Pasivos laborales, corrupción acumulada
¿Dónde quedó el dinero?
Martín Esparza Flores
La aparición en el escenario de la
reforma energética de los pasivos laborales acumulados por adeudos de
prestaciones no solventadas por décadas a favor de los trabajadores
petroleros y electricistas de Pemex, CFE y Luz y Fuerza, por parte de
las paraestatales —hoy trocadas en “empresas productivas del Estado”— ha
puesto en la mesa de los debates parlamentarios el inevitable tema de
la corrupción y discrecionalidad con que esos multimillonarios recursos
fueron manejados de forma ilícita cuando debieron ser intocables, por
representar derechos adquiridos por miles de trabajadores que laboraron
durante toda su vida para asegurar una pensión justa, tal y como lo
establecen el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del
Trabajo.
Diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista
y Panal se han manifestado a favor de convertir en deuda pública los
2,1 billones de pesos que en promedio suman tales pasivos, bajo la
justificación maniquea de que ambas empresas deberán entrar en la
competencia del sector energético ante las empresas nacionales y
extranjeras, con sus estados financieramente sanos, pero poniendo como
insalvable condición que las dirigencias del Sindicato Petrolero y del
SUTERM acepten negociar cambios sustanciales a sus contratos colectivos
de trabajo para que su agremiados de nuevo ingreso, emigren al sistema
de pensiones de cuentas independientes.
Sólo que en el entramado de los
pendientes falta incorporar los pasivos laborales de los trabajadores de
Luz y Fuerza en liquidación, y que ascienden aproximadamente a 350 mil
millones de pesos. Y así como hasta el momento los partidos impulsores
de esta agresión a los derechos laborales de los trabajadores del sector
energético se han abstenido de exigir una amplia investigación para
conocer las causas de la desaparición de las estratosféricas cantidades,
como también los nombres y apellidos de los responsables, es hora de
recordarles que de acuerdo con la ley, los activos de las paraestatales
deben servir para cubrir las obligaciones de los organismos públicos
descentralizados, hoy condenados a desaparecer, pues el pueblo no puede
cargar con esta deuda que representa 2 veces el monto del Fobaproa, hoy
IPAB, de más de 850 mil millones de pesos y la del rescate carretero que
asciende otros 155 mil millones.
Los responsables de la sustracción a los
recursos ganados legítimamente por los trabajadores y sus ahora
cómplices en el Congreso buscan justificar el fenomenal boquete
invocando los supuestos “privilegios excesivos” del sistema de pensiones
como el de los trabajadores petroleros, para tender la acostumbrada
cortina de humo para escabullir su responsabilidad oficial. En su
momento también responsabilizaron al “costoso” contrato colectivo del
SME del deterioro financiero de Luz y Fuerza. Ahora que la verdad sale
flote, Calderón y sus falacias se hunden en el fango.
La pregunta ineludible es: ¿dónde quedó el dinero?
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