Repudian eurodiputados represión policiaca en Nochixtlán
El sepelio de Jesús Cadena, joven asesinado en Nochixtlán, Oaxaca. Foto: Octavio Gómez
PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Activistas mexicanos y europeos se reunieron hoy con tres eurodiputados
–el catalán Josep María Terricabras, la alemana Ska Keller y Estefanía
Torres Martínez– en Bruselas, Bélgica para exponerles la situación de
crisis de derechos humanos que atraviesa México.
A su vez, éstos condenaron el asesinato de ocho civiles
durante el violento desalojo del bloqueo carretero de Nochixtlán, Oaxaca
el pasado domingo, así como la campaña de desprestigio que sufren los
movimientos sociales en el país, informó Miguel Martin Zumalacarregui,
director de la oficina de la Organización Mundial contra la Tortura en
la capital belga.
Quince
representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana se
encuentran desde ayer en Bruselas para encontrarse con homólogos
europeos y establecer una serie de recomendaciones a las autoridades de
México y de la Unión Europea (UE), funcionarios que se encuentran en
proceso de “actualización” del Acuerdo Económico Global.
Las organizaciones de la sociedad civil buscan, entre otros
objetivos, evitar que las negociaciones “fragmenten” los distintos temas
de la relación entre México y la UE, y en particular que releguen los
derechos humanos en un segundo plano frente al acuerdo comercial.
El acuerdo de libre comercio actualizado entre México y la
Unión Europea despierta preocupaciones en la sociedad civil, sobre todo
por el amplio poder que otorgaría a las empresas y los inversionistas
contra los Estados –México en particular–, y la ausencia de un capítulo
que establezca directrices claras en materia de derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que a la hora de operar
megaproyectos en México, muchas empresas –nacionales y extranjeras–
pisotean los derechos humanos y ambientales de las comunidades, por lo
que urgieron a México y a la Unión Europea comprometerse a adoptar un
tratado de derechos humanos para regular a las corporaciones
transnacionales.
Un avance importante, según Fernanda Hopenhaym, integrante
de Proyecto PODER, sería establecer obligaciones de extraterritorialidad
las cuales permiten a una víctima demandar a una empresa en su país de
origen y no limitarlo a la nación donde opera, con lo que se refuerza su
derecho a obtener reparaciones.
El punto más destacado de las recomendaciones tiene que ver
con “la corrupción y sobre todo la excepcional impunidad que la acompaña
y afecta a la sociedad en general”, aspectos que “se suman a los graves
problemas de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada que
se viven en México de manera generalizada”.
En esta materia, las organizaciones civiles recomendaron a
la UE y México apoyar de manera pública las investigaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el
mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Al gobierno mexicano le urgieron a respetar los “más altos
estándares internacionales” en materia de uso de la fuerza pública, así
como a “implementar un plan de desmilitarización en operaciones de
seguridad pública”.
Las organizaciones también emitieron recomendaciones para
garantizar los derechos humanos de los migrantes durante su tránsito por
México, sector que se volvió más vulnerable a raíz del endurecimiento
de las políticas migratorias que implementó la administración actual en
el verano de 2014 a través del Programa Frontera Sur.
Las organizaciones mexicanas mostraron su preocupación ante
la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en
el país y precisaron que esta definición se aplica a todas las personas
que se dedican a esta labor, incluyendo a los maestros, quienes
“defienden la educación y la niñez”, según Solís.
Por lo anterior, instaron a las autoridades europeas y
mexicanas a reconocer públicamente la labor de los activistas y
garantizar sus derechos humanos. A México, de manera específica, le
pidieron “poner fin al patrón de detenciones arbitrarias de personas
defensoras de derechos humanos”.
Las ONG no pudieron acudir a las mesas de diálogo, ya que
éstas se llevan a cabo a puerta cerrada. “Nos dijeron: Gracias por sus
aportes, les tomaremos en cuenta”, compartió Hopenhaym.
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