El negocio de la ciencia
Primera
parte. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue
contundente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortará el 75
por ciento del presupuesto para gastos de operación y eliminará
fideicomisos que nutrían de recursos sin control a los centros de
investigación del país.
En nota de Aseneth Hernández –publicada en la página de Contralínea–,
el primer mandatario afirmó que se van a seguir entregando becas a los
investigadores y a las escuelas de manera directa, pero ya no habrá
intermediarios “porque por eso pueden incurrir en actos de corrupción”.
Mucha razón tiene el jefe del Ejecutivo
del uso discrecional de dinero público que hacían varios investigadores y
científicos con dichos fideicomisos y fondos sectoriales, quienes
habían creado empresas privadas para darse contratos ellos mismos y
gastar millones de pesos sin control alguno, con sueldos elevados,
viáticos y contratos a modo.
En el Conacyt hay 56 fondos sectoriales
(fideicomisos) que, junto con alguna secretaría de Estado o dependencia
de gobierno, destinan recursos para la investigación científica y el
desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el Fondo Semarnat-Conacyt
administra recursos para la investigación en materia ambiental, mientras
que el Fondo Inmujeres-Conacyt dedica recursos para investigar
problemáticas y necesidades de mujeres.
De acuerdo con el libro blanco CONACYT-Secretaría-Sustentabilidad-Energética,
otra de estas figuras es el Fondo Sectorial Sener-Conacyt, que surgió
con el objetivo de “impulsar la investigación científica y tecnológica
aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo
tecnológico en materia de fuentes renovables de energía, eficiencia
energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes
primarias de energía”.
En 2013, a principios del gobierno de
Enrique Peña Nieto y a raíz de la reforma energética, el objetivo del
Fondo Sener-Conacyt se modificó: el amplio significado de la palabra
“impulsar” se redujo al de “financiar”, y se agregaron otros objetivos,
como “el registro nacional o internacional de propiedad intelectual,
formación de recursos humanos especializados, becas, creación,
fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación
científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura que
requiera el sector energía”.
Así, el objetivo de dicho Fondo tuvo
entonces un cambio de paradigma, es decir, de estar centrado en la
ciencia y la tecnología pasó a centrarse en los científicos y
tecnólogos. Por supuesto, un cambio semejante no podía quedarse en el
plano puramente filosófico, sino que pegaría con todo sobre distintas
cuestiones prácticas: la primera y más obvia fue sobre las reglas de
operación de este fondo.
A diferencia de otros que no fueron
afectados por la reforma energética y donde se prohibía explícitamente
financiar “honorarios, sueldos, salarios o cualquier forma de pago para
personal adscrito a las instituciones o empresas participantes”, las
nuevas reglas de operación del Fondo Sener-Conacyt consideran como un
rubro financiable los “recursos humanos”; es decir, “el costo de las
horas-hombre directamente relacionadas con el desarrollo del proyecto…
También el apoyo económico para los investigadores, expertos, tecnólogos
y profesionistas asociados, incorporados al desarrollo del proyecto…
que no estén adscritos a alguna institución o empresa”.
En otras palabras, gracias a este cambio
en las reglas, los científicos participantes dentro de algún proyecto
de investigación financiado por este Fondo podrían cobrar honorarios
como investigadores, además de lo que ya recibían de sus centros de
investigación.
Aquí cabe aclarar que no todos los
investigadores cobran estos honorarios; sin embargo, es difícil saber
cómo se reparten estos dineros entre los participantes, pues existe una
fuerte oposición a transparentar el gasto por parte de los coordinadores
del Fondo.
Lo que sí se sabe, es que uno de los
proyectos apoyados es el Cemie-Bio: Cluster Biocombustibles Gaseosos,
encabezado por el doctor Elías Razo Flores, del IPICYT (Instituto
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica), que gastó en las
cinco etapas que hasta ahora lleva el proyecto 13 millones 613 mil 319
pesos en el rubro supuesto de “recursos humanos”, y que otro proyecto
del mismo Cemie Bio (pero esta vez el Cluster es encabezado por el
doctor David Ríos Jara) lleva gastado –en cuatro de las ocho etapas que
dura el proyecto– 27 millones 116 mil 157 pesos, supuestamente también
en “recursos humanos”.
Cabe aclarar que no todos los fondos
cuentan con presupuestos millonarios y que, por tanto, no todas las
líneas de investigación en el país reciben el mismo apoyo de Conacyt.
Por ejemplo, mientras que en 2019 el Fondo Sep-Conacyt destinó 743
millones de pesos para financiar 488 proyectos de ciencia básica –es
decir, en promedio 1.5 millones de pesos por proyecto–, sólo el monto
total del proyecto encabezado por el doctor Ríos Jara recibió 380
millones 795 mil 788 pesos (el 51 por ciento del total), de los cuales
se tiene programado gastar “65 millones 115 mil 687 pesos en recursos
humanos” y “10 millones 71 mil 795 pesos en pasajes y viáticos”.
La razón de esta enorme disparidad en
los presupuestos tiene su origen en la Ley Federal de Derechos, que es
su artículo 245 bis establece que “Pemex Exploración y Producción estará
obligado al pago anual del derecho para la investigación científica y
tecnológica en materia de energía, aplicando la tasa del 0.65 por ciento
al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año”.
Con la reforma a la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún
servidor público puede obtener una remuneración mayor a la establecida
para el presidente de la República, era de esperarse que algunos
investigadores, cuyo salario rebasaba esta barrera, aprovecharan la
confusión de la reforma energética para defender sus privilegios.
Por ejemplo, en entrevista con el periódico La Jornada,
el doctor José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias e Investigador titular “C” del IPICYT, declaro?: “son muy
preocupantes las decisiones que se están tomando en materia de ciencia
[…]. Esta comunidad ha sido golpeada por medidas como la aplicación de
la Ley de Remuneraciones, que limita las percepciones de los servidores
públicos”. Por esta razón, el doctor Morán ha propuesto que los
investigadores que, como él, trabajan en el ámbito federal, no sean
considerados servidores públicos.
Otra cosa que cambió fue la aparición de
nuevos participantes en los proyectos financiados por este Fondo.
Algunos científicos dejaron sus oficinas y laboratorios para convertirse
en entusiastas empresarios por la apertura del “mercado de las ideas”.
Para ayudar a los nuevos
científicos-empresarios en las artes del emprendimiento, se dispuso como
ayuda otro Fondo de la Secretaría de Economía-Conacyt.
Gracias a este Fondo se crearon las
llamadas Oficinas de Transferencia Tecnológica u Oficinas de
Transferencia de Conocimiento. Su función era vincular a los científicos
con la industria y, en todo caso, ahorrarles el tedioso trabajo de
tramitar patentes o solicitar más fondos al gobierno para realizar sus
investigaciones. Curiosamente, como algunos científicos y funcionarios
del sector eran quienes habían hecho este trabajo desde siempre,
aparecieron otros híbridos: los científicos-vinculadores y los
funcionarios-vinculadores.
Un buen ejemplo lo tenemos en el
exdirector del Conacyt, el ingeniero Jaime Parada Ávila, quien abrió su
propia Oficina de Transferencia Tecnológica llamada Inncom (que incluye
la gestión de fondos gubernamentales), y quien llegó a venderle al
propio Conacyt y a uno de sus centros de investigación –el Cimav (Centro
de Investigación en Materiales Avanzados)– algunos proyectos para
permitirles alcanzar “excelencia internacional” y “nuevas líneas de
investigación en energías renovables”.
Otro de los negocios de este exitoso
funcionario-vinculador fue el de venderle al Cemie-Sol (en donde por
cierto él fungía como parte del comité evaluador) un estudio sobre el
aprovechamiento de la energía solar a nivel comercial.
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