Reinserción laboral
Néstor de Buen
Hay que reconocer que Martín Esparza ha tenido un notable éxito en su conflicto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al lograr el compromiso de que a los trabajadores del SME que no han sido liquidados se les reincorpore a sus antiguas tareas.
La verdad es que los extrañamos, porque el servicio en energía eléctrica está dejando qué desear de manera notable en nuestra capital. Los apagones, por un lado, y por el otro la expedición de recibos de consumo por cantidades escandalosas, nos provocan una animadversión en contra de la CFE y, por supuesto, contra los responsables (¿irresponsables?) de su manejo, que le están provocando a la comisión una mala fama bien merecida.
De paso ha sido notable que la STPS haya expedido la toma de nota al comité ejecutivo que encabeza Martín Esparza, quien ha dado una batalla continua digna de elogio. Pero, de paso, se advierte de qué manera esa simple gestión administrativa, por supuesto que obligatoria para la secretaría, debió haberse realizado antes, porque no existían razones para negarla. Salvo, claro está, la actitud de combate en contra de los trabajadores que mantiene la secretaría-empresa política que encabeza el señor Lozano.
La Ley Federal del Trabajo no autoriza a que la STPS se reserve el derecho de expedir o no el oficio de toma de nota. La fracción IV del artículo 692 simplemente la obliga a extender una certificación a partir del registro de un sindicato o de la elección de una nueva mesa directiva. Hacer lo contrario es violar descaradamente el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, como claramente se desprende de la fración II de su artículo 3, que obliga a las autoridades a abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho de los trabajadores para determinar su vida interna. Sin embargo, en México violamos sistemáticamente esa disposición, porque en rigor no existe una sanción derivada del Convenio 87 o, en general, de la OIT, que se pueda imponer a los estados violadores de esas reglas. Por cierto que México ocupa un lugar prominente en la colección de esos estados violadores.
El problema acusa una mayor importancia en los casos en los que el sindicato afectado representa a los trabajadores de una empresa de servicio público o en los que la STPS tiene un interés especial –habrá que ver de qué clase– en ayudar a los empresarios.
Diversas organizaciones obreras mundiales han expresado su oposición a esa conducta de nuestras autoridades. Yo dudo, sin embargo, que antes de ahora la violación haya sido tan sistemática como en este y el régimen anterior. Claro que los actos administrativos no son terminales. Finalmente, por la vía del juicio de amparo se les puede poner remedio. En el caso del sindicato minero, el pleno de la Corte tendrá que resolver el problema en breve plazo.
Tenemos terror ante el sindicalismo democrático. Hemos inventado, con gran éxito, los contratos de protección y mantenemos condiciones en la LFT que facilitan la formación y funcionamiento de los sindicatos corporativos. La alianza del Estado con esas organizaciones es uno de los más graves problemas que tiene el país.
Sin embargo, en los proyectos de iniciativa de nueva LFT que se han presentado, incluyendo el del PRI, de sospechoso parecido con los del PAN, nada se ha hecho para ponerle remedio a esa perniciosa práctica de violentar el Convenio 87 de la OIT.
Es un problema de naturaleza. Cuando el buque Santo Domingo, en el que viajamos a Coatzacoalcos en el inicio de nuestro exilio mexicano, se acercaba a las costas del estado de Veracruz, la opinión general era que México, gracias a Lázaro Cárdenas, sería un país de izquierda y, además, libre de ataduras religiosas. Quizá recibimos alguna información del fracaso de la Guerra Cristera.
Sin embargo, al asumir Ávila Camacho la Presidencia, en diciembre de 1940, lo primero que se hizo fue declarar el año siguiente "El año de la Virgen de Guadalupe", con lo que el mocherío enloqueció de felicidad. Y desde entonces la política mexicana ha mantenido una clara tendencia hacia la derecha.
¡Ojalá volviese el espíritu cardenista! Bajo la presidencia de Cárdenas México asumió una fama mundial de país tolerante. Pero desde Ávila Camacho las cosas han sido bien diferentes. La política sindical del Estado es buena prueba de ello.
Fuente
Hay que reconocer que Martín Esparza ha tenido un notable éxito en su conflicto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al lograr el compromiso de que a los trabajadores del SME que no han sido liquidados se les reincorpore a sus antiguas tareas.
La verdad es que los extrañamos, porque el servicio en energía eléctrica está dejando qué desear de manera notable en nuestra capital. Los apagones, por un lado, y por el otro la expedición de recibos de consumo por cantidades escandalosas, nos provocan una animadversión en contra de la CFE y, por supuesto, contra los responsables (¿irresponsables?) de su manejo, que le están provocando a la comisión una mala fama bien merecida.
De paso ha sido notable que la STPS haya expedido la toma de nota al comité ejecutivo que encabeza Martín Esparza, quien ha dado una batalla continua digna de elogio. Pero, de paso, se advierte de qué manera esa simple gestión administrativa, por supuesto que obligatoria para la secretaría, debió haberse realizado antes, porque no existían razones para negarla. Salvo, claro está, la actitud de combate en contra de los trabajadores que mantiene la secretaría-empresa política que encabeza el señor Lozano.
La Ley Federal del Trabajo no autoriza a que la STPS se reserve el derecho de expedir o no el oficio de toma de nota. La fracción IV del artículo 692 simplemente la obliga a extender una certificación a partir del registro de un sindicato o de la elección de una nueva mesa directiva. Hacer lo contrario es violar descaradamente el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, como claramente se desprende de la fración II de su artículo 3, que obliga a las autoridades a abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho de los trabajadores para determinar su vida interna. Sin embargo, en México violamos sistemáticamente esa disposición, porque en rigor no existe una sanción derivada del Convenio 87 o, en general, de la OIT, que se pueda imponer a los estados violadores de esas reglas. Por cierto que México ocupa un lugar prominente en la colección de esos estados violadores.
El problema acusa una mayor importancia en los casos en los que el sindicato afectado representa a los trabajadores de una empresa de servicio público o en los que la STPS tiene un interés especial –habrá que ver de qué clase– en ayudar a los empresarios.
Diversas organizaciones obreras mundiales han expresado su oposición a esa conducta de nuestras autoridades. Yo dudo, sin embargo, que antes de ahora la violación haya sido tan sistemática como en este y el régimen anterior. Claro que los actos administrativos no son terminales. Finalmente, por la vía del juicio de amparo se les puede poner remedio. En el caso del sindicato minero, el pleno de la Corte tendrá que resolver el problema en breve plazo.
Tenemos terror ante el sindicalismo democrático. Hemos inventado, con gran éxito, los contratos de protección y mantenemos condiciones en la LFT que facilitan la formación y funcionamiento de los sindicatos corporativos. La alianza del Estado con esas organizaciones es uno de los más graves problemas que tiene el país.
Sin embargo, en los proyectos de iniciativa de nueva LFT que se han presentado, incluyendo el del PRI, de sospechoso parecido con los del PAN, nada se ha hecho para ponerle remedio a esa perniciosa práctica de violentar el Convenio 87 de la OIT.
Es un problema de naturaleza. Cuando el buque Santo Domingo, en el que viajamos a Coatzacoalcos en el inicio de nuestro exilio mexicano, se acercaba a las costas del estado de Veracruz, la opinión general era que México, gracias a Lázaro Cárdenas, sería un país de izquierda y, además, libre de ataduras religiosas. Quizá recibimos alguna información del fracaso de la Guerra Cristera.
Sin embargo, al asumir Ávila Camacho la Presidencia, en diciembre de 1940, lo primero que se hizo fue declarar el año siguiente "El año de la Virgen de Guadalupe", con lo que el mocherío enloqueció de felicidad. Y desde entonces la política mexicana ha mantenido una clara tendencia hacia la derecha.
¡Ojalá volviese el espíritu cardenista! Bajo la presidencia de Cárdenas México asumió una fama mundial de país tolerante. Pero desde Ávila Camacho las cosas han sido bien diferentes. La política sindical del Estado es buena prueba de ello.
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Comentarios
¿A ESTE CABRÓN DE CALDERON, NO LE REMUERDE LA CONCIENCIA, QUE SU "VALIENTE" DECISIÓN, FUÉ CON TODA LA FALTA DE MORAL, EL ABUSO DE PODER É ILEGALIDAD?, ESPERO QUE TENGA LA SUFICIENTE ESTATURA MORAL PARA REGRESAR A LA LEGALIDAD Y LES REGRESE SU TRABAJO A LOS HERMANOS DEL SME.