El negro historial de la represión en México (Parte II y última: De los homicidios políticos a la criminalización social)
Carlos
Salinas de Gortari concluyó su sexenio atrapado entre las dudas de
los asesinatos perpetrados al candidato presidencial del PRI, Luis
Donaldo Colosio, y al secretario general de ese partido, José Francisco
Ruiz Massieu; su estrategia estelar para combatir la marginación, el
Programa de Solidaridad, no alcanzó a permear en las regiones más
apartadas del país y en zonas indígenas de Chiapas, en donde en enero de
1994 emergió como una respuesta a su política neoliberal el movimiento
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que de inmediato
fue brutalmente agredido por las fuerzas castrenses.
A Salinas no le interesó hablar de cara a
la nación sobre las causas de la agobiante pobreza de millones de
mexicanos, sino reprimir a quienes alzaron la voz para denunciarla.
Bastaron seis años para que Salinas
concluyera el desmantelamiento y venta de las empresas públicas a
precios irrisorios, iniciada por su antecesor Miguel de la Madrid
Hurtado, abriendo el sector energético y entregando la soberanía
económica y alimentaria a los capitales foráneos a través de la firma
del TLC (Tratado de Libre Comercio). Miles de trabajadores perdieron su
estabilidad laboral al ingresar en tropel las maquiladoras y el campo se
convirtió en el principal expulsor de mano de obra a Estados Unidos,
situación que brindó a los cárteles la oportunidad de reclutar en sus
filas a un sinnúmero de hambrientos y desesperados campesinos para
convertirlos en sicarios.
En el gobierno de Ernesto Zedillo las
afrentas se acrecentaron y la represión apareció con más fuerza en las
comunidades indígenas y campesinas bajo el sello de un tecnócrata
anodino y carente de toda sensibilidad social.
El 28 de junio de 1995, en el vado de
Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero,
fuerzas policiales de la entidad masacraron a 17 campesinos y dejaron
heridos a 21 más. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue destituido
del cargo, pero no le fincaron responsabilidades. Algo similar ocurrió
en Acteal, Chiapas, municipio en donde el 22 de diciembre de 1997, 45
indígenas de San Pedro Chenalhó fueron asesinados a manos de
paramilitares por intentar establecer un autogobierno. Por esos hechos
renunció al cargo Julio César Ruiz Ferro, entonces mandatario
chiapaneco. Misma suerte corrió el secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet, pero como en Guerrero, la impunidad protegió a los políticos
en turno.
Zedillo consintió la privatización de
los ferrocarriles nacionales y le cargó a los mexicanos la deuda
multimillonaria de los banqueros mediante el llamado Fobaproa, al igual
que el rescate carretero; ambos sumaron más de 800 mil millones de
pesos. Los adeudos de estos grupos empresariales fueron transformados a
deuda pública. Pero no conforme con ello, el entonces presidente alentó
las reformas a la Ley del IMSS, para que los ahorros de los trabajadores
pasaran a ser manejados por los voraces banqueros a través de las
Afores. Un agravio cometido a millones de mexicanos que a la distancia
los tiene en riesgo de afrontar una vejez miserable al no contar con los
fondos necesarios para su retiro.
El gobierno de la inalcanzada transición
democrática de Vicente Fox no marcó diferencia alguna en represiones y
atentados neoliberales contra la economía familiar, el nivel de vida de
millones de mexicanos y la represión contra los grupos sociales. Menos
todavía en su lucha contra el crimen organizado, pues apenas con dos
meses en el cargo, enero de 2001, “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de
alta seguridad de Puente Grande, con la complicidad de los funcionarios
nombrados por el panista. Durante su administración comenzaron a
dilapidarse los excedentes petroleros, sin que la economía se reactivara
ni los programas sociales incidieran en un combate frontal a la
marginación.
Como Salinas, Fox terminó su gobierno
con dos hechos que han quedado registrados en el negro historial de las
infamias cometidas al país. El 19 de febrero del 2006, 65 trabajadores
quedaron atrapados al derrumbarse uno de los tiros de la Mina Pasta de
Conchos, ubicada en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila. Las
instalaciones eran administradas por Minera México, propiedad de Germán
Larrea, uno de los empresarios que financiaron en el 2000 la campaña
presidencial del panista.
Lejos de exigir a la compañía las
inmediatas labores de rescate, Vicente Fox, mediante su secretario del
Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, encubrió el crimen de industria
que, hasta hoy, sigue sin castigo. Sólo dos cuerpos fueron rescatados y
los otros 63 permanecen en las entrañas del socavón siniestrado como
mudos testigos de la injusticia de los gobiernos panistas hacia los
trabajadores.
Dos meses más tarde, el 3 y 4 de mayo de
ese año, en San Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó una de
las peores represiones de que se tenga memoria; Fox cobró a los
ejidatarios y miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT)
la afrenta de no haberle permitido erigir en sus tierras de cultivo lo
que había anunciado como su obra sexenal: el nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México.
Con el apoyo de las autoridades se
reprimió brutalmente a los habitantes de Atenco, que apoyaban a
vendedores de flores desalojados por la policía en el vecino municipio
de Texcoco; al llamado del gobierno local acudieron fuerzas federales a
las que no importó golpear y detener lo mismo a hombres que a menores de
edad; la brutalidad fue tal que más de 60 mujeres fueron violadas y
vejadas y 290 personas detenidas.
Sujetos a proceso como reos de alta
peligrosidad, 12 miembros del FPDT fueron enviados al penal del
Altiplano; luego de cuatro años de lucha y movilizaciones sociales
exigiendo su liberación, la Suprema Corte los declaró inocentes, el 30
de junio de 2010. Su delito consistió en defender su tierra y el
derecho a trabajarla.
Con el arribo de otro panista al poder,
Felipe Calderón Hinojosa, México se dispuso a sumergirse en un baño de
sangre luego de que, para legitimar su gobierno, al espurio mandatario
se le ocurriera declarar la “guerra” a los ensoberbecidos cárteles de la
droga, también solapados en el sexenio de Fox. Ambos exmandatarios
compartieron la comisión de un gigantesco y costoso agravio al país:
dilapidaron un billón 200 mil millones de pesos de los excedentes
petroleros.
Con Calderón no tardaron en aparecer la
impunidad y la represión como muestras de su ineptitud para atender los
graves problemas sociales y de justicia en el país. El 5 de junio de
2009, fallecieron 49 niños y 106 más resultaron gravemente heridos tras
registrase un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Lejos
de hacer justicia, Calderón encubrió a los responsables, entre ellos a
Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita
Zavala. Hace unos días se cumplieron ocho años de la tragedia y los
padres de familia siguen exigiendo que los culpables estén en la cárcel.
Margarita Zavala, con el mayor de los cinismos e impunidades, ahora
quiere ser presidenta.
Meses más tarde, el 11 de octubre,
Calderón operó un golpe de estado contra los trabajadores del SME, a los
que mediante el uso de las fuerzas militar y policial expulsó de sus
centros de trabajo, al emitir su decreto de extinción de Luz y Fuerza
del Centro; de la noche a la mañana el “presidente del empleo” despojó
de su trabajo a 44 mil electricistas de manera injustificada. Como lo
denunció el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), al entonces
mandatario le preocupaba que un sindicato independiente obstruyera sus
planes para desmantelar el sistema eléctrico nacional y entregarlo a las
trasnacionales, pero su plan no logró desaparecer al SME y su promesa
de bajar las tarifas eléctricas y mejorar el servicio nunca se cumplió.
Millones de usuarios terminaron repudiándolo por la desmesurada alza en
sus recibos de luz.
Al final de su gobierno quedaron regados
por el país más de 80 mil cadáveres y aún están en calidad de
desaparecidos unas 20 mil personas, sin contar con la cifra
incuantificable de desplazados por su fallida guerra contra el
narcotráfico. Ahora, con la imposición de las reformas estructurales y
la criminalización de la protesta social, la agenda de la represión
empieza a saturarse; lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca, es el resultado
de la inconformidad de los maestros a la Reforma Educativa y los
despojos a miles de comunidades campesinas e indígenas por la
implementación de proyectos energéticos, que engendran un clima de
incalculable tensión social. Los agravios acumulados a lo largo de los
sexenios contra el pueblo de México están llegando al límite y eso
deben sopesarlo con sumo cuidado los tecnócratas que insisten en rendir
culto a la teoría neoliberal y la narcopolítica.
Martín Esparza
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