Criminalización de la ANUEE y la protesta social
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La limitación de
protestas sociales, acompañadas de detenciones arbitrarias, se han
convertido en uno de los métodos de disciplina y control social más
usados por autoridades mexicanas en la administración de Enrique Peña
Nieto. Éstas son cometidas contra organizaciones sociales y personas de
presencia y liderazgo importante entre procesos de resistencia que se
oponen a megaproyectos, que se organizan para defender sus territorios y
especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA), por mencionar algunos. En la última década, se ha
consolidado un régimen de despojo que se ha gestado desde hace ya varios
lustros con la imposición de políticas neoliberales, que protegen
intereses económicos de las transnacionales e incentivan la
mercantilización de bienes comunes naturales y de derechos, que son
vistos como bienes de capital.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica (ANUEE), donde participan más de 70 mil personas, ha
sufrido en lo que va del presente año agresiones y detenciones
arbitrarias en contra de sus integrantes, que han mantenido una larga
lucha con carácter social en contra del desmantelamiento del sector
energético y las diversas problemáticas que entraña éste en distintos
ámbitos y dimensiones de la vida individual y colectiva. El Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acompaña este movimiento en
la documentación de hechos violentos relacionados con la defensa del
derecho humano a la energía eléctrica, acompaña movilizaciones, e
insiste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre
la importancia de reconocer y proteger este derecho, también se ocupa
de la defensa integral de las personas que han sido detenidas.
Apenas el pasado 19 de agosto fueron
detenidas de forma arbitraria dos personas en Naucalpan, Estado de
México. Se habían comenzado trabajos de “modernización” en
infraestructuras eléctricas, razón por la cual vecinos salieron de sus
casas a solicitarle a trabajadores y contratistas de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) información sobre esas obras, en ejercicio del
derecho de petición e información, sin embargo de forma intencionada se
les negó, llamándolos “indios cerrados”.
Posteriormente, el día 14 de octubre de
2017 en ese mismo municipio, policías municipales realizaron violentos
actos de represión y detuvieron a otras dos personas. Incluso, sobre
estos hechos, se denunció tortura sexual en uno de los casos: quien
policías sacaron de su automóvil y arrastraron por el pavimento a una de
esas personas, para luego ser inmovilizada contra el suelo por dos
policías de sexo femenino, sentándose en sus piernas y golpeándola,
mientras alrededor se encontraban otros agentes del sexo masculino
indicándoles a aquéllas donde golpear para someter a la víctima,
mofándose y vociferando insultos como: “¡Eres una puta!, ¡te lo sacaste por revoltosa!”
A lo que siguió la puesta a disposición y posterior traslado al seguro
social, porque no había un médico legista. Todo con una violencia brutal
y un trato degradante.
La mayoría de los casos de detenciones y
criminalización de integrantes de la ANUEE se realizó bajo la denuncia y
puesta a disposición en la Procuraduría General de la República (PGR), y
la subsecuente imputación del delito de oposición a obra o servicio
público, el cual se encuentra en el artículo 185 del Código Penal
Federal. Delito que debiera ser considerado inconstitucional, toda vez
que ahora se usa discrecionalmente cada vez más contra quienes se
“oponen” a obras públicas.
En medio de este conflicto, el pasado 16
de octubre, en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano,
Estado de México, se realizó la audiencia de formulación de imputación y
solicitud de vinculación a proceso por los hechos del 19 de agosto; se
generó un precedente importante en la lucha contra la criminalización de
la protesta. En ese proceso personas asesoras jurídicas del Centro
Vitoria, que acompañan a la ANUEE, dejaron registro ante el juez del
exceso que significa judicializar una problemática social, cuando se
pretende aplicar todo el “rigor de la ley” y lanzar una agresiva
maquinaria penal contra quienes ejercen el derecho a la protesta social,
el derecho a disentir y resistir. Lograron la no vinculación al delito y
llamó la atención la argumentación del juez, que protegió a estas
personas señalando sus derechos a la libertad de expresión,
manifestación y protesta social. Un paso contundente que de forma
inmediata las autoridades federales buscan anular, ya que la PGR
continúa en su pretensión de criminalizar este movimiento. Sin embargo,
obvia reconocer que con ello incurre en graves violaciones a derechos
humanos y actúa como defensora no del pueblo, sino de empresas e
intereses particulares.
Marisol Feria* y Carlos Ventura*
* Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
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