Los trabajadores y su decisión electoral
CONTRALINEA
El tema de la generación de empleos se va colocando como uno de los
insalvables pendientes en la agenda de los candidatos presidenciales;
hace seis años, a cambio de su voto, Calderón prometió a los mexicanos,
convertirse en el “presidente del empleo” y generar 1 millón de puestos
de trabajo anuales y bien remunerados que ayudaran a resarcir el poder
adquisitivo de los trabajadores. Hoy, a la distancia, no hay generación
de empleos, los salarios han visto pulverizar su poder de compra
en un 42 por ciento y, peor todavía, la clase trabajadora ha enfrentado
una de las peores embestidas en toda su historia por parte del gobierno
federal.
Aun así, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, intenta dorar la píldora
a los mexicanos al asegurar que ella es “diferente”, cuando, por
ejemplo, es también una entusiasta promotora de las “grandes” reformas
pendientes de su partido, entre ellas la laboral a la que, más por
coyuntura política que por diferencias ideológicas, decidió no sumarse
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el pasado periodo
ordinario del Congreso de la Unión.
La brutal realidad que enfrentan millones de trabajadores y desempleados en México no puede ser ocultada por el maquillaje publicitario de los actuales contendientes; es necesario denunciar el maridaje
de intereses mutuos que existe entre el PRI y el PAN por mantener el
actual modelo económico neoliberal que no ha dado resultados en ninguna
parte del mundo. Ese modelo sustentado en la protección a un capitalismo
salvaje que permite la desmedida acumulación de la riqueza en
unas cuantas manos, y que obstaculiza la distribución de la misma, más
justa, humana y equitativa, tal y como, paradójicamente, lo establece
nuestra Constitución Política.
Panistas y priístas (que han ido de la mano en la confección
de la reforma laboral que se encuentra detenida en el Congreso de la
Unión, para fortuna de la clase trabajadora) buscan la creación de miles
de empleos, o mejor dicho, de subempleos de mala calidad, pagados por
hora, sin un salario digno y sin contratos colectivos que garanticen las
prestaciones de ley a los trabajadores e impidan su acceso a la
seguridad social.
Es decir, condiciones laborales que favorezcan en todos los
sentidos a los patrones para que al momento que así lo decidan puedan
despedir a sus empleados sin la menor responsabilidad, amparados en las
reformas a la Ley Federal del Trabajo, que plantean priístas y panistas
mediante la legalización de las subcontrataciones (outsourcing),
mismas que a pesar de ser también instrumentos de evasión fiscal ya
operan en muchas empresas en México con el consentimiento de las
autoridades laborales.
Las recientes denuncias sobre casos de corrupción de la
trasnacional Walmart sacaron a la luz la violación a los más elementales
derechos laborales de sus empleados a través de sindicatos blancos y
contratos de protección avalados por la propia Secretaría del Trabajo. A
pesar de esto, el propio presidente Calderón se atrevió a decir que la
cadena era una excelente generadora de empleos, lo mismo que el
presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, quien salió en
defensa del monopolio. Ahora, al paso de las semanas, ya nadie dice nada
sobre las condiciones infrahumanas de sus miles de empleados. El
silencio del gobierno de Calderón es más que obvio.
La señora Josefina igual que Peña Nieto se guardan bien de decir
qué tipo de empleos piensan generar en sus probables gobiernos; si son
empleos en condiciones de semiesclavitud como los de Walmart, ya pueden
ir encomendándose a Dios las generaciones de millones de jóvenes que
están por ingresar al mercado laboral, pues de mantenerse vigente el
modelo económico que defienden PRI y PAN se podrán ir olvidando de tener
derechos sociales como el acceso a la vivienda o a una jubilación
digna.
Es impostergable, por ello, que los sindicatos independientes y las
organizaciones sociales, campesinas e indígenas del país promuevan
jornadas de reflexión del voto para que los trabajadores y sus familias
no apoyen en las urnas a aquellos partidos que buscan desintegrar las conquistas laborales. Que los jóvenes que van a sufragar por primera ocasión, se enteren de lo que hay detrás de la cortina publicitaria de las campañas y sus consabidos buenos deseos de cada seis años.
No puede aceptarse que México –un país con tantas riquezas y
recursos naturales– se ubique entre los países de América Latina con una
de las peores desigualdades en los ingresos y en las condiciones
laborales de su población, al punto de ser comparado con naciones
centroamericanas tan pobres como Honduras y El Salvador, según
establecen con precisión estudios de la Organización Internacional del
Trabajo.
Es censurable que, además de haber estado muy lejos de su
expectativa laboral, el gobierno de Felipe Calderón haya optado no sólo
por darle la espalda a los trabajadores sino por emprender una
persecución en su contra, sobre todo hacia los sindicatos independientes
como los de Mexicana de Aviación, mineros y electricistas, por citar
algunos de los casos más emblemáticos.
Poco a poco, y luego de una lucha de años, los mineros obtuvieron
un fallo a favor por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que vino a demostrar el sinfín de triquiñuelas legales que utilizó en su
momento el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, para negarle a
Napoleón Gómez Urrutia, la toma de nota como líder de su gremio.
Comprometidos en proteger los intereses de Germán Larrea y su Grupo
Minero México, los panistas buscaron encarcelarlo por delitos
inexistentes, obligando al dirigente a refugiarse en Canadá.
Los trabajadores tanto de tierra como de aire de Mexicana de
Aviación se sumaron a la defensa de sus derechos y a una voz pelearon
por meses hasta conseguir que el entuerto jurídico –sostenido desde la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes por figuras tan perversas del
panismo como el exsecretario Juan Molinar Horcasitas (también
responsable, como exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social,
de la tragedia en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora)– se viniera
abajo.
Por casi dos años, más de 200 mil empleos indirectos se vieron
afectados en todo el país por el cierre de Mexicana, firmas voraces como
Aeroméxico y muchas otras de bandera extranjera, se enriquecieron al
haber impuesto altas tarifas a millones de usuarios sin que las
autoridades movieran un solo dedo para evitarlo. El costo a la
economía nacional fue muy alto, pero no se compara con el precio que
debieron pagar, con sus familias, los miles de trabajadores que se
quedaron sin empleo.
En el Sindicato Mexicano de Electricistas tampoco hemos cedido un
palmo de terreno en nuestra lucha por demostrar a México y al mundo que
la razón, tanto moral como jurídica, nos asiste en nuestra justa demanda
por recuperar nuestros empleos. Por eso, seguiremos haciendo un llamado
a la clase trabajadora y a todo el pueblo de México para que
reflexionen su voto y no apoyen a los partidos PRI y PAN, que insisten
en mantener el actual modelo económico por seis años más a costa del
hambre y las carencias de millones de mexicanos; a costa de cancelar un
futuro laboral próspero y seguro a nuestros jóvenes, y a costa de
mutilar las pensiones y jubilaciones a nuestros adultos mayores. Por el
bien del país, ni un voto a ambos partidos.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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