobiernos panistas, las empresas privadas, sobre todo trasnacionales, terminaron por apoderarse del 50 por ciento de la generación de energía eléctrica en el país, obteniendo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, los contratos “leoninos” a que se refirió en su conferencia de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, con los que se obligó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a comprarles su electricidad a costa de subutilizar su capacidad instalada.

Por tan desventajosos acuerdos el país deberá pagarles todavía en la próxima década un promedio de un billón de pesos, de acuerdo a los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública del 2009. Se entiende el por qué su manifiesta inconformidad por el temor a ser desplazados del rentable y cómodo negocio.

En su afán privatizador, los gobiernos neoliberales buscaron por todos los medios aniquilar al sector eléctrico nacional, que al país le llevó décadas levantar, para ir preparando el terreno a la Reforma Energética aprobada en el pasado sexenio y que pretendía entregar todo el control de Pemex y la CFE al capital privado.

El narcogobierno de Felipe Calderón, se encargó de contribuir al proceso de privatización con el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad, al autorizar más concesiones a los productores independientes de energía y desaparecer a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, que operaba la infraestructura eléctrica en la zona centro del país y atendía a un promedio de seis millones de usuarios.

Si México desea apalancar su desarrollo económico, sobre todo en la difícil situación que se avecina tras los efectos del Covid-19, debe garantizar el abasto seguro y a un precio justo de la electricidad. Y para ello, es razonable elevar a ley y rango constitucional el acuerdo de la CENACE, con el voto mayoritario en el Congreso de la Unión de los legisladores de Morena, que implique una renacionalización de la industria eléctrica en su conjunto.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), está listo para acudir al llamado que recobre el sentido nacionalista de nuestro sector energético, como ocurrió en los gobiernos del General Lázaro Cárdenas y del presidente Adolfo López Mateos, y a la recuperación de la empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, para devolver su empleo a los electricistas que fueron expulsados a punta de metralleta de sus centros de trabajo, por el narcogobierno de Calderón, en la madrugada del 11 de octubre del 2009.

Y coincidimos con la postura presidencial en el sentido de que quienes instauran demandas mejor deberían pedir disculpas a la nación y al pueblo de México, que terminó pagando tarifas eléctricas más caras incluso que las de Estados Unidos.

C. Martín Esparza Flores

Secretario General

Sindicato Mexicano de Electricistas