Dan formal prisión a dos militares por asesinato de Jethro Ramsés
Acusados de matarlo mientras lo interrogaban, aseguran que sólo obedecieron órdenes: abogado.
La Jornada en línea
Publicado: 10/07/2011 21:05
Cuernavaca, Mor. La Procuraduría de Justicia Militar, a través del juez quinto, dicto auto de formal prisión a dos militares del 21 batallón de infantería adscritos a la 24 zona militar, por los delitos de violencia contra las personas, tortura y homicidio calificado contra el joven Jethro Ramsés Sánchez Santana.
De acuerdo con las declaraciones del abogado de los dos uniformados- José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero-, Enrique Paredes Sotelo aseguró que el juez quinto militar Guillermo Vázquez los encontró responsables de los delitos mencionados.
“Hoy se les dictó auto de formal prisión (a los dos militares) por los delitos de violencia contra las personas, tortura y homicidio calificado”, expresó el abogado defensor.
Aseguró que al entrevistarse con ellos (los dos oficiales) están consientes de lo que se les está acusando, pero, dijo, que ellos aseguran que sólo obedecieron órdenes y que confían que las pruebas que van a presentar en el proceso que vendrá no se les dicte sentencia.
En el expediente 331/2011 militar, según Paredes Sotelo, sólo hay dos militares detenidos, los mismos que él representa. Aseguró que después de dictarles auto de formal prisión puede pasar hasta un año para ver si son responsables de la tortura y asesinato del joven Jethro Sánchez Santana, como hoy se les hace responsables.
La desaparición de Jethro
La tarde- noche del primero de mayo pasado policías municipales detuvieron al joven Jethro en los terrenos de la feria de Cuernavaca, con su amigo Horacio Hernández, supuestamente por haber participado en una riña y que habían dicho que eran integrantes del cártel de la Familia Michoacana o del Cártel del Pacífico Sur.
Los uniformados municipales, Pascual Ruiz Hernández, Adrián Alemán Barrios y Mario Bastidas López, a bordo de la patrulla número 02771, según sus dichos, los entregaron a policías federales que viajaban en las patrullas 10618 y 10644, y éstos se los entregaron a los soldados que llegaron en las patrullas militares 0821362, 0821307 y 0821303.
Según el expediente 331/2011, que posee el abogado defensor, Enrique Paredes Sotelo, de los dos militares detenidos- Edwin Raciel Aguilar Guerrero y José Guadalupe Orizaga y Guerra-, confesaron que ellos recibieron a los dos muchachos golpeados y se los llevaron a las instalaciones del 21 batallón. Y que ahí ellos informaron a sus superiores (su comandante del batallón y éste al comandante de la 24 zona militar, Leopoldo Díaz Pérez) de lo que había pasado, pero que éstos les pidieron que le sacaran más información a los detenidos, causa por la que Jethro supuestamente perdió la vida. Luego les ordenaron desaparecer el cuerpo, llevándolo a enterrar a un lote ubicado en el municipio de Atlixco, Puebla. El otro joven lo tiraron- también casi muerto- en el municipio de Miacatlán, este ubicado al sur de la entidad.
Medios de comunicación locales han publicado que la policía judicial militar está todavía interrogando y buscando en el 21 batallón a más militares involucrados en el caso. Y que el comandante de ese batallón ya no está al mando, sin precisar si huyó o también está rindiendo declaraciones ante la Procuraduría de Justicia Militar.
El abogado defensor, Enrique Paredes Sotelo, aseguró que la detención de los oficiales que él representa fue a las 7:40 horas del día 30 de junio, y que tramitó el amparo 997/ 2011, para solicitar que se diera a conocer el lugar donde se les mantenía, “ya que en esta acción de la justicia militar y en esta detención existe un sinnúmero de violaciones a las garantías individuales y a las leyes vigentes”.
Un tercer militar detenido, según sus familiares, el teniente Marco Antonio Legorreta está desaparecido, pese que fue aprehendido con sus otros dos compañeros por el capitán de la policía judicial militar, Héctor Hernández, quien los llevó al campo número uno de la ciudad de México.
Debido a que la Sedena sólo ha informado de la presentación ante el juez quinto penal militar del teniente Guerra y el subteniente Aguilar Guerero, sin saber hasta hoy dónde está el soldado Legorreta.
Otro implicado en el caso, el coronel Guadalupe Arias, fue llamado a presentarse en el Campo Militar, pero también hasta el momento se desconoce su paradero. Un quinto implicado, cuyo nombre no fue revelado, se habría dado a la fuga, según publicaron el pasado jueves medios de comunicación de esta ciudad.
El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Huamnos, José Martínez Cruz, exigió que este caso debe de ser investigado por la justicia federal civil y organismos internacionales de derechos humanos para castigar a todos los responsables materiales; pero también a los intelectuales: las autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador, Marco Antonio Adame Castillo y el presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, por ordenar que los militares hagan labores de policías cuando “esa acción es anticonstitucional”, y peor aún, ordenar y permitir la creación de “comandos paramilitares que son totalmente ilegales”, dijo.
“El caso de Jethro está demostrando que policías municipales, federales, militares, los que participaron, y eventualmente grupos paramilitares, es decir militares disfrazados creados ex profeso para limpieza social, que desafortunadamente eso se está demostrando en varias partes del norte del país, realizaron esta desaparición forzada, y así tiene que investigarse por la justicia federal civil, y si no lo hacen, se tiene que recurrir a organismos internacionales para que se castigue a todos los responsables de este delito de lesa humanidad”, expresó.
Fuente
La Jornada en línea
Publicado: 10/07/2011 21:05
Cuernavaca, Mor. La Procuraduría de Justicia Militar, a través del juez quinto, dicto auto de formal prisión a dos militares del 21 batallón de infantería adscritos a la 24 zona militar, por los delitos de violencia contra las personas, tortura y homicidio calificado contra el joven Jethro Ramsés Sánchez Santana.
De acuerdo con las declaraciones del abogado de los dos uniformados- José Guadalupe Orizaga y Guerra, y Edwin Raziel Aguilar Guerrero-, Enrique Paredes Sotelo aseguró que el juez quinto militar Guillermo Vázquez los encontró responsables de los delitos mencionados.
“Hoy se les dictó auto de formal prisión (a los dos militares) por los delitos de violencia contra las personas, tortura y homicidio calificado”, expresó el abogado defensor.
Aseguró que al entrevistarse con ellos (los dos oficiales) están consientes de lo que se les está acusando, pero, dijo, que ellos aseguran que sólo obedecieron órdenes y que confían que las pruebas que van a presentar en el proceso que vendrá no se les dicte sentencia.
En el expediente 331/2011 militar, según Paredes Sotelo, sólo hay dos militares detenidos, los mismos que él representa. Aseguró que después de dictarles auto de formal prisión puede pasar hasta un año para ver si son responsables de la tortura y asesinato del joven Jethro Sánchez Santana, como hoy se les hace responsables.
La desaparición de Jethro
La tarde- noche del primero de mayo pasado policías municipales detuvieron al joven Jethro en los terrenos de la feria de Cuernavaca, con su amigo Horacio Hernández, supuestamente por haber participado en una riña y que habían dicho que eran integrantes del cártel de la Familia Michoacana o del Cártel del Pacífico Sur.
Los uniformados municipales, Pascual Ruiz Hernández, Adrián Alemán Barrios y Mario Bastidas López, a bordo de la patrulla número 02771, según sus dichos, los entregaron a policías federales que viajaban en las patrullas 10618 y 10644, y éstos se los entregaron a los soldados que llegaron en las patrullas militares 0821362, 0821307 y 0821303.
Según el expediente 331/2011, que posee el abogado defensor, Enrique Paredes Sotelo, de los dos militares detenidos- Edwin Raciel Aguilar Guerrero y José Guadalupe Orizaga y Guerra-, confesaron que ellos recibieron a los dos muchachos golpeados y se los llevaron a las instalaciones del 21 batallón. Y que ahí ellos informaron a sus superiores (su comandante del batallón y éste al comandante de la 24 zona militar, Leopoldo Díaz Pérez) de lo que había pasado, pero que éstos les pidieron que le sacaran más información a los detenidos, causa por la que Jethro supuestamente perdió la vida. Luego les ordenaron desaparecer el cuerpo, llevándolo a enterrar a un lote ubicado en el municipio de Atlixco, Puebla. El otro joven lo tiraron- también casi muerto- en el municipio de Miacatlán, este ubicado al sur de la entidad.
Medios de comunicación locales han publicado que la policía judicial militar está todavía interrogando y buscando en el 21 batallón a más militares involucrados en el caso. Y que el comandante de ese batallón ya no está al mando, sin precisar si huyó o también está rindiendo declaraciones ante la Procuraduría de Justicia Militar.
El abogado defensor, Enrique Paredes Sotelo, aseguró que la detención de los oficiales que él representa fue a las 7:40 horas del día 30 de junio, y que tramitó el amparo 997/ 2011, para solicitar que se diera a conocer el lugar donde se les mantenía, “ya que en esta acción de la justicia militar y en esta detención existe un sinnúmero de violaciones a las garantías individuales y a las leyes vigentes”.
Un tercer militar detenido, según sus familiares, el teniente Marco Antonio Legorreta está desaparecido, pese que fue aprehendido con sus otros dos compañeros por el capitán de la policía judicial militar, Héctor Hernández, quien los llevó al campo número uno de la ciudad de México.
Debido a que la Sedena sólo ha informado de la presentación ante el juez quinto penal militar del teniente Guerra y el subteniente Aguilar Guerero, sin saber hasta hoy dónde está el soldado Legorreta.
Otro implicado en el caso, el coronel Guadalupe Arias, fue llamado a presentarse en el Campo Militar, pero también hasta el momento se desconoce su paradero. Un quinto implicado, cuyo nombre no fue revelado, se habría dado a la fuga, según publicaron el pasado jueves medios de comunicación de esta ciudad.
El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Huamnos, José Martínez Cruz, exigió que este caso debe de ser investigado por la justicia federal civil y organismos internacionales de derechos humanos para castigar a todos los responsables materiales; pero también a los intelectuales: las autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente del país, Felipe Calderón Hinojosa, el gobernador, Marco Antonio Adame Castillo y el presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, por ordenar que los militares hagan labores de policías cuando “esa acción es anticonstitucional”, y peor aún, ordenar y permitir la creación de “comandos paramilitares que son totalmente ilegales”, dijo.
“El caso de Jethro está demostrando que policías municipales, federales, militares, los que participaron, y eventualmente grupos paramilitares, es decir militares disfrazados creados ex profeso para limpieza social, que desafortunadamente eso se está demostrando en varias partes del norte del país, realizaron esta desaparición forzada, y así tiene que investigarse por la justicia federal civil, y si no lo hacen, se tiene que recurrir a organismos internacionales para que se castigue a todos los responsables de este delito de lesa humanidad”, expresó.
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