La Suprema Corte mexicana acepta revisar amparo de trabajadores electricistas
La Suprema Corte de México aceptó hoy revisar el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) por el que fueron despedidos 44.500 trabajadores en octubre de 2009.
Los magistrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron "reasumir" su competencia y revisar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en enero pasado por los electricistas.
Este recurso fue rechazado en noviembre pasado por la juez de distrito Guillermina Coutiño, con el que les niega a los electricistas un amparo.
El Supremo considera que dicha resolución no es válida, toda vez que los tribunales colegiados no tienen la facultad de analizar un caso de inconstitucionalidad y que este tema solo corresponde al alto tribunal.
"Al reasumir la SCJN la competencia originaria, permite que se resuelvan de forma integral todos los planteamientos que comprende el asunto, inclusive los de legalidad y de procedencia del juicio de amparo", señala el comunicado.
En enero pasado, la defensa legal del SME solicitó a la Corte Suprema ejercer su facultad de atracción para resolver de forma definitiva el amparo promovido.
De igual forma, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) solicitó al alto tribunal atraer el caso con el fin de determinar si el decreto de la desaparición de Luz y Fuerza se realizó conforme a derecho constitucional.
No obstante, los magistrados aclararon hoy que el caso se atrajo por competencia y no por la solicitud de la PGR.
"La segunda sala no ejerce la facultad de atracción que solicitó el procurador general de la República", aclara el documento, en el que añade que "la naturaleza misma del amparo es suficiente para que conozca del asunto".
Los ex trabajadores consideran que el decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza forma parte de una estrategia de intereses políticos y económicos bajo el argumento de ineficacia operativa y administrativa, pero, sobre todo, aseguran que viola sus derechos laborales.
El pasado 11 de octubre el Gobierno federal decretó la extinción de la empresa LyFC y despidió a los 44.500 electricistas afiliados al SME, que atendía a unos 26 millones de personas en el centro del país.
Desde esa fecha el Gobierno mexicano inició la liquidación de los ex trabajadores electricistas, pero alrededor de 15.000 mantienen su resistencia mediante movilizaciones y acciones legales contra la desaparición de la empresa.
Fuente
Los magistrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron "reasumir" su competencia y revisar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en enero pasado por los electricistas.
Este recurso fue rechazado en noviembre pasado por la juez de distrito Guillermina Coutiño, con el que les niega a los electricistas un amparo.
El Supremo considera que dicha resolución no es válida, toda vez que los tribunales colegiados no tienen la facultad de analizar un caso de inconstitucionalidad y que este tema solo corresponde al alto tribunal.
"Al reasumir la SCJN la competencia originaria, permite que se resuelvan de forma integral todos los planteamientos que comprende el asunto, inclusive los de legalidad y de procedencia del juicio de amparo", señala el comunicado.
En enero pasado, la defensa legal del SME solicitó a la Corte Suprema ejercer su facultad de atracción para resolver de forma definitiva el amparo promovido.
De igual forma, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) solicitó al alto tribunal atraer el caso con el fin de determinar si el decreto de la desaparición de Luz y Fuerza se realizó conforme a derecho constitucional.
No obstante, los magistrados aclararon hoy que el caso se atrajo por competencia y no por la solicitud de la PGR.
"La segunda sala no ejerce la facultad de atracción que solicitó el procurador general de la República", aclara el documento, en el que añade que "la naturaleza misma del amparo es suficiente para que conozca del asunto".
Los ex trabajadores consideran que el decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza forma parte de una estrategia de intereses políticos y económicos bajo el argumento de ineficacia operativa y administrativa, pero, sobre todo, aseguran que viola sus derechos laborales.
El pasado 11 de octubre el Gobierno federal decretó la extinción de la empresa LyFC y despidió a los 44.500 electricistas afiliados al SME, que atendía a unos 26 millones de personas en el centro del país.
Desde esa fecha el Gobierno mexicano inició la liquidación de los ex trabajadores electricistas, pero alrededor de 15.000 mantienen su resistencia mediante movilizaciones y acciones legales contra la desaparición de la empresa.
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