Electricidad, derecho humano
REVISTA SIEMPRE!
Por Martín Esparza Flores
/
Martín Esparza Flores
Los agricultores también han perdido la cuenta de sus adeudos por lo disparatado de las tarifas.
Movimiento de defensa social en todo el país/II y última parte
El abasto seguro y a bajo costo de la
electricidad es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo
integral de todo país, por lo que en México la iniciativa impulsada por
el SME y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica
(ANUEE), que busca garantizar como un derecho humano el suministro
seguro y a bajo costo para toda la población, adquiere una importancia
de primer orden si se busca sacar adelante a sectores que, como el
agrícola, enfrentan serios problemas con las tarifas eléctricas, que se
ha convertido en uno de sus insumos más caros.
En fecha reciente se anunció la
intención de las autoridades de otorgar tarifas eléctricas más bajas a
los productores rurales, incluyendo descuentos de hasta la mitad de sus
adeudos y reducción en costo del kilovatio de 60 a 35 centavos, pues
como lo han expuesto diversas organizaciones como El Barzón, la Unión
Campesina Democrática y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua,
entre otras muchas, un pozo gasta en promedio al mes unos 100 mil
kilowatts que a precio actual de 60 centavos, genera un costo de 60 mil
pesos, haciendo incosteable la siembra de productos como el maíz cuya
tonelada alcanza apenas los 2 mil 800 pesos.
Como ha sucedido en analogía con el
cobro de los “recibos locos” de la CFE donde se han registrado cargos
inverosímiles de hasta 50 o 60 mil pesos a viviendas humildes, los
agricultores también han perdido la cuenta de sus adeudos por lo
disparatado de las tarifas, por lo que de nada les vale que se les diga
que sus cargos serán reducidos a la mitad o se les permita finiquitar
sus excesivas cuentas a meses sin intereses. Sencillamente por el alza
también en el diésel y los fertilizantes, no cuentan con recursos para
pagar a CFE, que no consideró la difícil situación por la que atraviesan
a la hora de fijar sus criterios de cobro.
Como los agobiados productores del
campo, millones de usuarios domésticos, comerciantes y pequeños y
medianos industriales, esperan del gobierno una política en materia
energética que defina los criterios para el cobro y el uso racional de
la electricidad, determinando su abasto con base en criterios que
alienten el desarrollo económico y social, que permitan elevar el nivel
de vida de todos los mexicanos. Y en este sentido los diputados juegan
un papel preponderante.
El interés toral de la iniciativa que
está respaldada por más de 400 mil firmas de usuarios de todo el país,
radica por ello en hacer prevalecer el interés social que debe
salvaguardar el Estado al hacer valer los derechos humanos consagrados
en el artículo primero de la Constitución, y donde la electricidad no
debe ser vista como una mercancía sujeta a los intereses de la oferta y
la demanda, sino como un elemento sustancial que permita atender las
necesidades básicas de las personas y contribuir a su desarrollo social,
económico, político y cultural.
Este movimiento nacional, además de
plantear cambios al artículo cuarto constitucional, busca la
implementación de medidas que garanticen el establecimiento de una
tarifa social justa, el cese de cortes de luz arbitrarios, así como la
criminalización en contra de las justas protestas de los usuarios y la
cancelación de las denuncias penales en su contra.
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