CFE y los personeros de los intereses creados II. Nevárez y los despojos del Edomex
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*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN CONTRALÍNEA] [D] [SEMANA]
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El costo social
de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, que implicó el
despojo de tierras comunales en municipios del Estado de México, no
logró subsanarse con la entrega de millones de pesos a supuestos
representantes de comunidades como San Jerónimo Acazulco y Santa María
La Asunción Tepezoyuca, ubicadas en Ocoyoacac.
Sería bueno que los encargados de la
Función Pública echen un vistazo al juicio agrario 226/2018, promovido
por campesinos afectados en contra del actual director de Distribución
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guillermo Nevárez
Elizondo, quien en octubre de 2015 desempeñaba el cargo de director
general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se enteren a detalle de las
tropelías cometidas por el ahora funcionario gubernamental en contra de
más de 500 comuneros y sus familias.
Nevárez pisoteó lo mismo derechos
agrarios que devastó zonas ecológicas como en la comunidad de San
Lorenzo Acopilco, delegación Milpa Alta en la Ciudad de México. El
encargo de su entonces jefe superior, Gerardo Ruiz Esparza, era
continuar los trabajos de la todavía inconclusa obra, al precio que
fuera.
La resistencia de las comunidades
originarias tenía sólidos fundamentos, pues la obra era una amenaza a su
régimen de propiedad comunal pero también a los ecosistemas de la
región. La primera estrategia para iniciar el despojo de estas
comunidades fue invocar por parte de los funcionarios de la SCT el
decreto de 1958, que permitió el tendido de líneas de transmisión de la
CFE, en la llamada red de la Ciudad de México-Ixtapaltongo.
El plan inicial de Ruiz Esparza era
argumentar el uso legal de la zona comprendida en la Servidumbre de Paso
–140 metros de ancho– para instalar los pilares que sostendrían las
vías, pero como los comuneros iniciaron su lucha por la defensa de sus
tierras, los funcionarios de la SCT decidieron buscar la forma de
comprar voluntades para echar mano de la figura jurídica de “Transmisión
de la Tierra”, para continuar sin problemas los trabajos.
En las demandas que se ventilan en el
Tribunal Unitario Agrario de los Distritos 9 en Toluca y 8 en la CDMX,
se detallan las irregularidades avaladas por las autoridades del
Tribunal Agrario y ciertos notarios. Por ejemplo, que en la primera
convocatoria para considerar legal la asamblea de la comunidad, deben
estar presentes el 75 por ciento de sus miembros inscritos en el censo
del Registro Agrario Nacional (RAN); y en la segunda convocatoria, al
menos el 50 por ciento.
Como lo comprobaron en su demanda los
afectados, en ambos casos apenas y se contó con la presencia del 20 por
ciento de los comuneros, por lo que tanto las autoridades agrarias como
los notarios debieron establecer con precisión que no se cumplía con los
requisitos de ley.
Con la encomienda de doblar la
resistencia de los habitantes de las comunidades, el entonces titular de
Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez se
apoyó en otros funcionarios de la dependencia, también señalados como
responsables del despojo de tierras a las comunidades, entre estos
figuran el director adjunto de Regulación Económica y el director de
Planeación, Evaluación y Proyectos Ferroviarios, que ayudaron a Nevárez
Elizondo a echar mano de gente ajena a los pueblos afectados.
De acuerdo con lo contenido en el juicio
agrario instaurado contra los exfuncionarios de la SCT del pasado
sexenio, el 20 de octubre de 2015 se dio por concluido el convenio de
transmisión de derechos de posesión. Tanto a Ruiz Esparza como a Nevárez
poco les importó que la obra del tren interurbano careciera de los
estudios de impacto ambiental. Además, siendo un estado gobernador por
el PRI, era cuestión de mero trámite el uso de la fuerza pública para
amedrentar y reprimir a los comuneros.
Será interesante preguntar al actual
director de Distribución de la CFE bajo qué concepto salieron los
recursos para comprar conciencias y la voluntad de unos cuantos
comuneros que, como en el caso de Santa María La Asunción Tepezoyuca,
permitieron que Valente Lira Hernández, ajeno al poblado, cobrara un
cheque por la cantidad de 69 millones 560 mil 937 pesos con 48 centavos.
Otros tres cheques por 293 millones y
223 millones 343 mil pesos y 800 mil pesos, fueron entregados y
expedidos a nombre de Marcelino Pascual Nevárez de la O, cubriendo a los
afectados de San Jerónimo Acazulco. Se estima que de los 500 miembros
de ambas comunidades, menos de cien accedieron a prestarse al despojo
organizado por los exfuncionarios de la CFE. El resto ni siquiera se
enteró de la consumación del fraude cometido a sus espaldas.
Todos los documentos cobrados salieron
de la cuenta HSBC sucursal 3817 de Plaza Metrópoli de la CDMX, a nombre
de “SCT PROYECTO TREN INTERURBANO ME”.
Seguramente ni el titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza, ni su director de Transporte Ferroviario y
Multimodal pensaron que su partido perdería la Presidencia de la
República en las elecciones de 2018 y con el ilegal acuerdo con un grupo
minoritario de comuneros dieron por cerrado el despojo.
De hecho, fue tal la prepotencia de los
encargados de seguir adelante con el tren interurbano que ignoraron la
suspensión 118/2017 expedida a favor de las comunidades por el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que
dio la orden de detener los trabajos. Desde entonces, existió la
percepción de las autoridades judiciales de que las cosas en la obra no
iban por el sendero de la legalidad.
Los afectados se están dando a la tarea,
además, de solicitar a través de los mecanismos de transparencia los
conceptos por medio de los cuales Ruiz Esparza y Nevárez extrajeron de
los recursos públicos los montos millonarios para cometer el atropello
agrario en su contra.
El actual funcionario de la CFE tendrá
que explicar en el juicio el por qué consintió la entrega de recursos
públicos a personajes que carecían de la personalidad jurídica para
representar a los comuneros, como han acusado los afectados, es el caso
de Valente Lira Hernández. El fallo de las autoridades podría anular el
procedimiento y proceder además a fincar responsabilidades al propio
extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Si se recupera el estado de derecho en
la lucha de las comunidades mexiquenses, la CFE podrá quedarse sin su
director de Distribución. (Continuará)
Martín Esparza Flores**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN CONTRALÍNEA] [D] [SEMANA]
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