México: Escuadrones de la muerte
Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)
La solicitud del Senado de la República es seria y la implícita denuncia es muy grave, en relación con la existencia en nuestro país de “escuadrones de la muerte”, que algunos eufemísticamente le llaman o ven en ella una acción de “limpia social”; en otras palabras, la justicia por propia mano y al margen del Estado de Derecho.
En los últimos años, en torno a esta “guerra cruenta” decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado, no son pocos los casos conocidos y ocurridos en diferentes partes del país donde lugareños aprehenden a presuntos delincuentes y ante una enardecida muchedumbre los linchan. Algunos, afortunadamente, han sido rescatados por elementos policíacos o militares.
Los de los “escuadrones de la muerte”, cuyo antecedente más próximo pero también más horrendo es el de Colombia, país donde fueron muertos o desaparecidos cientos de personas de todas las clases sociales, solapados, según se ha documentado por las mismas autoridades.
Aquí en México, el más avezado en este tema es el senador ex perredista y ahora coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, Ricardo Monreal Ávila, quien asegura que “estos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano”.
Si bien es cierto que en septiembre pasado, el Senado de la República solicitó formalmente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, informes detallados sobre la existencia de estos grupos, a quienes llamó “escuadrones de la muerte”, porque los señala como responsables de un gran porcentaje de los 28 mil asesinatos oficialmente reconocidos en esta guerra, así como de miles de desapariciones forzadas, la verdad es que el principal promotor de la misma es el mencionado senador petista quien además considera que miles de soldados y oficiales desertores del Ejército y policías despedidos por corruptos conforman estos grupos. Se trata, asegura, “de paramilitares adiestrados”.
En esa misma línea de investigación y denuncia se ubican otros luchadores sociales, que da a conocer en nota muy bien documentada el diario El Universal firmada por el colega, Ignacio Alvarado Álvarez: el abogado Miguel Ángel García Leyva y otros ciudadanos constituyeron en Sinaloa el Frente Contra la Impunidad. Durante 10 años reunieron evidencias sobre la actividad de “escuadrones de la muerte, causantes de miles de secuestros y homicidios en la entidad”. Eran grupos conformados por policías o militares, aseguran.
La Asociación Amigos y Familiares de Desaparecidos de Ciudad Juárez lleva un expediente de 180 de los casos. En Nuevo Laredo y Reynosa prácticas similares han sido empleadas desde comienzos de la década, dice Raymundo Ramos, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Lo que se libra en el país no es una guerra contra la delincuencia organizada, sino un exterminio, sostiene a su vez Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense.
Seguramente por todo y más y para oprobio de las autoridades, en un comunicado divulgado este lunes por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que en México “el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente”.
La relatora Gabriela Knaul es contundente sobre la impunidad existente en nuestro país; punto toral en el que ha insistido el gremio periodístico organizado, al afirmar que “la procuración, el acceso y la administración de la justicia en el país enfrenta dificultades y obstáculos en su aplicación y no parece gozar de la decidida, constante y uniforme voluntad política en todo el país para avanzar de manera adecuada”.
Lo hemos dicho y hoy lo repetimos: cuando desde la cúpula del poder, desde el Presidente de la República hacía abajo exista voluntad política, México dejará de ser el reino de la impunidad o terreno fértil de los “escuadrones de la muerte”.
Fuente
La solicitud del Senado de la República es seria y la implícita denuncia es muy grave, en relación con la existencia en nuestro país de “escuadrones de la muerte”, que algunos eufemísticamente le llaman o ven en ella una acción de “limpia social”; en otras palabras, la justicia por propia mano y al margen del Estado de Derecho.
En los últimos años, en torno a esta “guerra cruenta” decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado, no son pocos los casos conocidos y ocurridos en diferentes partes del país donde lugareños aprehenden a presuntos delincuentes y ante una enardecida muchedumbre los linchan. Algunos, afortunadamente, han sido rescatados por elementos policíacos o militares.
Los de los “escuadrones de la muerte”, cuyo antecedente más próximo pero también más horrendo es el de Colombia, país donde fueron muertos o desaparecidos cientos de personas de todas las clases sociales, solapados, según se ha documentado por las mismas autoridades.
Aquí en México, el más avezado en este tema es el senador ex perredista y ahora coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, Ricardo Monreal Ávila, quien asegura que “estos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano”.
Si bien es cierto que en septiembre pasado, el Senado de la República solicitó formalmente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, informes detallados sobre la existencia de estos grupos, a quienes llamó “escuadrones de la muerte”, porque los señala como responsables de un gran porcentaje de los 28 mil asesinatos oficialmente reconocidos en esta guerra, así como de miles de desapariciones forzadas, la verdad es que el principal promotor de la misma es el mencionado senador petista quien además considera que miles de soldados y oficiales desertores del Ejército y policías despedidos por corruptos conforman estos grupos. Se trata, asegura, “de paramilitares adiestrados”.
En esa misma línea de investigación y denuncia se ubican otros luchadores sociales, que da a conocer en nota muy bien documentada el diario El Universal firmada por el colega, Ignacio Alvarado Álvarez: el abogado Miguel Ángel García Leyva y otros ciudadanos constituyeron en Sinaloa el Frente Contra la Impunidad. Durante 10 años reunieron evidencias sobre la actividad de “escuadrones de la muerte, causantes de miles de secuestros y homicidios en la entidad”. Eran grupos conformados por policías o militares, aseguran.
La Asociación Amigos y Familiares de Desaparecidos de Ciudad Juárez lleva un expediente de 180 de los casos. En Nuevo Laredo y Reynosa prácticas similares han sido empleadas desde comienzos de la década, dice Raymundo Ramos, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Lo que se libra en el país no es una guerra contra la delincuencia organizada, sino un exterminio, sostiene a su vez Mercedes Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense.
Seguramente por todo y más y para oprobio de las autoridades, en un comunicado divulgado este lunes por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que en México “el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente”.
La relatora Gabriela Knaul es contundente sobre la impunidad existente en nuestro país; punto toral en el que ha insistido el gremio periodístico organizado, al afirmar que “la procuración, el acceso y la administración de la justicia en el país enfrenta dificultades y obstáculos en su aplicación y no parece gozar de la decidida, constante y uniforme voluntad política en todo el país para avanzar de manera adecuada”.
Lo hemos dicho y hoy lo repetimos: cuando desde la cúpula del poder, desde el Presidente de la República hacía abajo exista voluntad política, México dejará de ser el reino de la impunidad o terreno fértil de los “escuadrones de la muerte”.
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