Millonarias indemnizaciones a trasnacionales
Por Martín Esparza Flores
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Martín Esparza Flores
Tuvieron más importancia las ganancias de la firma que la defensa de la ecología y la vida humana.
Los TLC arruinaron la economía nacional/II
Si las autoridades mexicanas y el
Congreso no revisan con cautela, y de cara a la opinión pública, la
“modernización” propuesta al contenido del tratado comercial que nuestro
país firmó con la Unión Europea hace quince años, la economía nacional y
nuestras quebrantadas finanzas públicas pueden pagar los platos rotos
de otorgar nuevamente todas las ventajas jurídicas a los inversionistas
extranjeros, particularmente a las voraces trasnacionales que en el
pasado mediato han cobrado millonarias indemnizaciones al gobierno
mexicano.
No aprender las dolorosas y costosas
experiencias dejadas al paso de los años, traerá a la nación
consecuencias aún más graves. Y si no, recordemos lo acontecido en 2009,
en el municipio de Zimapán, Hidalgo, cuando la trasnacional de origen
ibérico Abengoa interpuso, en el tribunal de arbitraje del Banco
Mundial, una demanda en contra de nuestro gobierno porque las
autoridades locales le bloquearon a la poderosa firma la construcción de
un vertedero de residuos tóxicos que de forma autoritaria la empresa
ubicó a sólo dos kilómetros de una reserva natural y a medio kilómetro
de una comunidad indígena hñahñu.
A los técnicos e inversionistas de
Abengoa poco les importó que con el vaciado de sustancias letales como
el arsénico se pusiera en riesgo el equilibrio ecológico del lugar y
hasta la vida de sus habitantes. El revocamiento de la licencia de
funcionamiento a la multinacional llevó el asunto a los tribunales
internacionales que condenaron al gobierno mexicano a pagar, con cargo
al erario, la suma de 45 millones de dólares por “beneficios perdidos”, y
1.7 millones extras por “gastos legales”. Para el criterio de los
“jueces” que desde el extranjero emitieron su fallo, tuvieron más
importancia las ganancias de la firma que la defensa de la ecología y la
vida humana. Las leyes mexicanas pasaron a un segundo plano.
Los abusos de esta naturaleza se repiten
de manera constante contra los países en vías de desarrollo; otro
ejemplo de estos atropellos fue el sucedido en Uruguay cuyo gobierno fue
demandado por la cigarrera multinacional Philip Morris, que calificó de
“excesivas, poco razonables” y hasta arbitrarias las medidas antitabaco
expedidas por el país sudamericano en sus políticas de salud pública.
La experiencia demuestra que, en el cumplimiento de los tratados
comerciales, a los grandes corporativos y sus países de origen no les
interesa en lo absoluto el respeto a las políticas públicas que buscan
preservar los derechos humanos, laborales, de salud y hasta ecológicos
de millones de personas.
La intención de “renegociar” el Tratado
de Libre Comercio México-Unión Europea, anunciado ya de manera oficial,
debe implicar de las autoridades mexicanas la responsabilidad de
consensuar su aprobación ante la sociedad y el Congreso, poniendo en la
agenda de los asuntos nacionales el análisis de su nuevo contenido y sus
alcances jurídicos, que como han alertado expertos internacionales
busca afianzar el “blindaje” a los inversionistas europeos en áreas como
el sector energético, las comunicaciones y los servicios financieros,
reduciendo a su mínima expresión las leyes mexicanas y, por supuesto,
haciendo peligrar las finanzas públicas por el riesgo de las millonarias
indemnizaciones por venir.
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