México SA - Privilegios han costado al erario $2 billones 250 mil millones en lo que va del sexenio

Allá por septiembre de 2009, el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se apersonó en el Palacio de San Lázaro para justificar el paquete económico que el inquilino de Los Pinos presentaba para el ejercicio fiscal 2010. Entre el tiroteo, el doctor "catarrito" defendió los regímenes tributarios especiales y consideró que con ellos “definitivamente no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales, así que es un tema que valdría mucho la pena analizar y dilucidar… no tenemos ningún problema en revisarlos”, aunque "al Legislativo corresponde resolver si los mantiene o cancela".

Obvio es que nada se "analizó, dilucidó ni revisó", y se mantuvieron incólumes los privilegios fiscales al gran capital, mientras gobierno calderonista y legisladores masacraban a los causantes cautivos con el incremento de impuestos, la creación de otros y la andada de aumentos en precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público. Los barones al gozo, con sus 502 mil millones de pesos en exenciones para 2010, y los pobres al fondo del pozo, con una piedra adicional en la espalda.

Alrededor de siete meses después, Ernesto Cordero, el siempre ágil cuan agradable sustituto del doctor "catarrito" (ya que éste fue premiado con la silla principal del Banco de México, como resultado de su espléndido diagnóstico de la crisis y su mejor actuación para atemperarla), se apersonó en el mismo Palacio de San Lázaro para, entre otras cosas, defender los regímenes tributarios especiales y proponer, de forma por demás novedosa, que "estamos en la mejor disposición de analizar seriamente el tema", y de pasadita "mencionar que tenemos un sistema tributario bastante progresivo; que 70 por ciento de la recaudación que se da por impuestos al ingreso, 70 por ciento vienen de los grandes contribuyentes", pero –otra novedad– al Legislativo corresponde resolver si los mantiene o cancela.

Y en este ejercicio se puede ir aún más atrás en el tiempo (comparecencias de los secretarios de Hacienda Francisco Gil Díaz, José Angel Gurría, Guillermo Ortiz –a Serra Puche ni para eso le alcanzó su efímero paso por la SHCP– Pedro Aspe y Gustavo Petriciolli), y siempre se encontrará, palabras más o menos, la misma defensa, con idéntica justificación, para no tocar los privilegios fiscales al gran capital. Sin embargo, para celebrar que "definitivamente no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales" (Carstens dixit) y que "tenemos un sistema tributario bastante progresivo" (Cordero ídem), va un paseo, documentado ya en este espacio, por lo que el erario ha dejado de captar por tanta generosidad.

Por concepto de regímenes tributarios especiales, en 2009, el año de la gran crisis, alrededor de 465 mil millones de pesos no ingresaron a las arcas federales, y en 2010 –en pleno shock de las finanzas públicas, según célebre frase del doctor "catarrito"– por el mismo concepto otros 502 mil millones de pesos, es decir, alrededor de un billón de pesos sólo en ese bienio, es decir, la suma de los famosos "hoyos" financieros que por septiembre pasado tanto angustiaban al propio Carstens, más un generoso pilón.

Eso en un par de años, pero cuando se conoce que en las dos administraciones panistas (Fox y Calderón) no ingresaron al erario, por el concepto referido, alrededor de 5 billones de pesos (el equivalente a casi 50 por ciento del producto interno bruto a precios actuales), entonces eso de "definitivamente no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales" y "tenemos un sistema tributario bastante progresivo" trasciende la tomadura de pelo para convertirse en una verdadera película de terror.

En promedio, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, anualmente (desde 2002) 500 mil millones de pesos ni de lejos pasan por el erario, como resultado de los regímenes tributarios especiales, en el marco de una "política fiscal progresiva", según dice el sustituto del doctor "catarrito" Ernesto Cordero. El procedimiento igual de sencillo que de sanguinario: el inquilino en turno de Los Pinos se limita a presentar al Legislativo, año tras año, un presupuesto de gastos fiscales (que consideran todo tipo de "tasas diferenciadas, exenciones, subsidios, créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal", de acuerdo con la descripción de la propia Secretaría de Hacienda, o lo que es lo mismo, el detalle de la evasión fiscal "legalizada"), y los diputados lo aprueban, en el entendido que muchos de ellos son representantes de los sectores beneficiados por esa evasión "legalizada".

Cinco billones de pesos en nueve años es el regalo de la dupla Fox-Calderón. De ese tamaño es el boquete que los gobiernos panistas, con la generosa participación del Legislativo, han abierto al erario, sin considerar el despilfarro de otros recursos públicos, como el petrolero. Para 2010, en lugar de reconsiderar esa lesiva práctica para la nación, el gobierno calderonista y los legisladores decidieron exprimir aún más a los de siempre, cargarles la espalda con más piedras y pasarles la factura por los errores, excesos y aberraciones de quienes dicen gobernar el país.

En el transcurso del calderonato, por el concepto referido el erario ha dejado de percibir, por los conceptos referidos (2010 incluido), la friolera de 2 billones 250 mil millones de pesos; en los seis años de Fox 2.75 billones adicionales, pero eso sí no hay privilegios ni se protegen intereses, en clara referencia, desde luego, a la mayoría de los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Con el suculento relajo que se traen con lo del Renaut, alguien tendría que escribir la letra para una cumbia, merengue o chachachá y celebrar, con sonido tropical, que "Telcel desconectó un millón 220 mil líneas de teléfonos móviles" (Cofetel), pero que de ellos "657 mil 724 fueron reactivados"; que a casi una semana de vencido el plazo legal, "Nextel sigue registrando, mientras que Iusacell, Telefónica y Unefón no han reportado sus cifras"; que la prioridad no es la ley, sino "procesar a toda la cola que hay de registros"; y que, en fin, esto dejó de ser una pachanga para convertirse en un verdadero desmadre.

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