La Industria eléctrica: de 1960 a la actual
01 de Octubre de 2011.
Abismal diferencia
Por Martín Esparza Flores
Hace 51 años, cuando el suministro de energía eléctrica apenas llegaba al 40 por ciento de la población mexicana, a través de un servicio deficiente y tarifas inaccesibles impuestas por empresas extranjeras, el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, concretando la histórica acción con un movimiento al que se volcó en masa el pueblo de México el 27 de septiembre de 1960, que abarrotó el Zócalo de la ciudad de México.
Los objetivos eran claros: transformar la industria eléctrica para ser el detonante del desarrollo económico, con un beneficio social directo al pueblo, mediante el cobro de tarifas justas.
Y para que no existieran lagunas jurídicas sobre el manejo de la misma, se agregó al párrafo sexto del artículo 27 constitucional el siguiente texto: “Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Por quince años, la medida nacionalista adoptada por López Mateos apuntaló el desarrollo sostenido del país y logró una capacidad de generación de energía, suficiente para atender la demanda interna, pero tras las crisis económicas registradas sobre todo a finales de la década de 1970 y durante la de 1980, organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se aliaron con gobierno de corte neoliberal para impulsar en nuestro país reformas como la realizada en 1992, por Carlos Salinas de Gortari, a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que abrió las puertas para la generación de energía eléctrica a particulares, mediante la figura de “productores independientes”, violando flagrantemente con ello el artículo 27 de nuestra Constitución.
Este revés histórico en contra de los intereses del pueblo y de la nación se acrecentó con la llegada de los gobiernos panistas al poder en que las trasnacionales empezaron a apoderarse paulatinamente de la generación de energía en México; de acuerdo a datos oficiales, al 31 de agosto del 2011 la Comisión Reguladora de Energía indica que se han otorgado 620 permisos a firmas extranjeras como Iberdrola o Unión Fenosa, entre otras muchas.
Para las trasnacionales el negocio otorgado por los panistas ha sido un jugoso botín, como lo demuestra el siguiente dato: de 2001 a 2009, la Comisión Federal de Electricidad ha transferido a las empresas extranjeras 268 mil millones de pesos como pago por la electricidad que generan en sus plantas, y que de acuerdo con los contratos firmados por la Empresa de Clase Mundial, está obligada a comprarles.
¿Cuánto pagaremos los mexicanos por esta antinacionalista política neoliberal en nuestro sector eléctrico? Nada menos que 1,3 billones de pesos en los próximos 25 años. Al día de hoy, las trasnacionales ya controlan el 50 por ciento de la capacidad total de generación de energía en el país trayendo como consecuencia no sólo un multimillonario quebranto financiero a las finanzas públicas, sino un escandaloso encarecimiento en las tarifas de energía para la población en su conjunto.
Tan sólo para amortizar el pago de las deudas contraídas por CFE con las trasnacionales, que abarca también el pago de intereses por inversiones a través de mecanismos de inversión como los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, la empresa está solicitando a la Cámara de Diputados recursos adicionales, en el ejercicio 2012, por 67 mil millones de pesos.
Es clara la abismal diferencia que se observa entre la industria eléctrica, con fines nacionalistas de 1960, y la que ahora se ha entregado a manos de extranjeros en detrimento de nuestra economía, de nuestra soberanía y del pueblo.
Fuente
Abismal diferencia
Por Martín Esparza Flores
Hace 51 años, cuando el suministro de energía eléctrica apenas llegaba al 40 por ciento de la población mexicana, a través de un servicio deficiente y tarifas inaccesibles impuestas por empresas extranjeras, el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, concretando la histórica acción con un movimiento al que se volcó en masa el pueblo de México el 27 de septiembre de 1960, que abarrotó el Zócalo de la ciudad de México.
Los objetivos eran claros: transformar la industria eléctrica para ser el detonante del desarrollo económico, con un beneficio social directo al pueblo, mediante el cobro de tarifas justas.
Y para que no existieran lagunas jurídicas sobre el manejo de la misma, se agregó al párrafo sexto del artículo 27 constitucional el siguiente texto: “Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Por quince años, la medida nacionalista adoptada por López Mateos apuntaló el desarrollo sostenido del país y logró una capacidad de generación de energía, suficiente para atender la demanda interna, pero tras las crisis económicas registradas sobre todo a finales de la década de 1970 y durante la de 1980, organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se aliaron con gobierno de corte neoliberal para impulsar en nuestro país reformas como la realizada en 1992, por Carlos Salinas de Gortari, a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que abrió las puertas para la generación de energía eléctrica a particulares, mediante la figura de “productores independientes”, violando flagrantemente con ello el artículo 27 de nuestra Constitución.
Este revés histórico en contra de los intereses del pueblo y de la nación se acrecentó con la llegada de los gobiernos panistas al poder en que las trasnacionales empezaron a apoderarse paulatinamente de la generación de energía en México; de acuerdo a datos oficiales, al 31 de agosto del 2011 la Comisión Reguladora de Energía indica que se han otorgado 620 permisos a firmas extranjeras como Iberdrola o Unión Fenosa, entre otras muchas.
Para las trasnacionales el negocio otorgado por los panistas ha sido un jugoso botín, como lo demuestra el siguiente dato: de 2001 a 2009, la Comisión Federal de Electricidad ha transferido a las empresas extranjeras 268 mil millones de pesos como pago por la electricidad que generan en sus plantas, y que de acuerdo con los contratos firmados por la Empresa de Clase Mundial, está obligada a comprarles.
¿Cuánto pagaremos los mexicanos por esta antinacionalista política neoliberal en nuestro sector eléctrico? Nada menos que 1,3 billones de pesos en los próximos 25 años. Al día de hoy, las trasnacionales ya controlan el 50 por ciento de la capacidad total de generación de energía en el país trayendo como consecuencia no sólo un multimillonario quebranto financiero a las finanzas públicas, sino un escandaloso encarecimiento en las tarifas de energía para la población en su conjunto.
Tan sólo para amortizar el pago de las deudas contraídas por CFE con las trasnacionales, que abarca también el pago de intereses por inversiones a través de mecanismos de inversión como los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, la empresa está solicitando a la Cámara de Diputados recursos adicionales, en el ejercicio 2012, por 67 mil millones de pesos.
Es clara la abismal diferencia que se observa entre la industria eléctrica, con fines nacionalistas de 1960, y la que ahora se ha entregado a manos de extranjeros en detrimento de nuestra economía, de nuestra soberanía y del pueblo.
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