Consuman legisladores la más alta traición a la patria
CONTRALÍNEA
El
propósito de desmantelar la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y
nuestros recursos naturales se ha consumado en una de las más arteras
traiciones a la patria. Los legisladores del Partido Revolucionario
Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de
México que sellaron el monumental atraco a la nación muy pronto deberán
responder antes millones de mexicanos por la abrumadora demagogia con
que defendieron desde la tribuna los intereses de las voraces
multinacionales, a las que en aras de la “utilidad pública” se les
entregará el país entero para devastarlo.
Con la aprobación de las leyes secundarias, el petróleo y la
electricidad han dejado de ser parte estratégica del desarrollo nacional
por obra y gracia de un puñado de apátridas que en la peor de
las bajezas ni siquiera leyeron ni se enteraron a detalle sobre lo que
aprobaron en un grotesco y ominoso mayoriteo, retornando a los añosos tiempos del vasallaje.
De la mano, priístas, panistas y verdeecologistas cayeron
una y otra vez en sus propias contradicciones históricas e ideológicas,
como cuando desde la tribuna la senadora Cristina Díaz pidió dejar atrás
“los cascarones políticos y sociales que corresponden al pasado”. Pero
hizo mutis, como el resto de sus compañeros de bancada y sus
ignominiosos aliados, cuando el perredista Alejandro Encinas invocó
extractos de la Ley del Petróleo expedida en 1901 por el dictador
Porfirio Díaz, en la que, cual si se tratara de una copia al carbón de
lo ahora contemplado en las leyes secundarias, se ofrecían a las
compañías extranjeras todo tipo de facilidades para despojar de sus
tierras a comunidades indígenas y campesinas, facilitando sus labores de
explotación.
De tales “cascarones”, los ejecutores priístas del atraco nacional prefirieron negar su propio origen ideológico ahora pintado de azul
por su afinidad de complicidades e intereses mutuos con la gente de
Acción Nacional, cuyos fundadores buscaron dinamitar la expropiación
petrolera del general Lázaro Cárdenas en 1938. Quién diría que ahora, en
la nueva “visión de vanguardia” y acomodaticia de la reforma energética
del siglo XXI, irían de la mano en la entrega de los recursos
energéticos a las trasnacionales, arrasando, como don Porfirio, con la
propiedad social de millones de mexicanos. Eso sí, se dicen dispuestos a
asumir los “costos políticos”. Y vaya que los habrá.
Al decir de los ejecutores del despojo que se avecina contra
indígenas y campesinos basta con cambiar el término “expropiación” por
el de “ocupación temporal” para desaparecer los riesgos que los
proyectos de las trasnacionales implicarán en la certidumbre de la
tenencia de la tierra; la nueva terminología jurídica no evita el riesgo
al que se enfrentarán en el país un promedio de 19 mil ejidos y
comunidades indígenas cuyas poblaciones amenazan con ser devastadas en
su modo de vida por los consorcios petroleros y eléctricos que tendrán luz verde del gobierno en turno, gracias a las leyes secundarias, aprobadas a modo, por el sumiso Congreso de la Unión.
Doblemente grave que los impulsores de las leyes secundarias digan
que hasta habrá “justas recompensas” para quienes deban ceder sus
tierras o propiedades al pasar al nivel de “socios” de los
inversionistas, cuando en los nuevos ordenamientos ni siquiera se
fijaron los hipotéticos porcentajes de ganancias a los afectados ni los
montos por la compensación de daños, dejando en manos de la
Secretaría de Energía “las metodologías, parámetros y lineamientos” para
tales efectos. Es decir que la benévola “ocupación temporal” ni
siquiera quedó reglamentada, a diferencia del “interés público” que
aparece en todas las leyes secundarias como justificante para autorizar
el despojo de tierras a favor de los proyectos de las voraces
multinacionales.
Pero así como quedaron lagunas en las disposiciones que
supuestamente deberán amortiguar los efectos negativos a la población,
también hay marcadas imprecisiones y laxitudes en el otorgamiento de
contratos y licencias, así como en materia ambiental donde, paradójico,
los legisladores del Verde Ecologista avalaron la extracción del llamado
gas de lutita o shale gas utilizando el sistema de la fractura hidráulica del subsuelo o fracking,
que utiliza, además de grandes volúmenes de agua, sustancias altamente
tóxicas para el medio ambiente, al grado de que tal método se está
restringiendo en países como Estados Unidos. Los panistas pugnan por
explotar mediante el fracking 20 mil pozos por todo el territorio nacional, lo que implicará dejar sin agua a más de 5 millones de habitantes.
Los apátridas del Congreso insistieron, y lo siguen haciendo, en
que las leyes secundarias no atentan contra la seguridad nacional en
materia energética; empero, la nueva Ley de Hidrocarburos establece la
obligación de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo
de entregar a los particulares toda la información estratégica del
sector, así como los estudios de investigación acumulados en décadas de
trabajo –y pagados por todos los mexicanos–, con el fin de que estos
operen el nuevo Centro Nacional de Hidrocarburos sin que les cueste 1
solo centavo. Es decir, que abriremos de par en par nuestros valiosos
archivos confidenciales –que en otros países son considerados materia de
estrategia de seguridad nacional– sin el menor recato a los monopolios
internacionales.
Además, y apenas se coronó la infamia legislativa, sus operadores
se aprestaron a dar las malas nuevas al pueblo de México como sucedió
con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público de Felipe Calderón y
hoy senador Ernesto Cordero, quien anunció que no debe engañarse a la
gente bajo la falsa expectativa de que de la noche a la mañana bajarán
las tarifas del gas, la luz y ya no se diga la gasolina. El priísta
Emilio Gamboa fue más directo cuando dijo a los medios que en la
promoción de la reforma energética “nunca se mencionó que bajaría el
precio de las gasolinas”.
Eso sí, panistas, priístas y verdeecologistas, acordaron por
unanimidad el desaparecer el subsidio a las tarifas eléctricas
focalizando su aplicación en las zonas rurales y urbanas marginadas,
dejando tal “beneficio” a las clases desfavorecidas a “criterio del
presidente”, y dotándolo, de paso, de una poderosa arma electorera. Es
decir que si se dan protestas sociales en algunos sectores marginados,
el jefe del Ejecutivo podrá decidir si se les otorga o no el
paternalista subsidio para no perecer en el consabido dilema de pagar la
luz o comer, como ahora sucede con los recibos locos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De regalo, los legisladores obsequiaron a las nuevas empresas extranjeras las cabezas de los mexicanos que por necesidad han utilizado los llamados diablitos
para colgarse de los tendidos eléctricos; muchos de ellos que laboran
de manera irregular en los tianguis o en la vía pública, subsistiendo en
la informalidad, o que se guarecen en miserables techos de los
asentamientos irregulares. Sin distinción alguna la nueva ley dispone
que se sancionará con hasta tres veces el importe de la energía
eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la
infracción, a quien “conecte sus redes particulares con el sistema
eléctrico nacional o con otra red particular para su alimentación sin la
debida autorización y contrato”. Y fijan la multa mínima en 10 mil
veces el salario mínimo y la máxima de hasta 50 mil días de salario
mínimo. Es evidente que estamos asistiendo a las exequias de todo
sentido social en la prestación del servicio. Los pobres que roben
electricidad por no poder sufragarla pagarán con cárcel su atrevimiento.
La innegable resurrección de don Porfirio Díaz.
Es así que aún sin entrar en funciones plenas, el mito de la
disminución de las tarifas de la gasolina, la electricidad y el gas
doméstico empieza a desmoronarse. Hasta 2017 seguirán los gasolinazos y
la fragmentación anunciada de la CFE en sus sistemas de generación,
transformación y distribución, que serán entregados a particulares. Se
antoja imposible que bajen los precios de la electricidad si se
considera, como han expuesto los expertos, que además del pago por el
volumen de energía consumida, los usuarios del país deberán pagar ahora
por la llamada “energía reactiva”, que es aquella que se requiere para
transitar a través del tendido. ¿O acaso creen los falaces legisladores
que los inversionistas que manejarán la distribución sacrificarán sus
ganancias, lo mismo que los nuevos comercializadores?
El amargo despertar traerá altos costos sociales y políticos a los vendedores de quimeras y falacias,
pues habrá que preguntarse con qué cara estos partidos y sus candidatos
pedirán el voto a los mexicanos; a ése pueblo que resultará lesionado
con su irresponsabilidad legislativa y que antes de emitir su sufragio
en las urnas de 2015 deberá recuperar su memoria histórica para enviar
al basurero electoral a esos partidos que tanto daño le han hecho a la nación.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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