México pagará 1.6 billones de pesos por rescate bancario, entre 2018 y 2042
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En los próximos 4
sexenios, el erario mexicano pagará al menos 1 billón 665 mil 18
millones de pesos por el rescate bancario –que data de 1995–, a razón de
1 billón 243 mil 265.7 millones por cuotas y 421 mil 754.7 millones de
pesos por recursos fiscales que el gobierno transferirá al Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Ese monto se suma a los miles de
millones de pesos que de por sí ya fueron sustraídos del erario en estos
23 años para favorecer a ese sector y supuestamente evitar su quiebra,
pero que en realidad han servido para enriquecer a una élite económica
y, a últimas fechas, a trasnacionales bancarias.
Tan sólo en el primer año de gobierno de
Andrés Manuel López Obrador –quien se ha propuesto ser austero–, al
rescate bancario se le destinarán 31 mil 968.8 millones de pesos, porque
es un gasto comprometido.
Para 2020, el monto ascenderá a 33 mil
151.3 millones, y en 2021 –cuando López Obrador someterá su gobierno a
un plebiscito de revocación de mandato– el rescate de la banca absorberá
otros 41 mil 943.7 millones de pesos públicos, revela el Informe especial: infraestructura financiada con ingresos futuros, de la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante, las cosas podrían ser mucho
peor, refiere el análisis, pues existe el riesgo de que la deuda
aumente a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre de 2042.
¿Indignante? Sí, y mucho, porque en vez
de beneficiar a las usureras instituciones bancarias, ese dinero público
debería emplearse en los temas urgentes de la agenda nacional, como la
salud universal y la educación. Pues según el dicho del próximo
mandatario: primero son los pobres.
A todas luces, el rescate bancario choca
con el esquema de austeridad republicana propuesto por López Obrador, y
por ello lo mínimo que puede hacer el político tabasqueño es
demostrarnos que el mercado no manda más en este país; llamar a cuentas a
los responsables de ese desfalco a la nación, incluidos banqueros y
servidores públicos que no han pagado por sus crímenes económicos. Y,
sobre todo, frenar los abusos de las instituciones bancarias.
Para nadie es un secreto que los bancos
practican la usura con aval gubernamental: cobran intereses sobre
intereses en todos sus esquemas de créditos, gracias a que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación legalizó, en 1994, este asalto conocido
como anatocismo.
Y aunque la palabra usura no les guste a
los señores del dinero, según la Real Academia de la Lengua Española
significa “interés excesivo en un préstamo”, y “ganancia, fruto,
utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es
excesivo”. Ambas acepciones describen a la perfección el comportamiento
de esas instituciones y sus dueños y directivos, pues además de las
altas tasas de interés, cobran comisiones hasta por pagos de nómina.
Queda claro que, por años, las
instituciones públicas han estado sometidas a los intereses privados y
al gran capital. Sólo así se explica el poder que han amasado los
bancos, en su mayoría extranjeros.
Dicho poder ha llegado a tal punto que
el pasado 8 de noviembre, tiraron la Bolsa Mexicana de Valores sólo para
presionar al futuro gobierno de López Obrador, y así evitar que se
eliminen algunas de esas comisiones, como lo propuso Movimiento
Regeneración Nacional en el Senado.
El propio Mario Di Costanzo, actual
titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, señaló que la banca sobrerreaccionó a
la iniciativa de ley que presentó el senador Ricardo Monreal para
eliminar algunos de esos pagos a los que obligan a cuentahabientes y
clientes.
El multimillonario rescate
El gasto por más de 1.6 billones de
pesos en el rescate –a todas luces injusto para un país tan empobrecido
como el nuestro– es uno de los tres más relevantes importes
comprometidos a futuro. Los otros dos son la deuda del gobierno federal y
las pensiones.
De acuerdo con la Auditoría Superior,
las cuotas y recursos fiscales que recibirá el IPAB en los próximos 25
años, servirán para mantener la estrategia del rescate, consistente en:
“refinanciar los vencimientos del principal de la
deuda; pagar una porción de los
intereses con recursos fiscales y los ingresos provenientes de las tres
cuartas partes de las cuotas cubiertas por los bancos, y liquidar el
diferencial de los intereses, con deuda adicional producto de nuevas
emisiones de Bonos de Protección al Ahorro.
El Informe especial agrega que “el saldo
inicial de la deuda del IPAB a 2018 fue de 889 mil 790.1 millones de
pesos, que de acuerdo con la estrategia de pago actual, al considerar
sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2
billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre del año 2042”.
Además, indica, “los ingresos
comprometidos estimados al final del periodo podrían ser del orden de
los 24 billones 540 mil 239 millones de pesos, y el mayor impacto lo
tendrían la deuda del gobierno federal con 51 por ciento respecto del
total, las pensiones con 37.6 por ciento, el IPAB con un 6.8 por ciento
y, por último, los esquemas financieros con 4.6 por ciento”.
La Auditoría Superior alerta que las
mayores presiones de gasto se podrían presentar en 2030 y en el periodo
de 2046 a 2048, por lo que es factible que se reduzca el margen de
acción del gobierno federal y de las entidades federativas para atender
otras necesidades, lo que se agravaría por los compromisos de pago del
rubro de pensiones y de la deuda del IPAB, con la probabilidad de un
mayor gasto en salud a cargo del gobierno federal.
“Las obligaciones de pago futuras de
los esquemas financieros, por 1 billón 126 mil 812.6 millones de pesos,
podrían reducir los márgenes de acción del gobierno federal, así como de
las entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto;
este riesgo puede incrementarse si se adicionan también los compromisos
de pago del IPAB (1 billón 665 mil 18.4 millones de pesos), en materia
de pensiones (9 billones 215 mil 330.1 millones), así como la propia
deuda pública (12 billones 533 mil 77.9 millones), lo que necesariamente
incidirá en mayores presiones sobre las finanzas públicas.”
El Informe indica que, “de
acuerdo con las estimaciones proporcionadas por las distintas
dependencias y entidades, así como las realizadas por la ASF, el Estado
mexicano tendría que hacer frente a una carga financiera promedio anual
de 240 mil millones de pesos, a valores corrientes, durante los próximos
100 años”. ¿Alguien quiere defender a la banca?
Nancy Flores
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