Luchas obreras y resistencia/y II
Martes, 13 de Julio de 2010 00:00
Escrito por Marco Aurelio Palma Apodaca Al violarse los derechos laborales de las y los trabajadores de LFC se han puesto en riesgo los derechos a la seguridad social, a la alimentación, la salud y al disfrute y participación de los bienes culturales, contemplados en los artículos 9, 10, 12 y 14 del Protocolo de San Salvador y 9, 12 y 15 del Pidesc.
No sólo los instrumentos internacionales de derechos humanos se vieron vulnerados con este acto, el decreto es violatorio de los artículos 5, 14, 16, 123 constitucionales, y de varios de la Ley Federal el Trabajo.
Asimismo, cabe enfatizar la declaración de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”, del 10 de noviembre del 2009, en la cual se resalta que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, reconoció que el salario promedio en LFC era de 6 mil 600 pesos al mes, con lo que se contradice el ataque mediático que sostenía que uno de los grandes problemas de la empresa eran las exorbitantes cantidades destinadas a pagar los sueldos de los trabajadores (13.5 por ciento de los egresos de la compañía).
También se hace referencia a la campaña de descrédito que el gobierno mantiene contra el SME, al señalar que la mayoría de los medios de comunicación han colocado toda la carga en los empleados ignorando la responsabilidad de quienes han administrado la empresa.
Asimismo, las redes sociales y sindicatos de la energía de Canadá y Quebec han condenado las actuaciones del gobierno mexicano al emitir un decreto de extinción sin la autorización obligada del Congreso de la Unión, el despido sin previa autorización judicial de más de 44 mil trabajadores y la vulneración de los derechos de más de 15 mil jubiladas y jubilados.
Se condena el hecho de que la acción unilateral del gobierno para liquidar a LFC, crea las condiciones para fusionar las instalaciones y activos de la entidad con la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de entregarlos al sector privado; se condena también el acto por ser un atentado en contra de la empresa pública y los derechos de los trabajadores; en contra de la seguridad social, del derecho humano a un proyecto de vida, de la integridad y dignidad de los trabajadores reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por vulnerar los derechos consagrados en la OIT, al empleo, a la libertad sindical y a la contratación colectiva.
Señala de forma enérgica que igualmente se ha quebrantado el estado de derecho, agravando el descontento social producido por la crisis económica actual.
Ante dicha situación el SME ha manifestado su intención de presentar quejas ante instancias internacionales tales como la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No ha habido acceso a la justicia para las y los trabajadores de LFC en virtud de que la única resolución fallada en su caso ha sido la del juicio de garantías y en el sentido de negar el amparo y justicia de la Unión, resolución que no fue exhaustiva.
Del resto de las vías es preocupante que ni siquiera llegue a ser estudiado el fondo, sino que desde un principio, por cuestiones más bien formales o políticas, los recursos son desechados.
En una sociedad democrática no puede ser el mismo poder, en este caso el Ejecutivo, el que determine la constitucionalidad de sus actos, se requiere de un Poder Judicial sólido que pueda actuar como contrapeso efectivo.
En carta dirigida a Alberto Brunori, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el caso de Luz y Fuerza del Centro, se señalaron tres elementos en el sentido de que el decreto presidencial, es un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza es la discriminación, entre otros, por motivos antisindicales, violatoria del artículo 6 del Pidesc y de los derechos humanos laborales, por igual señala las obligaciones fundamentales para el Estado mexicano incluyen como mínimo: b) Evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación y del trato desigual en los sectores público y privado. En particular, la obligación de respetar el derecho de las mujeres y los jóvenes a acceder a un trabajo digno y, por tanto, de adoptar medidas para combatir la discriminación y promover la igualdad de acceso y de oportunidades (23), ya que “las personas jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, tienen en general grandes dificultades para encontrar un primer empleo.
Aquí, la falta de respeto incluye a 16 mil 489 trabajadores del sector público de LyFC, hombres y mujeres, menores de 35 años. Podemos decir que el SME se mantiene en pie de lucha y en todos los frentes.
En el terreno legal está reconocida la personalidad jurídica individual y colectiva para demandar, entre otros derechos, la sustitución patronal que mantenga vigente el contrato colectivo y el sindicato, asimismo los compañeros que se mantienen en huelga de hambre, y cumple más de 80 días, siguen firmes y al pendiente de la próximas asambleas, movilizaciones y acciones a seguir.
Es importante expresar nuestra solidaridad de manera activa con los y las electricistas visitando y haciendo guardia en el campamento de la huelga de hambre en el zócalo de la ciudad de México, o en todas las formas y modos posibles, y que nuestra conciencia los acompañe en su lucha.
cidhmorelos@gmail.com, marcopalma2004@yahoo.com.mx, http://cidhmorelos.wordpress.com
Fuente
Escrito por Marco Aurelio Palma Apodaca Al violarse los derechos laborales de las y los trabajadores de LFC se han puesto en riesgo los derechos a la seguridad social, a la alimentación, la salud y al disfrute y participación de los bienes culturales, contemplados en los artículos 9, 10, 12 y 14 del Protocolo de San Salvador y 9, 12 y 15 del Pidesc.
No sólo los instrumentos internacionales de derechos humanos se vieron vulnerados con este acto, el decreto es violatorio de los artículos 5, 14, 16, 123 constitucionales, y de varios de la Ley Federal el Trabajo.
Asimismo, cabe enfatizar la declaración de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”, del 10 de noviembre del 2009, en la cual se resalta que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, reconoció que el salario promedio en LFC era de 6 mil 600 pesos al mes, con lo que se contradice el ataque mediático que sostenía que uno de los grandes problemas de la empresa eran las exorbitantes cantidades destinadas a pagar los sueldos de los trabajadores (13.5 por ciento de los egresos de la compañía).
También se hace referencia a la campaña de descrédito que el gobierno mantiene contra el SME, al señalar que la mayoría de los medios de comunicación han colocado toda la carga en los empleados ignorando la responsabilidad de quienes han administrado la empresa.
Asimismo, las redes sociales y sindicatos de la energía de Canadá y Quebec han condenado las actuaciones del gobierno mexicano al emitir un decreto de extinción sin la autorización obligada del Congreso de la Unión, el despido sin previa autorización judicial de más de 44 mil trabajadores y la vulneración de los derechos de más de 15 mil jubiladas y jubilados.
Se condena el hecho de que la acción unilateral del gobierno para liquidar a LFC, crea las condiciones para fusionar las instalaciones y activos de la entidad con la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de entregarlos al sector privado; se condena también el acto por ser un atentado en contra de la empresa pública y los derechos de los trabajadores; en contra de la seguridad social, del derecho humano a un proyecto de vida, de la integridad y dignidad de los trabajadores reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por vulnerar los derechos consagrados en la OIT, al empleo, a la libertad sindical y a la contratación colectiva.
Señala de forma enérgica que igualmente se ha quebrantado el estado de derecho, agravando el descontento social producido por la crisis económica actual.
Ante dicha situación el SME ha manifestado su intención de presentar quejas ante instancias internacionales tales como la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No ha habido acceso a la justicia para las y los trabajadores de LFC en virtud de que la única resolución fallada en su caso ha sido la del juicio de garantías y en el sentido de negar el amparo y justicia de la Unión, resolución que no fue exhaustiva.
Del resto de las vías es preocupante que ni siquiera llegue a ser estudiado el fondo, sino que desde un principio, por cuestiones más bien formales o políticas, los recursos son desechados.
En una sociedad democrática no puede ser el mismo poder, en este caso el Ejecutivo, el que determine la constitucionalidad de sus actos, se requiere de un Poder Judicial sólido que pueda actuar como contrapeso efectivo.
En carta dirigida a Alberto Brunori, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el caso de Luz y Fuerza del Centro, se señalaron tres elementos en el sentido de que el decreto presidencial, es un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza es la discriminación, entre otros, por motivos antisindicales, violatoria del artículo 6 del Pidesc y de los derechos humanos laborales, por igual señala las obligaciones fundamentales para el Estado mexicano incluyen como mínimo: b) Evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación y del trato desigual en los sectores público y privado. En particular, la obligación de respetar el derecho de las mujeres y los jóvenes a acceder a un trabajo digno y, por tanto, de adoptar medidas para combatir la discriminación y promover la igualdad de acceso y de oportunidades (23), ya que “las personas jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, tienen en general grandes dificultades para encontrar un primer empleo.
Aquí, la falta de respeto incluye a 16 mil 489 trabajadores del sector público de LyFC, hombres y mujeres, menores de 35 años. Podemos decir que el SME se mantiene en pie de lucha y en todos los frentes.
En el terreno legal está reconocida la personalidad jurídica individual y colectiva para demandar, entre otros derechos, la sustitución patronal que mantenga vigente el contrato colectivo y el sindicato, asimismo los compañeros que se mantienen en huelga de hambre, y cumple más de 80 días, siguen firmes y al pendiente de la próximas asambleas, movilizaciones y acciones a seguir.
Es importante expresar nuestra solidaridad de manera activa con los y las electricistas visitando y haciendo guardia en el campamento de la huelga de hambre en el zócalo de la ciudad de México, o en todas las formas y modos posibles, y que nuestra conciencia los acompañe en su lucha.
cidhmorelos@gmail.com, marcopalma2004@yahoo.com.mx, http://cidhmorelos.wordpress.com
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