Deja 2 muertos y más de 40 heridos desalojo de mineros en Michoacán
Dirigente gremial muestra videos en los que un jefe de la Policía Ministerial ordena disparar
Fox, culpable, por imponer a Elías Morales como líder del sindicato nacional: Maya Bucio
Apoyados por compañeros de otras plantas, los mineros en huelga lograron recuperar las instalaciones de Sicartsa Foto: Alfredo Domínguez
LA JORNADA
Lázaro Cardenas, Mich., 20 de abril. Dos mineros muertos y 41 lesionados, dos de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó el desalojo efectuado hoy por 800 policías federales y estatales contra aproximadamente 500 trabajadores que se mantienen en huelga desde el 2 de abril en la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), misma que fue recuperada más tarde por los obreros.
Durante la trifulca fueron incendiados el edificio Monarca, donde se archivaba la información administrativam y unos 30 vehículos de la empresa, así como algunos particulares, además de maquinaria pesada que utilizaron los trabajadores para replegar a los policías.
Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando los agentes de las policías Federal Preventiva (PFP) y Judicial del estado, además del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), ingresaron a la factoría con gases lacrimógenos y armas de fuego.
La presencia de los agentes, quienes entraron por la puerta trasera de la planta acerera, tomó por sorpresa a los obreros, quienes se encontraban atrincherados frente al acceso principal. La policía logró inicialmente que los inconformes se dispersaran.
Sin embargo, dos horas después arribaron más obreros, y con palos, piedras y varillas replegaron a los policías hacia el interior de la planta, por el mismo lugar donde llegaron.
En la refriega perecieron José Luis Castillo Zúñiga, trabajador de Sicartsa, y Héctor Alvarez Gómez, representante sindical en la comisión mixta de la empresa Mittal Steel; asimismo, resultaron gravemente heridos Luis Alberto Zárate, quien recibió un impacto de bala que le perforó el pulmón, y Cirilo Quiñones, con una lesión en el tórax por impacto de arma de fuego.
Este hecho ocasionó el cierre del comercio del primer cuadro de la ciudad. Las oficinas de la Administración Portuaria Integral, ubicadas a un costado de Sicartsa, fueron desalojadas desde las 10 horas. También fueron desocupados tres estibadores.
Mittal Steel, donde también laboran afiliados a la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) pararon actividades en respaldo a sus compañeros agredidos y posteriormente apoyaron la recuperación de las instalaciones y el repliegue de los elementos de seguridad.
En la entrada de la empresa, que se encuentra bloqueada, todo el día se vivieron momentos de tensión ante el temor de una segunda agresión, al tiempo que vehículos y parte de las oficinas eran consumidas por el fuego.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México mantienen bajo resguardo las áreas de alto riesgo, como Altos Hornos, Planta de Fuerza y Coquizadotra, según dijeron los propios trabajadores.
Felipe Manuel Maya Bucio, secretario de seguridad e higiene de la sección 271 del SNTMMSRM, informó de cinco mineros desaparecidos, pero al parecer fueron ingresados al Hospital Civil de Morelia, debido a que resultaron heridos; los otros 36 fueron llevados al hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lázaro Cárdenas.
Maya Bucio señaló que el movimiento comenzó por la intromisión del gobierno federal en el sindicato minero, al desconocer a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia. Nuestra petición a los Villarreal Guajardo (propietarios de la empresa) fue que se dieran las mismas condiciones en que se levantó la huelga en Mitta Steel: el pago total de los salarios caídos, que se retire cualquier demanda judicial contra los dirigentes del movimiento, la reinstalación de los trabajadores despedidos y que se reconozca a Gómez Urrutia.
La huelga empezó el 2 de abril en Sicartsa y sus filiales, además de Mittal Steel, donde hubo un arreglo el día 11, tras reconocer las negociaciones con la dirigencia gremial encabezada por Gómez Urrutia y el pago de los salarios caídos.
Bucio presentó videos que demuestran que el director de la Policía Ministerial, Jaime Liera Alvarez, "fue quien dio la orden de disparar a los pies y al aire", y hay trabajadores que cuentan con imágenes donde incluso se ve cómo disparan desde un helicóptero, comentó.
Recordó que el lunes pasado, durante una gira por Uruapan, Vicente Fox le aseguró personalmente que no habría ninguna agresión a los trabajadores, "pero 48 horas después vemos cómo el Presidente incumple su palabra: la respuesta desde Los Pinos fueron las balas", dijo.
En entrevista con La Jornada Michoacán, el dirigente afirmó que personalmente entregó a Fox el documento en que se señalaba las peticiones para destrabar el conflicto en la siderúrgica.
Marcha de mujeres familiares de los mineros
Aproximadamente a las 18 horas, más de mil mujeres, entre esposas, madres e hijas de los trabajadores, marcharon del Monumento al minero hasta la puerta dos de Sicartsa, donde se encuentran los huelguistas, para manifestarse en rechazo a la agresión.
Coreando consignas contra el Grupo Villacero, César Reyes (supuesto esquirol), el presidente Vicente Fox y la Secretaría del Trabajo, las manifestantes efectuaron un mitin donde aseguraron que saldrán de la empresa hasta que haya una negociación justa.
Agentes locales, codyuvantes de la PFP, asegura el gobierno del estado
El gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, se deslindó del homicidio de los trabajadores y del desalojo mismo. Los agentes del GOE -de la Secretaría de Seguridad Pública estatal-, dijo Enrique Bautista Villegas, secretario de Gobierno, iban "desarmados" y únicamente como "coadyuvantes" de la PFP, "a solicitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje", aseguró.
En un escueto comunicado, el gobierno local indicó que la intervención del GOE fue "para desbloquear la planta industrial", pero que al empezar el operativo los agentes fueron recibidos violentamente por los trabajadores en paro, lo que derivó en "un enfrentamiento que ocasionó daños en instalaciones, quema de vehículos y personas heridas de ambos grupos", además de la muerte de dos trabajadores.
El texto añade que el gobernador instruyó a la Procuraduría General de Justicia del estado a iniciar la averiguación previa "para el total esclarecimiento y deslindar las respectivas responsabilidades". Destacó que el Ejecutivo estatal solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue el caso.
Por la noche arribaron visitadores de las comisiones de derechos humanos del Distrito Federal y de Morelia para fungir como mediadores entre el sindicato y el gobierno, e incluso tuvieron un acercamiento con los mineros para formalizar la propuesta.
En entrevistas concedidas a noticiarios radiofónicos locales y de la ciudad de México, Bautista Villegas señaló insistentemente que "fue la instancia federal la que solicitó al gobierno del estado que ayudara a las fuerzas federales a recuperar las instalaciones de Sicartsa y de las empresas subsidiarias Atibsa y Assa, tomadas desde el pasado 2 de abril".
Indicó que el paro de los mineros "no se originó en Michoacán" y es resultado "de un conflicto interno entre grupos del SNTMMSRP y, en todo caso, entre ese sindicato y las decisiones de la Secretaría del Trabajo", por el reconocimiento que otorgó a Elías Morales como dirigente de los mineros, en detrimento de Napoleón Gómez Urrutia.
Se aplicó la ley: IP y PAN
Ricardo Rubí Bustamante, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que el sector "está de acuerdo con la aplicación de la ley; para eso es la fuerza pública: para someter a los ciudadanos que violan la legislación", dijo el mismo que a lo largo de los 20 días de paro ha insistido en que el movimiento obrero obedece a intereses ajenos al sindicato y es totalmente ilegal, y que Michoacán "no puede seguir ofreciendo una imagen de ingobernabilidad". Calificó la actuación de los mineros como "violenta y sin razón".
Eduardo Sánchez Martínez, dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseveró que la situación en el puerto es resultado "de la especulación de los partidos políticos, la falta de transparencia de los sindicatos y la inmovilidad del Congreso de la Unión para sacar adelante las reformas que el país reclama".
No se puede calificar como represiva la incursión policiaca en Sicartsa, aseveró Sánchez Martínez, puesto que la PFP y el GOE actuaron con estricto "apego a la ley y al estado de derecho", en cumplimiento tanto de las exigencias de la mayoría de la sociedad como de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que en la víspera declaró ilegal la huelga.
El dirigente estatal panista, Francisco Morelos Borja, señaló que si bien los gobiernos federal y estatal deben promover el diálogo, están obligados a velar porque prevalezca la ley, y así se hizo, pues "la huelga había sido declarada ilegal".
Por la noche, agentes de las corporaciones policiacas que participaron en el desalojo y cinco mineros, en calidad de presentados, declaraban ante el Ministerio Público sobre su participación en el enfrentamiento, informó Juan Antonio Magaña de la Mora, procurador de Justicia del estado.
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