Ante un gran desastre, sólo 1.7% de mexicanos tendría refugio temporal
En la Agenda Nacional de Riesgos,
los desastres ocasionados por fenómenos naturales encabezan la lista de
las 10 más graves amenazas a la seguridad nacional: en el Continente
Americano, México es el que más pérdidas humanas y materiales ha sufrido
en la última década por estas catástrofes.
Elaborada por los aparatos de inteligencia, civiles y militares, la Agenda
es el instrumento prospectivo ultraconfidencial que identifica los
riesgos y amenazas a la seguridad nacional y las vulnerabilidades del
Estado frente a éstas.
Pese a esta evaluación, que nos ubica
como altamente vulnerables ante los desastres ocasionados por fenómenos
naturales, y a que hace 1 año sufrimos dos letales sismos –que cobraron
la vida de 471 personas y nos mostraron cruelmente esta fragilidad–, el
país permanece en pañales en materia de prevención y atención de desastres.
Muestra de ello es que la capacidad de
albergar a damnificados es terriblemente insignificante: sólo cubre al
1.7 por ciento de la población mexicana, estimada en más de 132 millones
de personas.
El Sexto informe de gobierno de
Enrique Peña Nieto revela que, en todo el país, existen apenas “12 mil
916 instalaciones para resguardo de 2 millones 383 mil 121
damnificados”.
La incapacidad en este aspecto es
evidente si tomamos en cuanta que el propio gobierno federal calculó en
más de 12 millones de personas las damnificadas por los sismos del 7 y
19 de septiembre de 2017. Éstas se ubicaron en unos 400 municipios de
las entidades afectadas (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Guerrero,
Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México).
El censo de los poco más de 12 mil albergues se obtuvo, indica el Informe de Peña, con información de las 32 entidades federativas, a partir de la cual “se conformó el Catálogo nacional de refugios temporales, los cuales están georreferenciados para una localización precisa”.
En caso de ocurrir un gran desastre o
emergencia, el albergue disponible para apenas 2.3 millones de personas
sería, otra vez, insuficiente como lo fue en septiembre del año pasado.
Tan sólo en la Ciudad de México habitan poco más de 8 millones 851 mil
personas y no se entiende por qué, después de los sismos de 2017, este
tema no se ha atendido.
Gastos excesivos
Lamentablemente, las fallas
estructurales en la prevención y atención de desastres y emergencias no
se reducen a la incapacidad para albergar a los damnificados. También
alcanzan el mal manejo de los recursos públicos, sea por corrupción,
fraude o negligencia.
El mismo Informe de Peña da
cuenta de que, ante el desastre de septiembre de 2017 no faltaron
recursos, sino que su ejecución ha sido fallida. Para continuar con las
obras de reconstrucción en la atención de desastres naturales y otros,
refiere, los recursos autorizados con cargo al Fideicomiso del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) ascendieron a 14 mil 320.1 millones de
pesos, entre enero y junio de 2018.
Reconstrucción que, sin embargo, no se
ve: las comunidades y pueblos destruidos por los sismos del año pasado
permanecen en ruinas, a pesar de esos gastos.
Según el Sexto informe, de esa
bolsa multimillonaria se destinaron 10 mil 364.8 millones para la
reconstrucción de la infraestructura pública, que representa el 72.4 por
ciento del total de los recursos autorizados; 2 mil 900.9 millones, a
la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y
desastre por fenómenos naturales; y 1 mil 54.4 millones, a la renovación
del seguro catastrófico Fonden.
En el caso específico de la atención a
las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, refiere
que se emitieron 11 declaratorias de desastre, autorizando más de 38
mil millones de pesos, de los cuales 29 mil 694.7 millones
correspondieron a la aportación federal a través del Fonden, y 8.4 mil
millones a la aportación de las entidades federativas.
El propio informe admite subejercicios,
pues detalla que, “a junio de 2018, la ejecución de recursos del Fonden
presentó un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por
ciento”.
La deuda
El gran desastre causado por esos
terremotos no sólo reveló la desorganización del gobierno y la
negligencia –por no decir la corrupción– en la aplicación de los
recursos públicos, sino también los negocios paralelos en el contexto de
la reconstrucción.
Al respecto, uno de los temas que se han
pasado por alto es el de los seguros, se consumieron ya 1 mil 54.4
millones de pesos del Fonden.
Según el Sexto informe, el
primer sismo –del 7 de septiembre– activó el bono catastrófico
contratado en agosto del año pasado, “lo cual generó un pago por 150
millones de dólares, que representó el ciento por ciento de la cobertura
contratada a través de este instrumento para el riesgo de sismo. Los
recursos de este bono fueron transferidos al Fonden en noviembre de
2017”.
Refiere que, en coordinación con los
países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y el
Banco Mundial, el 7 de febrero de 2018 se colocó un nuevo bono
catastrófico conjunto para el riesgo de sismo con vigencia de 2 años.
Éste consta de “dos series de cobertura
complementarias para incrementar la suma asegurada de 150 millones a 260
millones de dólares, cobertura de las zonas sísmicas más relevantes del
país con diferentes parámetros de activación y estructuración conjunta
con los países de la Alianza del Pacífico para reducir costos de
colocación”.
Agrega que esa colocación se suma a la
cobertura vigente del bono emitido en 2017 para ciclones tropicales de
las costas del Pacífico y Atlántico. En total, indica, se cuenta con una
suma asegurada conjunta de 470 millones de dólares.
Otro tema ligado a los seguros es el que tiene que ver con el Fonden. Según el Informe,
“derivado de los sismos que afectaron a la población e infraestructura
durante septiembre de 2017, se detonó el proceso de reclamación y ajuste
de pérdidas del seguro catastrófico del Foden, renovado en julio de
2017. La magnitud de los daños en la infraestructura a cargo del Fondo
generó indemnizaciones por 2 mil 777.1 millones de pesos a mayo de 2018,
derivadas de este seguro. El proceso de ajuste continúa y se estima
obtener una mayor recuperación durante el segundo semestre de 2018”.
Así, el manejo de los multimillonarios
recursos que, lamentable, los damnificados jamás vieron llegar. La falta
de infraestructura en el tema de albergues es un reflejo más de la
pésima administración del dinero. Pero, en peñalandia, México está mejor.
Nancy Flores
Nancy Flores
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