La crisis electoral no es nueva
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Maestros toman sede del Instituto Electoral en Guerrero. Foto: Germán Canseco |
Primero, hay que reconocer que en estos momentos (tal como afirman los consejeros distritales) no existen las condiciones para efectuar elecciones democráticas en varias entidades de la República Mexicana, entre las que se encuentran destacadamente Michoacán y Guerrero, donde se elegirá gobernador, Congreso estatal y ayuntamientos.
Segundo, si bien los profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) declaran abiertamente que implementan un plan para impedir la realización de elecciones el próximo 7 de junio en dicha entidad, ellos no son los únicos responsables de que no existan las condiciones para llevarlas a cabo, pues aun cuando abandonaran su plan y regresaran las instalaciones de los organismos electorales que hoy tienen tomadas, persistiría la falta de condiciones objetivas para celebrar elecciones democráticas.
Tercero, la no realización de elecciones no sería la causa del fracaso de la democracia ni del estado de derecho en México o en aquellas entidades, sino simplemente su expresión más acabada y contundente. El fin de los periodos constitucionales de las autoridades de Guerrero y Michoacán (gobernadores, Congresos y ayuntamientos), y la falta de relevos constitucionalmente electos, por la ausencia de elecciones, no es lo que provoca la desaparición de poderes, pues, aunque el Senado se niegue a reconocerlo, éstos ya no existen desde hace muchos años en los referidos estados.
Cuarto, la celebración de elecciones no significa la vigencia de la democracia y el estado de derecho en dichas entidades, pues al menos en Michoacán –según declaró Felipe Calderón cuando era presidente– los comicios de noviembre de 2011 ya fueron dominados por el crimen organizado.
El 6 de diciembre del mismo año, en la sede nacional del PAN, Calderón develó: “Aquí sí está pasando algo muy grave, señores, que es la presencia del crimen organizado en las elecciones. Y nos dicen ‘¡pruebas!’. Allí está la prueba: allí está el desplegado publicado a plana entera circulando a plena luz del día en el periódico de mayor circulación. ¿Alguien quiere otra prueba más palmaria y más fehaciente?”.
Y al día siguiente, en Monterrey, precisó: “En Michoacán, el crimen amenazó y bajó de la candidatura a 50 candidatos, de todos, PRI, PAN y PRD, porque les dijeron: O te alineas con nosotros o te desaparezco. Renunciaron. Es un problema grave y no es una cosa ni personal ni partidista. Es un asunto que debe verse con esa mira de Estado”.
En esas condiciones es imposible sostener que existe democracia y estado de derecho. Ni siquiera se puede decir que haya elecciones, pues aun cuando formalmente las autoridades instalen las casillas y cuenten los votos, y los ciudadanos acudan a depositar su sufragio, no son ellos los que están eligiendo a sus gobernantes, toda vez que el crimen organizado ya lo hizo previamente. La jornada electoral es un ritual vacío de contenido.
Lamentablemente en los últimos años éste ha sido el común denominador, sobre todo en entidades dominadas por el crimen organizado, como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde hay evidencias irrefutables de que la designación de candidatos se celebra bajo presión de los cárteles, los cuales amenazan y atacan a aspirantes que consideran enemigos. Ahí, los candidatos no pueden desplegar libremente sus campañas, pues hay amplios territorios que son dominados por la delincuencia organizada; así que en el mejor de los casos únicamente pueden llegar con una fuerte protección policiaca o militar, lo cual limita en buena medida el contacto con la ciudadanía.
Más aún, en distintos momentos del proceso electoral se han perpetrado homicidios contra miembros prominentes de la clase política local, en algunos casos candidatos; en otros, integrantes de los equipos de campaña de alguno de éstos o dirigentes partidistas, e inclusive autoridades electas o designadas. Por lo demás, los electores no pueden ejercer el voto libre y secreto, porque temen ser víctimas de la violencia que permea en todas sus entidades o no tienen opciones reales ante las imposiciones de candidaturas.
Empeñarse en celebrar elecciones en las condiciones actuales en Guerrero y Michoacán es mantener una farsa que impide visibilizar la inexistencia de democracia y estado de derecho al menos en esos estados donde la desaparición de 42 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de cuatro de ellos ya evidenciaron la absoluta ausencia de garantías constitucionales.
Por todo lo anterior es digna de reconocimiento la valentía de los siete integrantes del Consejo Distrital que, sin ambages ni ambigüedades, se atrevieron a reconocer la imposibilidad de realizar elecciones en Guerrero, además de llamar la atención sobre la responsabilidad de la autoridad electoral para contribuir “al desarrollo democrático, reivindicando los principios y valores en todo momento y ante cualquier instancia…”.
Preocupa la reacción del gobernador de ese estado, Rogelio Ortega Martínez, y de los dirigentes del PRD y del PRI, cuyo único argumento fue solicitar la renuncia de los servidores públicos: seguramente sus representantes ante el órgano electoral interpondrán una queja administrativa en contra de los consejeros y buscarán removerlos de sus cargos. El Consejo General del INE debe tomar las provisiones pertinentes para evitar que el contralor vaya a suspenderlos de manera temporal, y eventualmente hasta destituirlos e inhabilitarlos.
La viabilidad de la democracia y el estado de derecho los cancelaron las dirigencias de los partidos políticos y las mismas autoridades constitucionalmente (que no necesariamente democráticamente) electas, no quienes hoy convocan a reflexionar al respecto y, en consecuencia, a terminar con la farsa y transparentar la realidad. En efecto, la ausencia de elecciones en estas dos entidades provocaría un cisma e incrementaría el caos, pero puede ser el revulsivo que requiere la vida política nacional para reencauzar el rumbo.
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