Venezuela: ¿La cuenta regresiva?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en mitin ante sus seguidores. Foto: AP/ Fernando Llano
PROCESO
El TJS, dominado por magistrados abiertamente chavistas, ya le cerró el paso a una enmienda constitucional que preparaba la opositora Asamblea Nacional para recortar el mandato del presidente.
La semana pasada, la Sala Constitucional de ese tribunal declaró que sería violatorio de la Constitución reducir el mandato de Maduro porque se estaría “desconociendo la voluntad del pueblo”.
El camino que ahora le queda a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para impulsar un cambio de régimen es convocar a un referendo para revocar el mandato a Maduro.
Pero para ello la MUD deberá superar los escollos erigidos por el propio gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos rectores han actuado alineados con el régimen y amparados en un marco legal hecho a la medida del chavismo.
Luego de semanas de dilaciones inexplicables, el pasado martes el CNE entregó a la MUD las planillas oficiales para recolectar las firmas necesarias para activar el proceso revocatorio.
En cinco días la MUD recopiló más de 2.5 millones de firmas, 13 veces más de las que necesitaba para cumplir ese primer trámite.
Para la oposición, ese acto marca la cuenta regresiva del gobierno de Maduro. Ya sea porque el proceso desemboque en
la remoción del mandatario, o porque el chavismo y sus aliados del CNE busquen poner trabas a la consulta, que la presión popular acabe por desbordarse.
En opinión del abogado constitucionalista José Amando Mejía, frente a un escenario de esa naturaleza el único camino que le quedará al régimen es la represión militar.
“Y en ese caso extremo, creo que los militares reconocerán y respetarán el orden constitucional y se doblegarán ante la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano”, considera.
Esto, a pesar de que las Fuerzas Armadas tienen una gran cuota de poder en el gobierno, donde ocupan la cuarta parte de los ministerios, están a cargo de todos los organismos de seguridad e inteligencia y dirigen gigantescas empresas estatales. Además, la mitad de los gobernadores son militares.
Pero el proceso revocatorio será una medición de fuerzas entre la oposición, que según todas las encuestas tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, y el Ejecutivo, que a pesar de haber perdido la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo) aún tiene el control del aparato estatal y de los otros dos poderes del Estado: el judicial, representado por el TSJ, y el electoral, que encabeza el CNE.
Y esa medición tiene lugar mientras la crisis económica, política y social venezolana se deteriora aún más. Según una encuesta de Venebarómetro, sólo el 53.5% de los venezolanos comió tres veces al día el mes pasado.
Esto, por la escasez de alimentos y la pulverización del salario. Y la inflación rondará este año el 720%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todo eso ha resquebrajado el respaldo popular al presidente. Incluso, un sector cada vez mayor de ciudadanos identificados como chavistas piensa que debe dejar el poder.
El director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, dice que si se realizara hoy un referendo para revocar el mandato a Maduro “no hay duda de que lo perdería”.
Pero el camino hacia esa consulta aún está en su etapa preliminar. Este martes la MUD entregará al CNE las 2.5 millones de firmas recopiladas en los últimos cinco días para activar el mecanismo de consulta, pero el organismo electoral se tomará 30 días para “validar” las rúbricas.
Para ello podrá llamar a los firmantes de las planillas a presentarse en sitios donde el organismo lo disponga, a fin de que los ciudadanos estampen de nuevo su rúbrica y coloquen su huella dactilar en un dispositivo electrónico.
Si la oposición logra pasar este trámite, deberá recopilar cuatro millones de firmas más –equivalentes al 20% del padrón electoral– en sólo tres días. Y el CNE tendría que volver a “validar” esas rúbricas para poder convocar, entonces sí, a un referendo revocatorio en un plazo no mayor a 90 días.
La MUD cree que el malestar de los venezolanos por la situación del país es tan generalizado que el gobierno y el CNE se verán rebasados por la decisión ciudadana de convocar a un referendo revocatorio.
Durante las jornadas de recolección de firmas de los últimos días llamó la atención no sólo la cantidad de gente que se volcó a los centros habilitados para tal fin, sino ver en ellos a militares y policías con uniforme estampando su rúbrica.
Pero Maduro está haciendo todo para permanecer en el poder. El viernes anunció en forma sorpresiva que creará una “comisión” a cargo del chavista alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para revisar, “una por una”, las firmas que recaude la oposición para el referendo revocatorio, algo que no contempla ninguna ley.
Entre traba y traba, espera que el referendo revocatorio no alcance a realizarse este año, y tal vez nunca, por falta de “requisitos”.
El peor escenario para Maduro es que la consulta se lleve a cabo este año, ya que, en caso de ganar el “Sí” para revocar su mandato –para lo cual se requiere un voto más de los siete millones 587 mil 532 sufragios que obtuvo al ser elegido en 2013–, el CNE deberá convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Pero si el CNE logra llevar el referendo revocatorio a 2017 y gana el “Sí”, quien asumiría el cargo hasta 2019 sería el vicepresidente en funciones. Hoy ocupa ese cargo el exdirigente sindical Aristóbulo Istúriz.
Sin embargo, en círculos políticos ya se comenta que si el proceso revocatorio avanza y el CNE logra postergarlo hasta el próximo año, Maduro nombraría como vicepresidenta a su esposa, la diputada Cilia Flores, para que ella asuma la presidencia en caso de perder la consulta.
El abogado José Amando Mejía cree que el chavismo “hará todo lo que esté a su alcance para conservar el poder, sin importar lo ilegítimo, antidemocrático e inconstitucional que sea”.
Y considera que el único camino para hacer valer la voluntad popular es que la Asamblea Nacional desconozca la Sala Constitucional del TSJ invocando las facultades de protección del estado de derecho que le confiere la Constitución, para después designar rectores imparciales en el CNE e iniciar, así, un proceso de normalización democrática.
“Indudablemente que con el desconocimiento de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Nacional la temperatura política va subir, pero, en mi opinión, esto va a funcionar como un disuasivo frente a la cúpula militar chavista, que tendrá que decidir si se embarca en una dictadura o se reconduce al camino constitucional”, plantea Mejía.
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