Megaproyectos económicos, entre los mayores productores de conflictos en el país

Desde hace más de 11 años el consejo de ejidos y comunidades opositores a la presa La Parota lucha por la defensa de su territorio, cultura e identidadFoto Javier Verdín

De los corresponsales y Fernando Camacho

 

Periódico La Jornada
Martes 30 de diciembre de 2014, p. 13

Los megaproyectos económicos, entre ellos minas, presas hidroeléctricas, autopistas, aeropuertos, parques eólicos, acueductos e incluso desarrollos turísticos, se han convertido en una de las principales causas de conflictividad social en años recientes en todo el país, reportaron los corresponsales de La Jornada.

Lo anterior se debe no sólo a que despojan de sus recursos naturales a las comunidades donde se asientan, pasando por alto su opinión y su voluntad, sino también a que generan altos niveles de contaminación en la tierra y el agua, dividen a los pueblos para imponer sus intereses e incluso se les señala como responsables de encarcelamientos y asesinatos contra los activistas opositores, de acuerdo con denuncias de múltiples colectivos de la sociedad civil.

Minas imponen sus intereses

Según un análisis realizado por los corresponsales de este diario en el país, los megaproyectos mineros son una de las actividades más cuestionadas por los pueblos cuyas tierras son explotadas por estas compañías –la mayoría de origen extranjero–, pero también los objetan especialistas de universidades y organizaciones no gubernamentales.

El Tribunal Permanente de los Pueblos denunció recientemente que las minas son la mayor causa de tensiones en América Latina, al generar unos 200 conflictos sociales en la región, de los cuales cerca de 90 implican a empresas canadienses, las cuales violan los derechos ambientales de la región donde trabajan y provocan la ruptura del tejido social.
A escala local, la Red Mexicana de Afectados por la Minería detectó que hay por lo menos 35 focos rojos generados por esta actividad, diez de ellos en San Luis Potosí, cuatro en Oaxaca, Michoacán y Guerrero con tres cada uno, los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Zacatecas con dos por cada entidad, y al menos uno en Chiapas, Colima, Jalisco, Durango, Morelos y Veracruz.
Además, en prácticamente todos los casos las mineras violan el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –firmado y ratificado por México–, que establece el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de forma previa, libre e informada para pedir su autorización antes de poner en marcha cualquier proyecto económico en sus territorios.
Un caso reciente que ilustra la falta de controles a las empresas mineras y el daño ecológico que éstas pueden causar es el de las minas Buenavista del Cobre y Cananea, filiales de Grupo México, que el 7 de agosto pasado derramó 45 millones de litros de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo cual ha paralizado casi por completo las actividades económicas en siete municipios de Sonora.
Otro ejemplo paradigmático que ilustra las malas condiciones en las que trabajan los mineros, pese a las ganancias millonarias de los dueños de las compañías que explotan el mineral, es el de Pasta de Conchos, ubicada en la región carbonífera de Coahuila –también propiedad de Grupo México–, donde el 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión que dejó atrapados a 65 obreros a más de 700 metros de profundidad.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado, la mina estalló por la acumulación de gas metano, el cual se deriva de la extracción de carbón y es imperceptible al olfato. Trabajadores sobrevivientes y ex trabajadores del lugar aseguraron que la empresa los obligaba a laborar aun cuando los sensores electrónicos detectaban concentraciones de gas por arriba de lo tolerable.

Autopistas despojan a comunidades

De igual forma, la construcción de autopistas es motivo de conflictos en diversas entidades, sobre todo porque en el proceso son comunes los despojos de tierras, el no pago de indemnizaciones y la falta de consulta a los pueblos afectados.

En el estado de México es emblemático el caso de 15 familias del pueblo de San Francisco, cuyas viviendas y negocios fueron demolidos para iniciar la construcción de la autopista de Naucalpan al Aeropuerto de Toluca y además fueron multados con más de 3 millones 700 mil pesos por rellenar parte de una barranca contigua a los lotes donde antes vivían.

Aunque nunca se negaron a dejar los terrenos, los antiguos dueños de las tierras afirman que las autoridades estatales derribaron sus casas cuando aún estaban habitadas, por lo que no pudieron rescatar sus bienes ni sus documentos personales. De igual forma, nunca se cumplieron las promesas de que serían indemnizados, por lo que recurrieron a cauces legales para reclamar el pago de daños.
En Guanajuato, el presidente del Consejo Estatal Indígena y representante de 26 comunidades ñañús, Magdaleno Ramírez, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la violación a los derechos del pueblo indígena por parte del gobierno panista de Guanajuato al intentar despojarlos de sus tierras para construir la autopista Silao-San Miguel de Allende.
En la queja, el líder indígena acusó al estado de intimidarlo constantemente para que se desistiera del amparo tramitado contra la autopista, cuyo proceso judicial tiene detenida la obra.

Termoeléctricas y parques eólicos, otra fuente de conflicto

En lo que se refiere a iniciativas de generación de energía, uno de los ejemplos más recientes es el Proyecto Integral Morelos, mediante el cual se busca instalar dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado en el pueblo de Huexca, Morelos, así como un gasoducto de 160 kilómetros que atravesará 60 pueblos de tres entidades (Puebla, Tlaxcala y Morelos) y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día.

De acuerdo con organizaciones sociales de la región, el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad –donde se invertirían mil 600 millones de dólares, sobre todo en concesiones a las empresas españolas Elecnor y Enagas, así como a la italiana Bonatti– es una bomba de tiempo, pues además de las implicaciones ambientales por el uso de diversos materiales en las termoeléctricas, el gasoducto pasaría por una zona de actividad sísmica y volcánica.
De igual forma, en el estado de Oaxaca, la instalación de 17 parques de generación de energía eólica –concesionados a 11 empresas trasnacionales– provocó que desde 2007 varias comunidades zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec se organizaran para resistir lo que llamaron la nueva Conquista.
En la localidad de Unión Hidalgo, un grupo de 28 comuneros aceptó rentar sus tierras a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos, filial de la española Renovable Energy, pero luego de algunos meses se organizaron y desistieron, exigiéndole a la Procuraduría Agraria que decretara el cese de los contratos.
Otro caso ejemplar y reciente de megaproyectos que se iniciaron sin pedir el consentimiento de los pueblos es el Acueducto Independencia, en el estado de Sonora, mediante el cual se desvían anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui al Sonora, para abastecer del líquido a la ciudad de Hermosillo.
Aunque en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó un amparo solicitado por la tribu yaqui contra la manifestación de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al acueducto, este sigue operando mientras no se realice una consulta entre los indígenas sobre este tema, la cual no ha cumplido con los requisitos de ser libre e informada, según los inconformes.
Los desarrollos turísticos también pueden convertirse en elementos de conflicto o desequilibrio ecológico, como lo demostró el caso del proyecto Cabo Cortés, que pretendía construir en el Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, una marina para más de 400 barcos, 27 mil habitaciones de hotel, centros comerciales y dos campos de golf, en una zona de baja densidad habitacional y gran escasez de agua.
Sin embargo, en junio de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón anunció la cancelación de las licencias otorgadas a la empresa española Hansa Baja Investments, luego de que por años diversas organizaciones civiles, además de académicos especialistas, advirtieran sobre la inviabilidad de dicho proyecto.

Fuente