México: Mala semana para los derechos humanos de las mujeres
Lucía Lagunes Huerta (CIMAC)
La semana que terminó concluye muy mal para los derechos humanos de las mujeres y de todos. Por un lado las autoridades resumen que la sentencia de Campo Algodonero sobre el feminicidio en ese predio en Ciudad Juárez así como las dos sentencias anteriores, la del caso Radilla y el de Castañeda, más las que vengan, están lejos de cumplirse.
Primero, dicen, porque no existe un fondo económico para ello y, segundo, porque no hay una ley que permita al actual gobierno coordinarse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Aún peor, para el responsable de la coordinación de acciones, José Antonio Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), “gobernación coordina autoridades federales y estatales para cumplir con la sentencia, pero no implica responsabilidad federal”.
Para el caso concreto del Campo Algodonero, el actual gobierno mexicano no cuenta con 851 mil dólares para reparar del daño para las víctimas y cubrir los gastos y costas del juicio, monto definido en la sentencia de la CoIDH.
Después de tres días donde autoridades locales y federales rindieron cuentan ante legisladoras, organizaciones civiles e instancias internacionales, convocadas por la Comisión Especial de Feminicidio, lo que quedó claro es que pese a lo que digan, no hay coordinación entre las instancias responsables para cumplir la sentencia.
Durante siete meses la sentencia se ha dirimido entre autoridades federales y locales en ver qué le toca hacer a quién. Por ejemplo: el monto para la reparación del daño. Según autoridades estatales, la primera propuesta era que el pago tendría que salir del gobierno estatal, cosa que no le pareció y propuso que se dividiera con el gobierno federal.
Finalmente, la segunda propuesta fue la del consenso, pero ¿de dónde se obtiene el recurso? se preguntan las autoridades de la Secretaría de Gobernación, ¿dónde recae la coordinación para el cumplimiento de la sentencia?
Otro gran dilema que en estos siete meses ha ocupado a las autoridades es cómo pedir perdón. De acuerdo con la sentencia, las máximas autoridades del país tendrán que pedir perdón, en un acto público, por los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal; Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, así como las ciento de víctimas de feminicidio ocurridas en Chihuahua desde 1993.
Hasta el día de hoy no se sabe cómo y quién será la “máxima” autoridad encargada de hacerlo.
Ni que decir del memorial de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, el cual deberá construirse en el predio denominado Campo Algodonero. La buena noticia es que el predio es del gobierno federal, la mala, es que para lograr construir el memorial se está haciendo una investigación exhaustiva de otros memoriales para saber cuál es el que mejor cuadra para Ciudad Juárez.
Para lograr todos estos resultados, autoridades locales y federales, así como los abogados de las víctimas, han mantenido cuatro reuniones, desde que en noviembre de 2009 la Corte emitió la sentencia.
Lo peor fue al intentar saber si existía una página o no que dé cumplimiento en fecha (10 de junio 2010) y forma a la sentencia. Dicha página, dice la Corte, deberá contener datos verídicos sobre las mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993 y hasta la fecha, así como el estado que guardan las investigaciones al respecto. Lo que queda claro es que: nadie sabe dónde quedó la paginita y que por reuniones, búsqueda y consulta a especialistas, no pararán.
Para rematar, la semana que concluye, el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, muestra la falta de respeto que le merecen los derechos humanos, al llamar “tonto útil”, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero además, deja claro que el trabajo hecho por Soberanes (quien estuvo al frente de la Comisión durante una década), no está teniendo frutos para su sucesor.
La CNDH es la instancia más cuestionada por el colaboracionismo con las autoridades para cubrir las violaciones de derechos humanos durante el mandato de José Luis Soberanes, a tal grado, que la designación de su actual presidente, Raúl Plascencia Villanueva, fue interpretada como un seguimiento claro a esta sumisión.
No queda claro si este desencuentro entre la CNDH y Segob, marcará el inicio de la independencia de la instancia que debe proteger los derechos humanos, o se quedará en un exabrupto sin más consecuencias, despejaremos la duda con el tiempo.
Lucía Lagunes Huerta es periodista mexicana, directora general de CIMAC.
Fuente
La semana que terminó concluye muy mal para los derechos humanos de las mujeres y de todos. Por un lado las autoridades resumen que la sentencia de Campo Algodonero sobre el feminicidio en ese predio en Ciudad Juárez así como las dos sentencias anteriores, la del caso Radilla y el de Castañeda, más las que vengan, están lejos de cumplirse.
Primero, dicen, porque no existe un fondo económico para ello y, segundo, porque no hay una ley que permita al actual gobierno coordinarse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Aún peor, para el responsable de la coordinación de acciones, José Antonio Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), “gobernación coordina autoridades federales y estatales para cumplir con la sentencia, pero no implica responsabilidad federal”.
Para el caso concreto del Campo Algodonero, el actual gobierno mexicano no cuenta con 851 mil dólares para reparar del daño para las víctimas y cubrir los gastos y costas del juicio, monto definido en la sentencia de la CoIDH.
Después de tres días donde autoridades locales y federales rindieron cuentan ante legisladoras, organizaciones civiles e instancias internacionales, convocadas por la Comisión Especial de Feminicidio, lo que quedó claro es que pese a lo que digan, no hay coordinación entre las instancias responsables para cumplir la sentencia.
Durante siete meses la sentencia se ha dirimido entre autoridades federales y locales en ver qué le toca hacer a quién. Por ejemplo: el monto para la reparación del daño. Según autoridades estatales, la primera propuesta era que el pago tendría que salir del gobierno estatal, cosa que no le pareció y propuso que se dividiera con el gobierno federal.
Finalmente, la segunda propuesta fue la del consenso, pero ¿de dónde se obtiene el recurso? se preguntan las autoridades de la Secretaría de Gobernación, ¿dónde recae la coordinación para el cumplimiento de la sentencia?
Otro gran dilema que en estos siete meses ha ocupado a las autoridades es cómo pedir perdón. De acuerdo con la sentencia, las máximas autoridades del país tendrán que pedir perdón, en un acto público, por los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal; Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, así como las ciento de víctimas de feminicidio ocurridas en Chihuahua desde 1993.
Hasta el día de hoy no se sabe cómo y quién será la “máxima” autoridad encargada de hacerlo.
Ni que decir del memorial de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, el cual deberá construirse en el predio denominado Campo Algodonero. La buena noticia es que el predio es del gobierno federal, la mala, es que para lograr construir el memorial se está haciendo una investigación exhaustiva de otros memoriales para saber cuál es el que mejor cuadra para Ciudad Juárez.
Para lograr todos estos resultados, autoridades locales y federales, así como los abogados de las víctimas, han mantenido cuatro reuniones, desde que en noviembre de 2009 la Corte emitió la sentencia.
Lo peor fue al intentar saber si existía una página o no que dé cumplimiento en fecha (10 de junio 2010) y forma a la sentencia. Dicha página, dice la Corte, deberá contener datos verídicos sobre las mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993 y hasta la fecha, así como el estado que guardan las investigaciones al respecto. Lo que queda claro es que: nadie sabe dónde quedó la paginita y que por reuniones, búsqueda y consulta a especialistas, no pararán.
Para rematar, la semana que concluye, el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, muestra la falta de respeto que le merecen los derechos humanos, al llamar “tonto útil”, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero además, deja claro que el trabajo hecho por Soberanes (quien estuvo al frente de la Comisión durante una década), no está teniendo frutos para su sucesor.
La CNDH es la instancia más cuestionada por el colaboracionismo con las autoridades para cubrir las violaciones de derechos humanos durante el mandato de José Luis Soberanes, a tal grado, que la designación de su actual presidente, Raúl Plascencia Villanueva, fue interpretada como un seguimiento claro a esta sumisión.
No queda claro si este desencuentro entre la CNDH y Segob, marcará el inicio de la independencia de la instancia que debe proteger los derechos humanos, o se quedará en un exabrupto sin más consecuencias, despejaremos la duda con el tiempo.
Lucía Lagunes Huerta es periodista mexicana, directora general de CIMAC.
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