Luchadores sociales en peligro

Por Martín Esparza Flores /
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Martín Esparza Flores
América Latina

Por todo el continente se sigue derramando la sangre de los luchadores sociales que se oponen al despojo de los pueblos originarios y comunidades campesinas, así como a la sistemática agresión a los derechos humanos, por la rapiña de empresas trasnacionales interesadas en arrebatarles sus territorios y recursos naturales para fomentar proyectos hidroeléctricos y mineros que además de orillarlos a la pobreza extrema ocasionan devastaciones enteras a los entornos ecológicos.
El pasado 3 de marzo, Berta Cáceres, emblemática defensora de las comunidades lencas de Honduras, fue asesinada a mansalva por sicarios que se introdujeron en su domicilio ubicado en la localidad de La Esperanza, a 200 kilómetros de Tegucigalpa, quienes atentaron además contra el activista mexicano Gustavo Castro Soto, fundador de la organización Otros Mundos Chiapas, quien se encontraba en el país centroamericano ofreciendo talleres de análisis de megaproyectos mineros e hidroeléctricos.
Castro Soto únicamente resultó herido por lo que, para las autoridades hondureñas, más que un testigo protegido se convirtió en un testigo incómodo pues se le impidió salir de ese país, días después de la muerte de la activista, pese a haber rendido su declaración, de la cual no se le entregó copia alguna, debiendo ser resguardado por las instancias consulares. Para el gobierno hondureño, el que el mexicano esté vivo representa un riesgo de denuncia permanente al ambiente de represión que se vive en aquel país desde hace varios años, pues ahora más que nunca se hace evidente que las autoridades nunca acataron las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para brindar protección a la luchadora social, a pesar de las reiteradas amenazas y persecuciones en su contra.
En un comunicado, la familia de la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras señaló que las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretende alterar el cauce del Río Gualcarque, despojando de sus tierras a las comunidades lencas, con la construcción de una represa. Cáceres había logrado parar el atropello y desalentar la participación del poderoso consorcio chino Sinohydro.
En México, este ambiente de represión y hostigamiento por la criminalización de la lucha social se ha manifestado en el encarcelamiento sufrido por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas como Miguel Márquez Ríos, Jorge Eulises Uribe Gaona y diez compañeros más, a los que el gobierno de Felipe Calderón fabricó inexistentes delitos; igual situación enfrentan la líder de las policías comunitarias de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado; el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles; como también lo padeció en su momento el dirigente de la tribu yaqui, Mario Luna Romero. Lamentable que en nuestro país existan presos políticos.

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