¿Qué quieren de los trabajadores?
Jaime Ornelas Delgado
Según el señor Manuel Camacho Solís y la burocracia partidista, “los partidos de izquierda hacen alianzas tácticas con el panismo para que en estados como Oaxaca haya democracia, transparencia y respeto a los derechos humanos”. Argumento utilizado también en Puebla para justificar las alianzas de la “izquierda” con el PAN, Convergencia e incluso con el Panal de la miss Gordillo, así se las gastan.
Y para documentar la “democracia, transparencia y respeto a los derechos humanos”, que llegarán si hay un gobernador de Acción Nacional y mejor si es ex priista, basta con asomarse a la realidad. El pasado día 11 de este mes, por unanimidad, los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo rechazaron el amparo solicitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana en contra del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea. Con este fallo judicial queda firme la conclusión de las relaciones laborales entre este sindicato y “Mexicana de Cananea”, perteneciente al Grupo México. Se rompe, así, una huelga que llevaba ya 31 meses. El fallo da continuidad a la campaña de hostigamiento judicial, represión, criminalización e injerencia gubernamental y patronal, emprendida contra el movimiento sindical desde la pasada administración de Fox y continuada por la de Calderón, con el inocultable regocijo del señor Lozano, secretario del Trabajo, panista y ex priista.
La resolución, sin duda, socava la vigencia del Estado de Derecho y exhibe el nivel de indefensión en que se encuentran los trabajadores ante la complicidad de los intereses empresariales y las autoridades del trabajo. Con esta medida, se cancelan también las vías de negociación que el gobierno debería propiciar. Los caminos, lamentablemente, se estrechan y la desesperación de los trabajadores está llegando a sus límites.
La embestida contra el sindicato de mineros, lo mismo que la emprendida contra el SME, han puesto en riesgo, y anulado en los hechos, los derechos laborales de los trabajadores y pone en trance la vigencia de la legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, quizá lo más grave, por las autoridades encargadas de hacer cumplirla. Ahora a esos mineros de Cananea, como a los trabajadores del SME, habrá algunos cínicos que irán a “explicarles” a los trabajadores que la izquierda hace “alianzas tácticas” con el partido del gobierno que destruye sus sindicatos, los arroja al desempleo y a la miseria, todo por el bien de “la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
Pero esto no es todo, en el país se sigue tensando las relaciones sociales. Los mineros de Cananea, que han visto violado su derecho a la huelga, han afirmado que no cederán en su lucha; en Ciudad Juárez, la fuerza pública reprime a quienes no formaron parte del selecto grupo de invitados que se reunieron con Felipe Calderón, supuestamente, para resolver los problemas de esa sacrificada ciudad; en el Valle de Chalco, se enfrentan los pobladores con la fuerza pública; por su parte, los habitantes de Angangueo, Michoacán, rechazan la visita de Calderón y le gritan que no quieren ser Pueblo Mágico, sino que quieren trabajo; en la UNAM, el secretario Lujambio soslaya el reclamo que le hacen los universitarios por el recorte presupuestal a las universidades públicas; los precios de las productos de la canasta básica aumentan sin cesar y los empleos escasean provocando, todo ello, una creciente irritación social; mientras tanto, Felipe Calderón se muestra desinformado, desconcentrado y abrumado por los problemas de un país que no comprende y es incapaz de gobernar.
Derrochan gobiernos panistas los excedentes petroleros
Y de la transparencia que promete Camacho Solís llegará con los gobiernos panistas, ni hablar. Al entregar el jueves pasado a la Cámara de Diputados el informe de resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que en el sexenio de Vicente Fox, y en los dos primeros años de la presidencia de Felipe Calderón, se obtuvieron ingresos extraordinarios por un billón 281 mil 902.7 millones de pesos, bonanza que se explica porque el precio promedio de la exportación del crudo mexicano excedió en 72.1 por ciento a lo esperado y también, “por el incremento en los precios del diesel y de las gasolinas Magna y Premium”, detalla el informe.
Lo grave es que esos recursos fueron dilapidados, casi en su totalidad, en el gasto corriente para satisfacer la ambición de la burocracia federal y de los estados y municipios. La auditoría encontró que 2 mil 912 funcionarios públicos de mandos medios y superiores del gobierno de Calderón y entes autónomos, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recibieron un salario superior al del Ejecutivo. Por ejemplo, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, obtuvo un salario anual de 6 millones 553 mil pesos, mientras el del Tribunal de Justicia Fiscal fue de 5 millones 725 mil 300 pesos. Otros 2 mil 38 altos funcionarios de diversas secretarías, así como del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como Pemex, recibieron un sueldo que oscila entre 89 mil 300 y 151 mil pesos mensuales. Sin contar las prestaciones, bonos, premios y todas esas cosas con que se alimenta la burocracia panista.
De verdad, que difícil va ser la reconstrucción de este país cuando se vayan todos los que lo han gobernado en los últimos 80 años.
¿Por qué será?
El viernes 19 de febrero, Día del Ejército, Felipe Calderón anunció un aumento de 40por ciento por ciento al sueldo de los miembros del Ejército; por esos días, se acordó un aumento salarial a los académicos universitarios del país de 4 por ciento.
Fuente
Según el señor Manuel Camacho Solís y la burocracia partidista, “los partidos de izquierda hacen alianzas tácticas con el panismo para que en estados como Oaxaca haya democracia, transparencia y respeto a los derechos humanos”. Argumento utilizado también en Puebla para justificar las alianzas de la “izquierda” con el PAN, Convergencia e incluso con el Panal de la miss Gordillo, así se las gastan.
Y para documentar la “democracia, transparencia y respeto a los derechos humanos”, que llegarán si hay un gobernador de Acción Nacional y mejor si es ex priista, basta con asomarse a la realidad. El pasado día 11 de este mes, por unanimidad, los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo rechazaron el amparo solicitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana en contra del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea. Con este fallo judicial queda firme la conclusión de las relaciones laborales entre este sindicato y “Mexicana de Cananea”, perteneciente al Grupo México. Se rompe, así, una huelga que llevaba ya 31 meses. El fallo da continuidad a la campaña de hostigamiento judicial, represión, criminalización e injerencia gubernamental y patronal, emprendida contra el movimiento sindical desde la pasada administración de Fox y continuada por la de Calderón, con el inocultable regocijo del señor Lozano, secretario del Trabajo, panista y ex priista.
La resolución, sin duda, socava la vigencia del Estado de Derecho y exhibe el nivel de indefensión en que se encuentran los trabajadores ante la complicidad de los intereses empresariales y las autoridades del trabajo. Con esta medida, se cancelan también las vías de negociación que el gobierno debería propiciar. Los caminos, lamentablemente, se estrechan y la desesperación de los trabajadores está llegando a sus límites.
La embestida contra el sindicato de mineros, lo mismo que la emprendida contra el SME, han puesto en riesgo, y anulado en los hechos, los derechos laborales de los trabajadores y pone en trance la vigencia de la legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, quizá lo más grave, por las autoridades encargadas de hacer cumplirla. Ahora a esos mineros de Cananea, como a los trabajadores del SME, habrá algunos cínicos que irán a “explicarles” a los trabajadores que la izquierda hace “alianzas tácticas” con el partido del gobierno que destruye sus sindicatos, los arroja al desempleo y a la miseria, todo por el bien de “la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
Pero esto no es todo, en el país se sigue tensando las relaciones sociales. Los mineros de Cananea, que han visto violado su derecho a la huelga, han afirmado que no cederán en su lucha; en Ciudad Juárez, la fuerza pública reprime a quienes no formaron parte del selecto grupo de invitados que se reunieron con Felipe Calderón, supuestamente, para resolver los problemas de esa sacrificada ciudad; en el Valle de Chalco, se enfrentan los pobladores con la fuerza pública; por su parte, los habitantes de Angangueo, Michoacán, rechazan la visita de Calderón y le gritan que no quieren ser Pueblo Mágico, sino que quieren trabajo; en la UNAM, el secretario Lujambio soslaya el reclamo que le hacen los universitarios por el recorte presupuestal a las universidades públicas; los precios de las productos de la canasta básica aumentan sin cesar y los empleos escasean provocando, todo ello, una creciente irritación social; mientras tanto, Felipe Calderón se muestra desinformado, desconcentrado y abrumado por los problemas de un país que no comprende y es incapaz de gobernar.
Derrochan gobiernos panistas los excedentes petroleros
Y de la transparencia que promete Camacho Solís llegará con los gobiernos panistas, ni hablar. Al entregar el jueves pasado a la Cámara de Diputados el informe de resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que en el sexenio de Vicente Fox, y en los dos primeros años de la presidencia de Felipe Calderón, se obtuvieron ingresos extraordinarios por un billón 281 mil 902.7 millones de pesos, bonanza que se explica porque el precio promedio de la exportación del crudo mexicano excedió en 72.1 por ciento a lo esperado y también, “por el incremento en los precios del diesel y de las gasolinas Magna y Premium”, detalla el informe.
Lo grave es que esos recursos fueron dilapidados, casi en su totalidad, en el gasto corriente para satisfacer la ambición de la burocracia federal y de los estados y municipios. La auditoría encontró que 2 mil 912 funcionarios públicos de mandos medios y superiores del gobierno de Calderón y entes autónomos, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recibieron un salario superior al del Ejecutivo. Por ejemplo, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, obtuvo un salario anual de 6 millones 553 mil pesos, mientras el del Tribunal de Justicia Fiscal fue de 5 millones 725 mil 300 pesos. Otros 2 mil 38 altos funcionarios de diversas secretarías, así como del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como Pemex, recibieron un sueldo que oscila entre 89 mil 300 y 151 mil pesos mensuales. Sin contar las prestaciones, bonos, premios y todas esas cosas con que se alimenta la burocracia panista.
De verdad, que difícil va ser la reconstrucción de este país cuando se vayan todos los que lo han gobernado en los últimos 80 años.
¿Por qué será?
El viernes 19 de febrero, Día del Ejército, Felipe Calderón anunció un aumento de 40por ciento por ciento al sueldo de los miembros del Ejército; por esos días, se acordó un aumento salarial a los académicos universitarios del país de 4 por ciento.
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