Exbraceros, fraude transexenal
Empobrecidos y con más de 70 años de vida, los exbraceros que trabajaron legalmente en Estados Unidos de 1942 a 1962 siguen a la espera de recuperar el 10 por ciento del salario que el gobierno mexicano les retuvo. Han ocupado la Presidencia ocho priístas y dos panistas y todos han mostrado la misma indolencia frente a los trabajadores
El cansancio marca sus cuerpos,
encorvados en su andar lento. Han llegado a las 7 y 8 décadas de vida.
Dormitan involuntariamente y la fuerza de sus manos se ha quedado en
algunas señales de reumatismo. Sus cabezas blancas se cubren con
sombreros de paja. De origen campesino, Nicasio y Norberto vienen a la
capital del país en busca de justicia.
Llevan 16 años pugnando por que les sean
entregados los recursos que el Estado mexicano les descontó de sus
salarios como migrantes legales en Estados Unidos, allá por las décadas
de 1940 a 1960, con los intereses generados.
La pobreza ha sido insuperable desde
antes de realizar aquellos viajes en los que salieron a trabajar como
jornaleros, a ganar lo que sus tierras no les daban. Al igual que otros
3.5 millones de campesinos, según documenta la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), que se apegaron al Programa Bracero, pactado entre
ambos gobiernos, en un momento en que Estados Unidos lo necesitaba.
El Bracero History Archive señala que se
firmaron 4.6 millones de contratos temporales, y este pacto se
convirtió en el mayor programa laboral contratado con Estados Unidos, el
mismo en el que “muchos trabajadores enfrentaron un sin número de
injusticias y abusos, incluyendo alojamiento deficiente, discriminación e
incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus
salarios”, documenta.
El Archivo Historia del Bracero es un
proyecto del Centro para la Historia y Nuevos Medios, la Universidad
George Mason, el Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian, la
Universidad Brown y el Instituto de Historia Oral de la Universidad de
Texas en El Paso.
Y es que después de la Segunda Guerra
Mundial, la carencia de mano de obra en las granjas estadunidenses
motivó que, bajo el mandato de Franklin Delano Roosevelt, en aquel país y
de Manuel Ávila Camacho, en México, los países acordaran emplear en
esos campos a los mexicanos.
El 4 de agosto de 1942, Estados Unidos
concluyó un acuerdo intergubernamental temporal para el uso del trabajo
agrícola mexicano en las granjas de Estados Unidos (oficialmente
denominado Programa de Trabajo Agrícola Mexicano), y comenzó la
afluencia de trabajadores legales temporales mexicanos. Pero el programa
duró mucho más de lo previsto.
En 1951, documenta el archivo histórico
estadunidense, después de casi una década de existencia, las
preocupaciones sobre la producción y la entrada de Estados Unidos en el
conflicto coreano llevaron al Congreso a formalizar el Programa Bracero
con la Ley Pública 78.
Pactos incumplidos
Los
de Nicasio y Roberto fueron contratos pactados como consecuencia de que
en aquel país no había suficiente mano de obra en el sector rural y los
bajos salarios eran despreciados por los mismos estadunidenses, aunque
para los hombres oriundos de Tlaxcala significó una leve mejora en su
economía.
Nicasio Martínez Juárez cuenta 82 años
de edad. Forma parte de la Asamblea Nacional de Braceros (ANB), donde
otros 300 de sus afiliados buscan un pago justo por la deuda que ha
reconocido el Estado.
Tenía 22 años cuando viajó por primera
vez a Estados Unidos, llegó a Michigan para la cosecha de pepino,
trabajó 45 días y lo regresaron al país con el 10 por ciento menos de su
salario. “Cuando nos entregaban el cheque ya nos habían quitado el 10
por ciento, era 1943 y así siguieron haciendo a los braceros de esta
época”.
“Preguntamos por el destino de ese 10
por ciento y nos dijeron que nos sería devuelto 30 días después de
regresar a México, pero ya han pasado muchos años y esto no ha
ocurrido”. Han vivido al desamparo de las autoridades.
En aquel tiempo, comenta Nicasio, la
devolución pudo haber sido material, con la entrega de alguno de los
instrumentos que utilizan en el campo: una pala, una hoz, un machete,
“toda clase de herramienta que usábamos en el campo, pero no se nos
regresó nada y nosotros, desgraciadamente, no sabíamos a fondo lo que
había pasado”.
Al dinero le perdieron la pista, hasta
que en Estados Unidos se comenzaron a entregar recursos a miles de
personas que como ellos habían formado parte del ejército jornalero que
migró por más de dos décadas. Una nota publicada en un diario de
circulación local en Los Ángeles, California, los puso en tanto.
De la nota periodística se hicieron
volantes que circularon por diversas zonas de la República Mexicana. En
ella, platica Nicasio, decía que los braceros que se habían quedado en
Estados Unidos ya iban a cobrar su dinero. Entonces, “se hicieron
volantes, los repartieron en los pueblos. Nosotros nos encontrábamos con
la abogada Luz Rivera quien ha llevado el caso”.
La Auditoría Superior de la Federación
ha documentado que en dicho programa se incluyó un fondo con la
retención del 10 por ciento de los salarios de cada uno de los
trabajadores. El porcentaje se depositó durante 14 años en el Banco
Wells Fargo y, presumiblemente, ascendió a 700 millones de dólares.
Negligencia transexenal
La voluntad de Nicasio por recuperar los
recursos que se le descontaron en aquella época no ceja. Desde el
sexenio de Vicente Fox Quesada ha venido luchando por recuperarlos, pero
ninguno de los que conforman la Asamblea ha conseguido ser atendido por
algún funcionario.
Durante la administración de Fox Quesada
hubo miles de exbraceros que se apegaron al cobro de 38 mil pesos, como
parte de la campaña que hizo el gobierno para apaciguar el reclamo de
miles de personas y, en el caso de fallecimiento, de sus familiares más
cercanos.
“El gobierno hizo las oficinas en todos
los estados y les recogieron sus documentos a todos los braceros, les
iniciaron el trámite, pero a muchos ya no se les devolvió la
documentación ni el dinero”, dice Nicasio.
Norberto Flores Heliosa tiene 78 años de
edad; 53 más que cuando viajó por primera vez a San Diego de Santa Ana,
en Estados Unidos, uno más de los defraudados por el propio gobierno,
pues “en el convenio que se hizo estipula rotundamente que nos
descontarían un 10 por ciento como un ahorro para que cuando
regresáramos a México trajéramos unos centavos más, pero no fue así”.
Don Norberto dice que, pese a su edad,
no ha dejado de trabajar el campo, pues todavía es su único sustento. Ha
decidido seguir en el reclamo de sus ahorros, pese al desgaste que esto
significa para él y decenas de sus compañeros.
Oriundo de Tlaxcala, Norberto comenta
que la negligencia del gobierno para atenderlos ha pasado de un sexenio a
otro: “¿Cuándo nos van a regresar ese dinero, con sus respectivos
intereses? Calculamos que nos corresponden, aproximadamente, 1 millón de
pesos por bracero”, espeta.
El movimiento que ellos llevan ha sido
atractivo para quienes buscan llegar a un puesto de elección popular,
pues han llegado de diversos partidos políticos a ofréceles la solución
de sus peticiones a cambio del voto.
“Ellos sólo han jugado con nosotros y
han dejado que la gente se vaya muriendo. Quedamos unas 300 personas en
la Asociación: de Oaxaca, Puebla, Hidalgo… muchos ya son mayores y nos
han ido dejando porque ya no pueden continuar por motivos de salud, o
mueren. ¡No es justo!”, dice el campesino de 78 años.
En 2005, el Poder Legislativo aprobó y
publicó la Ley que creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En dicha ley se
estableció el otorgamiento de 38 mil pesos a los Ex Trabajadores
Migratorios que prestaron sus servicios en Estados Unidos de 1942 a
1964, de conformidad con el Programa Bracero o, en su caso, a los
cónyuges o hijos que sobrevivan y acrediten la procedencia del mismo.
Las inconsistencias en la operación de
este fondo han sido motivo de desconfianza entre los integrantes de la
Asamblea Nacional de Braceros; y por ello, la petición de
esclarecimiento a niveles presidenciales.
Lourdes Guilliem Partida es hija de
Amador Guilliem Salcedo, un exbracero que murió sin saber que el
gobierno mexicano había recibido el 10 por ciento de sus ganancias en
aquel país.
Lulú, como la llaman los excompañeros de
sus padres, es una de las encargadas en llevar escritos a las oficinas
de gobierno y legislativas. Durante el primer año de gobierno de Enrique
Peña Nieto, el 13 de abril de 2013, llevó la primera carta a Palacio
Nacional, para el ahora presidente saliente. La misiva fue turnada a la
Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y nunca
se obtuvo respuesta.
En ella, los integrantes de la Asamblea
Nacional de Exbraceros, originarios de Tlaxcala, solicitan la “entrega
de nuestro fondo de ahorro, constituido con una retención del 10 por
ciento que para ese efecto nos descontaban los subempleadores […]
ponemos a su apreciable consideración nuestros anhelos últimos de
recuperación de nuestro fondo de ahorro […]. Wells Fargo, en Estados
Unidos, fue el encargado del fondo de ahorro, en tanto que en México fue
operado por el Banco de Crédito Agrícola.
“[…] No deseamos que por nuestra
urgencia y necesidad, la autoridad nos quite nuestro derecho laboral al
fondo de ahorro campesino a cambio de un apoyo, obligándonos a firmar un
documento en el que renunciemos a ese derecho. La alevosía y ventaja
con que se conduce el fideicomiso no es para nosotros, que en momentos
como la Segunda Guerra Mundial, contribuimos con nuestro trabajo al
bienestar nacional. Ahora, no queremos que el gobierno nos apoye, sino
que nos cumpla, entregándonos nuestro fondo de ahorro, para sobrellevar
lo que nos quede de vida”, exigían hace 6 años.
En una nueva carta, ahora dirigida al
actual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
solicitan su intervención urgente para atender a los exbraceros, a
quienes “se nos ha despojado de nuestro pago del ahorro campesino que
nos corresponde derivado del periodo en que laboramos en Estados
Unidos”.
Los exbraceros de la ANB exigen la
devolución del 10 por ciento de los salarios pagados para constituir a
su favor el Fondo de Ahorro Campesino, y del cual se prometió la
devolución monetaria o en especie, “lo que no sucedió por lo que las
autoridades se quedaron con nuestro dinero, incumpliendo con ello su
obligación legal de entregar el ahorro”.
Los trabajadores enfatizan que “son
pocas ya las personas que quedan”. Siguen esperando el pronunciamiento
de las autoridades, a efecto de que resuelvan a su favor. “Somos
personas de la tercera edad, esparcidos en toda la República Mexicana,
que por ser ancianos no podemos aspirar a un trabajo, o trabajamos de lo
que podemos; somos ancianos sin dinero, sin trabajo… somos campesinos
violentados en nuestros derechos humanos y en nuestra integridad física y
emocional”.
Los exbraceros indican que no están
pidiendo “ni una dadiva ni queremos quitarle nada a nadie, ni que se nos
regale algo; no deseamos formar parte un programa de gobierno de
asistencia social porque, aunque si lo necesitamos, lo que necesitamos
aún más es justicia”.
Indican que hasta hoy desconocen el
destino de sus ahorros: “Nos hemos acercado a la Secretaría de
Gobernación y aunque les hemos manifestado nuestro sentir, sus
respuestas siguen siendo evasivas, no contamos con el apoyo de ninguna
institución y las que se han acercado, desafortunadamente lejos de
hacernos un bien, nos han afectado”.
Érika Ramírez
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