México: ¿Será hoy la próxima balacera?
viernes 2 de septiembre de 2011
Jacinto Granda (PL)
Las balaceras con armas de alto poder de fuego, mayoritariamente procedentes de Estados Unidos, son comunes en México, con su saldo de muertes, expresión del drama que conmueve hoy a todo el país.
Han ocurrido tiroteos en lugares tan aparentemente apacibles como la puerta de una escuela y la entrada a un estadio de fútbol, este último condenado el 22 de agosto por el presidente Felipe Calderón en el contexto de la visita de Laura Chinchilla, la mandataria costarricense.
A estos dos sucesos se une la más reciente irrupción de criminales que portaban armas largas en un casino en Monterrey, el cual fue incendiado con el resultado de 52 personas muertas. Han sido arrestados cinco hombres, que dijeron ser miembros del sanguinario cártel mexicano Los Zetas.
El crimen organizado mexicano, que en este caso arremetió porque los dueños se negaron a pagar extorsiones, se caracteriza por su extrema violencia, que tiene escalofriantes pasajes como las masacres de emigrantes, ciudadanos y rivales, cuyas víctimas a cada rato aparecen enterradas en fosas comunes.
El caso de uno de esos ejecutores es el de El Compayito, jefe del la banda La Mano con Ojos, quien confesó tranquilamente su participación en 600 asesinatos.
Otro, quizás más escalofriante aún, es el de El Ponchis, un sicario de 14 años, quien degolló a cuatro personas.
Ambos son solo ejemplos de una conducta que se repite en muchos integrantes de los poderosos cárteles de narcotraficantes y otras bandas delictivas que operan en casi toda la nación.
Un nuevo término comenzó a usarse, el narcoterrorismo, para denominar a esos sangrientos sucesos.
En los últimos seis años se calcula la muerte de unas 50 mil personas en la ola criminal que inunda al país.
Pero, obviamente, esos actos son posibles por la posesión de armas de alto poder de fuego en manos de la delincuencia.
Entre esos instrumentos de muerte se incluyen fusiles, ametralladoras, granadas, bazucas y hasta lanzacohetes.
Esa fuerza mortífera en posesión de los criminales les permite con la mayor eficacia asaltar a civiles, combatir a sus enemigos y enfrentar a las autoridades. Además de exacerbar el sentido de poder que a los delincuentes les da poseer estos instrumentos de muerte.
Esas armas para los criminales mexicanos entran al país procedentes mayoritariamente de Estados Unidos a través del llamado "tráfico hormiga", un apelativo que caracteriza muy bien por su constancia a ese bastante impune comercio.
Tanto fuentes oficiales mexicanas como estadounidenses coinciden en que entre el 70 y el 80 por cientos de las armas que posee el crimen organizado en México llegó desde Estados Unidos. Incluso, otras versiones aseguran que esa cantidad es aún mayor.
Durante el pasado año, las autoridades mexicanas ocuparon casi 30 mil armas a las bandas delictivas.
Pero el flujo de las que pasaron por esa ruta en el 2010 ascendió a unas dos mil cada día, según un cálculo del Instituto Brookings, publicado por el diario Excelsior.
Entre las que cruzan a territorio mexicano se encuentran las dos mil autorizadas por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, durante la fallida operación denominada Rápido y Furioso.
La raíz de todo es que la venta libre de armas proporciona multimillonarias ganancias para los productores y las armerías estadounidenses. Entre más letales, más caras.
Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo y el narcotráfico a través de la frontera entre ambos países proporciona suficiente dinero para comprar el armamento. El presidente Felipe Calderón, otros integrantes del Gobierno y del Congreso, así como numerosos representantes de sectores civiles mexicanos, han denunciado reiteradamente ese tráfico y exigido a la Administración estadounidense que tome medidas urgentes para suprimirlo.
Estos culpan a Estados Unidos por ser también responsable de la delincuencia y la violencia en México, tanto por su alta demanda de drogas, como por abastecer el armamento de los delincuentes.
Todos esos reclamos mexicanos, apoyados por otras muchas personas en los propios Estados Unidos y en el mundo, provocaron una declaración del presidente Barak Obama en el sentido de que se tomarían medidas contra el tráfico de estas armas.
Es así que recientemente entró en vigor una normativa según la cual las armerías en California, Arizona, Nuevo México y Texas deberán reportar a cualquier persona que compre más de dos rifles semiautomáticos de calibre superior al 22.
Se calcula que hay aproximadamente ocho mil armerías en esos cuatro estados fronterizos con México.
Sin embargo, esa medida de la Administración estadounidense es considerada por numerosos observadores como la conocida "curita de mercurocromo" ante un problema tan grave.
Alegan que es muy fácil vulnerarla por los comerciantes y los compradores de armas, ya que pueden no informarse ventas por parte de los primeros y comprar una, pero hacerlo en varia armerías, por parte de los segundos.
Además, únicamente comprende una pequeña parte del territorio estadounidense, por lo que en última instancia sólo servirá para que las armas se adquieran en comercios más alejados de la frontera.
No obstante, hasta esa exigua normativa provocó una gran oposición por parte de la Asociación Nacional del Rifle y los dueños de las armerías, que entablan procesos judiciales para suprimirla.
Mientras, el ciudadano mexicano puede preguntarse angustiado al despertar cada día: ¿será hoy la próxima balacera?
Fuente
Jacinto Granda (PL)
Las balaceras con armas de alto poder de fuego, mayoritariamente procedentes de Estados Unidos, son comunes en México, con su saldo de muertes, expresión del drama que conmueve hoy a todo el país.
Han ocurrido tiroteos en lugares tan aparentemente apacibles como la puerta de una escuela y la entrada a un estadio de fútbol, este último condenado el 22 de agosto por el presidente Felipe Calderón en el contexto de la visita de Laura Chinchilla, la mandataria costarricense.
A estos dos sucesos se une la más reciente irrupción de criminales que portaban armas largas en un casino en Monterrey, el cual fue incendiado con el resultado de 52 personas muertas. Han sido arrestados cinco hombres, que dijeron ser miembros del sanguinario cártel mexicano Los Zetas.
El crimen organizado mexicano, que en este caso arremetió porque los dueños se negaron a pagar extorsiones, se caracteriza por su extrema violencia, que tiene escalofriantes pasajes como las masacres de emigrantes, ciudadanos y rivales, cuyas víctimas a cada rato aparecen enterradas en fosas comunes.
El caso de uno de esos ejecutores es el de El Compayito, jefe del la banda La Mano con Ojos, quien confesó tranquilamente su participación en 600 asesinatos.
Otro, quizás más escalofriante aún, es el de El Ponchis, un sicario de 14 años, quien degolló a cuatro personas.
Ambos son solo ejemplos de una conducta que se repite en muchos integrantes de los poderosos cárteles de narcotraficantes y otras bandas delictivas que operan en casi toda la nación.
Un nuevo término comenzó a usarse, el narcoterrorismo, para denominar a esos sangrientos sucesos.
En los últimos seis años se calcula la muerte de unas 50 mil personas en la ola criminal que inunda al país.
Pero, obviamente, esos actos son posibles por la posesión de armas de alto poder de fuego en manos de la delincuencia.
Entre esos instrumentos de muerte se incluyen fusiles, ametralladoras, granadas, bazucas y hasta lanzacohetes.
Esa fuerza mortífera en posesión de los criminales les permite con la mayor eficacia asaltar a civiles, combatir a sus enemigos y enfrentar a las autoridades. Además de exacerbar el sentido de poder que a los delincuentes les da poseer estos instrumentos de muerte.
Esas armas para los criminales mexicanos entran al país procedentes mayoritariamente de Estados Unidos a través del llamado "tráfico hormiga", un apelativo que caracteriza muy bien por su constancia a ese bastante impune comercio.
Tanto fuentes oficiales mexicanas como estadounidenses coinciden en que entre el 70 y el 80 por cientos de las armas que posee el crimen organizado en México llegó desde Estados Unidos. Incluso, otras versiones aseguran que esa cantidad es aún mayor.
Durante el pasado año, las autoridades mexicanas ocuparon casi 30 mil armas a las bandas delictivas.
Pero el flujo de las que pasaron por esa ruta en el 2010 ascendió a unas dos mil cada día, según un cálculo del Instituto Brookings, publicado por el diario Excelsior.
Entre las que cruzan a territorio mexicano se encuentran las dos mil autorizadas por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, durante la fallida operación denominada Rápido y Furioso.
La raíz de todo es que la venta libre de armas proporciona multimillonarias ganancias para los productores y las armerías estadounidenses. Entre más letales, más caras.
Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo y el narcotráfico a través de la frontera entre ambos países proporciona suficiente dinero para comprar el armamento. El presidente Felipe Calderón, otros integrantes del Gobierno y del Congreso, así como numerosos representantes de sectores civiles mexicanos, han denunciado reiteradamente ese tráfico y exigido a la Administración estadounidense que tome medidas urgentes para suprimirlo.
Estos culpan a Estados Unidos por ser también responsable de la delincuencia y la violencia en México, tanto por su alta demanda de drogas, como por abastecer el armamento de los delincuentes.
Todos esos reclamos mexicanos, apoyados por otras muchas personas en los propios Estados Unidos y en el mundo, provocaron una declaración del presidente Barak Obama en el sentido de que se tomarían medidas contra el tráfico de estas armas.
Es así que recientemente entró en vigor una normativa según la cual las armerías en California, Arizona, Nuevo México y Texas deberán reportar a cualquier persona que compre más de dos rifles semiautomáticos de calibre superior al 22.
Se calcula que hay aproximadamente ocho mil armerías en esos cuatro estados fronterizos con México.
Sin embargo, esa medida de la Administración estadounidense es considerada por numerosos observadores como la conocida "curita de mercurocromo" ante un problema tan grave.
Alegan que es muy fácil vulnerarla por los comerciantes y los compradores de armas, ya que pueden no informarse ventas por parte de los primeros y comprar una, pero hacerlo en varia armerías, por parte de los segundos.
Además, únicamente comprende una pequeña parte del territorio estadounidense, por lo que en última instancia sólo servirá para que las armas se adquieran en comercios más alejados de la frontera.
No obstante, hasta esa exigua normativa provocó una gran oposición por parte de la Asociación Nacional del Rifle y los dueños de las armerías, que entablan procesos judiciales para suprimirla.
Mientras, el ciudadano mexicano puede preguntarse angustiado al despertar cada día: ¿será hoy la próxima balacera?
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