Gobierno de coalición y proyectos de nación
Eduardo Nava Hernández
Miércoles 12 de Octubre de 2011
A medida que se aproxima la contienda electoral de 2012 se precisan con más claridad los escenarios de la misma. A estas alturas es posible sostener sin duda que sólo dos candidaturas se encuentran consolidadas, la de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador, en tanto que otros aspirantes, si bien aún hacen por figurar, aparecen sin posibilidades de participar en un escenario competitivo. Manlio Fabio Beltrones, Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y, muy, muy atrás, Ernesto Cordero, intentan sin muchas o casi ninguna posibilidad, integrarse a un escenario que, como en el 2006, se anuncia con un alto nivel de polarización electoral y un ambiente político y social enturbiado. Recordemos que en aquel año esa situación fue propiciada desde el gobierno federal de Vicente Fox (que ahora, ¡oh, sorpresa!, hace llamados a la concordia social) con su fallido intento de desafuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, y empeorada por la campaña del Partido Acción Nacional.
Ahora, las amenazas contra el desarrollo democrático provienen de otras causas, aún más graves: la descomposición del sistema político que personifican casi todos sus actores, la creciente presencia de las bandas de crimen organizado que se han multiplicado y fortalecido en los últimos años como en ningún periodo anterior de nuestra historia, y la violencia que se ha adueñado de pedazos completos del territorio nacional frente a la incapacidad o complicidad de la mayor parte del aparato estatal. 2012 será, sin duda, uno más de los años en que hemos vivido en peligro.
Felipe Calderón se ocupa de vez en vez -como después del ataque terrorista contra el Casino Royale de Monterrey- en hacer infructuosos y estériles llamados a la unidad nacional que él, por su propio origen, es incapaz de encabezar, mientras el país se desguaza sin remedio.
En este riesgoso contexto, el lunes 10 de octubre se publicó una tardía y seguramente intrascendente iniciativa signada por 46 personalidades de la política y la cultura del país llamando a que los partidos y actores políticos pacten, para 2012, un gobierno de coalición. Carlos Fuentes, Juan Ramón de la Fuente, José Woldenberg, Denisse Dresser, Federico Reyes Heroles, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otros; y los aspirantes Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard y Santiago Creel (Josefina Vázquez Mota ha expresado posteriormente su acuerdo con la iniciativa, mientras que Cordero lo ha hecho con reservas aduciendo que hay otras opciones mejores) proponen ahí que las diversas fuerzas lleguen a un acuerdo programático que concrete un plan común de gobierno común, se distribuyan los cargos del gabinete y le den al próximo presidente una mayoría estable en las cámaras del Congreso de la Unión.
Ese mismo día, con la instalación del Consejo General del IFE, dio inicio el proceso electoral 2011-2012, mientras en la Cámara de Diputados se hacen esfuerzos para sacar apresuradamente un proyecto de reforma política que seguramente será el que el PRI impulse como fuerza mayoritaria. Esto viene particularmente a colación porque las formaciones políticas a las que hoy se les pide llegar a acuerdos para un “gobierno de coalición” son las mismas que no pudieron concertar, a lo que la ley las obliga desde hace casi un año, siquiera los nombres de los ciudadanos que ocupen los tres lugares vacantes desde entonces en el Consejo General del instituto electoral.
La propuesta es un sucedáneo, entonces, de una verdadera reforma política -más allá de la de 2007, que reguló el uso de los tiempos oficiales en los medios a favor de los partidos y prohibió a los partidos y particulares la compra de tiempos de transmisión con fines políticos- para la que no han existido condiciones mínimas de consenso en lo que va de este gobierno.
El desplegado, titulado pomposamente “Por una democracia constitucional” (¿podría pensarse en una que no lo sea?), sin resultar trascendente en sí, es interesante porque da la oportunidad de reflexionar acerca del significado de la elección de 2012. Para los abajo firmantes del documento, lo que está en juego es dotar al próximo gobierno de una mayoría parlamentaria constituida de antemano, por acuerdos entre los partidos, y no definida por los electores en las urnas. Suena como una propuesta de doble sentido: el Congreso estaría comprometido a apoyar las iniciativas presidenciales, en la medida en que el Ejecutivo incorporaría a los distintos partidos en su gabinete; pero también podría representar una actualización del presidencialismo fuerte de otrora (el de hoy es, políticamente, el más débil que se recuerde desde el maximato), con un Poder Legislativo controlado desde Los Pinos.
Manlio Fabio Beltrones ha venido impulsando, sin mucho éxito tampoco, la variante de un jefe de gabinete designado por el Congreso, que ejerza un cogobierno al lado del presidente. Esto daría lugar a que los precandidatos perdedores (parece ser su propio destino) se postulen a ocupar senadurías o diputaciones para, desde ahí, aspirar a ese puesto de verdadera Eminencia Gris (en el escenario beltronista, el mediáticamente popular Peña Nieto como presidente y el mucho más avezado sonorense como jefe de gabinete, ejerciendo el poder efectivo).
Que algunos de los hoy aspirantes, si bien los más débiles, suscriban la propuesta, está implicando también que, con tal de ganar las candidaturas de sus respectivos partidos y luego la elección constitucional, estarían dispuestos a compartir el poder aun con las fuerzas opuestas. Oportunismo puro.
Pero, sobre todo, destaca que la argumentación central de la propuesta de coalición sea, para muchos de los firmantes, el superar la parálisis legislativa actual para sacar adelante las ansiadas “reformas que México necesita”. No extraña que una propuesta así provenga del PAN o del PRI; pero sí de quienes se dicen representantes de la izquierda política. Las reformas aludidas son las del sector energético, la laboral, la de seguridad nacional y otras, que de tiempo atrás el capital extranjero y los grandes empresarios nacionales han venido demandando: apertura del petróleo, el gas y la electricidad a la inversión privada, legalización del régimen de flexibilización del trabajo, fortalecimiento legal del aparato policiaco y militar, pretendidamente contra la delincuencia pero en realidad frente a los movimientos sociales y la población en general.
El contexto político en México se encuentra polarizado porque lo están cada vez más la vida social y la relación Estado-sociedad. Hace dos años exactamente, la fuerza pública y todo el poder del Estado fueron empleados para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas y borrar los últimos vestigios de la otrora llamada justicia social. Los diálogos de los poderes públicos con el Movimiento por la Paz con Dignidad, de Javier Sicilia, han sido simulaciones desde el poder para legitimar la inamovible estrategia de militarización y policiaca que tan deplorables resultados ha dado para la población en general. Las fuerzas del orden prosiguen incansablemente cercando y agrediendo a la población civil sin que muchas voces en el Legislativo se hagan oír contra ello. La entrega de los recursos mineros y petroleros al capital privado continúa a toda vela sin contrapesos suficientes. Los recursos públicos continúan por doquier siendo botín de la corrupción.
Ésas son las políticas a las que ahora se invita a las izquierdas a “coaligarse”. La táctica de éstas debiera ser la opuesta: deslindarse con claridad y sin ambages de las políticas que hoy dominan en el aparato estatal en sus tres poderes, polarizarse ideológicamente con éstas y ofrecer un proyecto distinto. Eso sólo el movimiento lopezobradorista lo está intentando en el nivel nacional, en tanto que el aparato burocrático del PRD y Cuauhtémoc Cárdenas dan la bienvenida a las políticas de conciliación con las derechas partidarias. Una conciliación que sólo busca garantizar la permanencia del orden político actual, un orden de injusticia en todos los frentes.
Fuente
Miércoles 12 de Octubre de 2011
A medida que se aproxima la contienda electoral de 2012 se precisan con más claridad los escenarios de la misma. A estas alturas es posible sostener sin duda que sólo dos candidaturas se encuentran consolidadas, la de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador, en tanto que otros aspirantes, si bien aún hacen por figurar, aparecen sin posibilidades de participar en un escenario competitivo. Manlio Fabio Beltrones, Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y, muy, muy atrás, Ernesto Cordero, intentan sin muchas o casi ninguna posibilidad, integrarse a un escenario que, como en el 2006, se anuncia con un alto nivel de polarización electoral y un ambiente político y social enturbiado. Recordemos que en aquel año esa situación fue propiciada desde el gobierno federal de Vicente Fox (que ahora, ¡oh, sorpresa!, hace llamados a la concordia social) con su fallido intento de desafuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, y empeorada por la campaña del Partido Acción Nacional.
Ahora, las amenazas contra el desarrollo democrático provienen de otras causas, aún más graves: la descomposición del sistema político que personifican casi todos sus actores, la creciente presencia de las bandas de crimen organizado que se han multiplicado y fortalecido en los últimos años como en ningún periodo anterior de nuestra historia, y la violencia que se ha adueñado de pedazos completos del territorio nacional frente a la incapacidad o complicidad de la mayor parte del aparato estatal. 2012 será, sin duda, uno más de los años en que hemos vivido en peligro.
Felipe Calderón se ocupa de vez en vez -como después del ataque terrorista contra el Casino Royale de Monterrey- en hacer infructuosos y estériles llamados a la unidad nacional que él, por su propio origen, es incapaz de encabezar, mientras el país se desguaza sin remedio.
En este riesgoso contexto, el lunes 10 de octubre se publicó una tardía y seguramente intrascendente iniciativa signada por 46 personalidades de la política y la cultura del país llamando a que los partidos y actores políticos pacten, para 2012, un gobierno de coalición. Carlos Fuentes, Juan Ramón de la Fuente, José Woldenberg, Denisse Dresser, Federico Reyes Heroles, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otros; y los aspirantes Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard y Santiago Creel (Josefina Vázquez Mota ha expresado posteriormente su acuerdo con la iniciativa, mientras que Cordero lo ha hecho con reservas aduciendo que hay otras opciones mejores) proponen ahí que las diversas fuerzas lleguen a un acuerdo programático que concrete un plan común de gobierno común, se distribuyan los cargos del gabinete y le den al próximo presidente una mayoría estable en las cámaras del Congreso de la Unión.
Ese mismo día, con la instalación del Consejo General del IFE, dio inicio el proceso electoral 2011-2012, mientras en la Cámara de Diputados se hacen esfuerzos para sacar apresuradamente un proyecto de reforma política que seguramente será el que el PRI impulse como fuerza mayoritaria. Esto viene particularmente a colación porque las formaciones políticas a las que hoy se les pide llegar a acuerdos para un “gobierno de coalición” son las mismas que no pudieron concertar, a lo que la ley las obliga desde hace casi un año, siquiera los nombres de los ciudadanos que ocupen los tres lugares vacantes desde entonces en el Consejo General del instituto electoral.
La propuesta es un sucedáneo, entonces, de una verdadera reforma política -más allá de la de 2007, que reguló el uso de los tiempos oficiales en los medios a favor de los partidos y prohibió a los partidos y particulares la compra de tiempos de transmisión con fines políticos- para la que no han existido condiciones mínimas de consenso en lo que va de este gobierno.
El desplegado, titulado pomposamente “Por una democracia constitucional” (¿podría pensarse en una que no lo sea?), sin resultar trascendente en sí, es interesante porque da la oportunidad de reflexionar acerca del significado de la elección de 2012. Para los abajo firmantes del documento, lo que está en juego es dotar al próximo gobierno de una mayoría parlamentaria constituida de antemano, por acuerdos entre los partidos, y no definida por los electores en las urnas. Suena como una propuesta de doble sentido: el Congreso estaría comprometido a apoyar las iniciativas presidenciales, en la medida en que el Ejecutivo incorporaría a los distintos partidos en su gabinete; pero también podría representar una actualización del presidencialismo fuerte de otrora (el de hoy es, políticamente, el más débil que se recuerde desde el maximato), con un Poder Legislativo controlado desde Los Pinos.
Manlio Fabio Beltrones ha venido impulsando, sin mucho éxito tampoco, la variante de un jefe de gabinete designado por el Congreso, que ejerza un cogobierno al lado del presidente. Esto daría lugar a que los precandidatos perdedores (parece ser su propio destino) se postulen a ocupar senadurías o diputaciones para, desde ahí, aspirar a ese puesto de verdadera Eminencia Gris (en el escenario beltronista, el mediáticamente popular Peña Nieto como presidente y el mucho más avezado sonorense como jefe de gabinete, ejerciendo el poder efectivo).
Que algunos de los hoy aspirantes, si bien los más débiles, suscriban la propuesta, está implicando también que, con tal de ganar las candidaturas de sus respectivos partidos y luego la elección constitucional, estarían dispuestos a compartir el poder aun con las fuerzas opuestas. Oportunismo puro.
Pero, sobre todo, destaca que la argumentación central de la propuesta de coalición sea, para muchos de los firmantes, el superar la parálisis legislativa actual para sacar adelante las ansiadas “reformas que México necesita”. No extraña que una propuesta así provenga del PAN o del PRI; pero sí de quienes se dicen representantes de la izquierda política. Las reformas aludidas son las del sector energético, la laboral, la de seguridad nacional y otras, que de tiempo atrás el capital extranjero y los grandes empresarios nacionales han venido demandando: apertura del petróleo, el gas y la electricidad a la inversión privada, legalización del régimen de flexibilización del trabajo, fortalecimiento legal del aparato policiaco y militar, pretendidamente contra la delincuencia pero en realidad frente a los movimientos sociales y la población en general.
El contexto político en México se encuentra polarizado porque lo están cada vez más la vida social y la relación Estado-sociedad. Hace dos años exactamente, la fuerza pública y todo el poder del Estado fueron empleados para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas y borrar los últimos vestigios de la otrora llamada justicia social. Los diálogos de los poderes públicos con el Movimiento por la Paz con Dignidad, de Javier Sicilia, han sido simulaciones desde el poder para legitimar la inamovible estrategia de militarización y policiaca que tan deplorables resultados ha dado para la población en general. Las fuerzas del orden prosiguen incansablemente cercando y agrediendo a la población civil sin que muchas voces en el Legislativo se hagan oír contra ello. La entrega de los recursos mineros y petroleros al capital privado continúa a toda vela sin contrapesos suficientes. Los recursos públicos continúan por doquier siendo botín de la corrupción.
Ésas son las políticas a las que ahora se invita a las izquierdas a “coaligarse”. La táctica de éstas debiera ser la opuesta: deslindarse con claridad y sin ambages de las políticas que hoy dominan en el aparato estatal en sus tres poderes, polarizarse ideológicamente con éstas y ofrecer un proyecto distinto. Eso sólo el movimiento lopezobradorista lo está intentando en el nivel nacional, en tanto que el aparato burocrático del PRD y Cuauhtémoc Cárdenas dan la bienvenida a las políticas de conciliación con las derechas partidarias. Una conciliación que sólo busca garantizar la permanencia del orden político actual, un orden de injusticia en todos los frentes.
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