Denuncian violaciones a derechos humanos en detención de líderes de la CNTE

Rubén Núñez en una fotografía tomada en mayo pasado. Foto: Jesús Cruz

PROCESO

Por Gloria Leticia Díaz , 14 junio, 2016 Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares  y abogados de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron violaciones a los derechos humanos en las últimas cinco detenciones, así como irregularidades en los procesos judiciales iniciados por robo de libros de texto gratuito y uso de recursos de procedencia ilícita.
Acompañados por el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) Fernando Ríos, en conferencia de prensa, los familiares de Rubén Núñez Gínez, Aciel Sibaja Mendoza, Francisco Villalobos Ricardez y de Heriberto Margariño López, sostuvieron que los dirigentes de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca fueron detenidos de forma violenta sin mediar orden de aprehensión, por hombres fuertemente armados que se transportaban en vehículos particulares, algunos de ellos sin placas.
Los abogados de la Sección 22I, Mayen Arellanes y Julio César Velázquez García, aseguraron que hasta el momento a Rubén Núñez se le ha negado el derecho a ser defendido por un abogado de su confianza. Recordaron que además de los últimos detenidos, hay otros líderes procesados en distintos penales de alta seguridad, lo que les ha dificultado la defensa.
Además, cuestionaron la solidez de los procesos penales iniciados por la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que no se acreditan los delitos por los que fueron encausados los dirigentes, además de que rechazaron que se investigue a  Núñez por intento de homicidio.

Carlos Torralba Payán, familiar de Núñez y quien manejaba el vehículo en el que se trasladaba el secretario general de la Sección 22, aseguró que en la madrugada del 12 de junio, a la altura de Santa Isabel Tolá, en la delegación Gustavo A. Madero, tres camionetas blancas y otros “tres o cuatro coches” les cerraron el paso y de los vehículos se bajaron “muchas personas”.
“Nunca nos dijeron quiénes eran, nos empezaron a agredir, mi primo iba a un lado y lo bajaron de una manera altanera brutal, pegándole. A mí me agacharon la cabeza, me pegaron en la cara y me quitaron las llaves (del coche), a mí me pasaron a la parte de atrás y nos pedían que diéramos las armas y el dinero revisaron el vehículo y nunca encontraron nada. Después nos trasladaron al aeropuerto, nos quitaron las pertenencias y nos sacaron fotografías”, contó Torralba Payán.
Agregó que los aprehensores de Núñez lo amenazaron a él y a otra personas que viajaba en la parte de trasera del automóvil de que “si decíamos algo iban a ir por nosotros a nuestros domicilios”.
Las detenciones
Florentina Toledo Sánchez, esposa de Villalobos Ricardez, dijo que el secretario de Organización, fue detenido en su domicilio en Tehuantepe, Oaxaca, “por elementos no identificados del gobierno”, armados que se transportaban en cinco vehículos no oficiales.
Griselda Otilia Sánchez Moreno, esposa de Magariño López, dirigente regional del Istmo de Tehuantepec, contó que antes de su detención el 10 de mayo pasado, su domicilio era vigilado por personas que se trasportaban en vehículos sin placas.
Sánchez Moreno agregó que al dirigente “lo levantaron gente armada que viajaba en un Nissan rojo sin placas, una camioneta pick up banca y una Suburban, (Magariño) quiso correr, pidió ayuda en zapoteco”,  pues creía que estaba siendo víctima de un secuestro.
“Dos campesinos se acercaron para ayudarlo, pero los hombres armados los encañonaron y amenazaron con dispararles”, apuntó la esposa de Magariño.
Griselda Otilia contó que la noche de ese día se enteró de la detención de su marido por los noticieros televisivos y que dos días después se comunicaron con su suegra del penal de alta seguridad de Hermosillo para notificar que ahí se encontraba interno el dirigente sindical.
Jorge Ángel Sibaja Mendoza, hermano del secretario de Finanzas de la sección 22, procesado por uso de recursos de procedencia ilícita, puntualizó que su hermano Aciel fue detenido el 13 de abril en Villa de Etla, por hombres vestidos de civil. Dijo que durante 24 horas no tuvieron noticia de él, por lo que iniciaron una denuncia por desaparición.
Sibaja narró que personal de la Fiscalía General de Oaxaca negó haber ejecutado alguna orden de aprehensión contra el líder sindical; incluso, en la revisión de la Plataforma México “tampoco estaba reportada su detención”.
Sin embargo, al medio día del 14 de abril, “Gabino Cué Monteagudo (gobernador de Oaxaca) informó a través de redes que a Aciel lo detuvieron en un operativo conjunto de la Fiscalía y la PGR”.
Hay 9 casos más
La abogada Mayén Arellanes destacó que además de los cuatro profesores internos en el penal de alta seguridad en Hermosillo, hay otros cuatro en Mihuatlán, Oaxaca, y otros cinco en el penal de Nayarit.
Los casos han sido denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas de Derechos Humanos y diversos grupos de trabajo de la ONU.
Arellanes señaló que los profesores fueron detenidos de forma arbitraria y fueron sometidos a malos tratos y tortura, además de que en todos los casos se violaron los principios de “presunción de inocencia, por ser presentados ante los medios como culpables sin mediar sentencia, se violó el derecho a adecuada defensa, no han tenido derecho o la posibilidad de desahogar las pruebas, la negativa a una tutela judicial efectiva”.
Tras señalar que los abogados de la sección 22  han presentado amparos contra la desaparición, incomunicación y tortura, la abogada descartó que los dirigentes de la CNTE sean responsables de lavado de dinero, como los acusa la PGR.
“En efecto, se celebraron convenios con empresas de microcréditos por acuerdo de la Asamblea General, para que los descuentos se hicieran vía nómina, pero la Sección 22 no tiene acceso a la nómina sino el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dicho sea de paso, aplica los descuentos a los trabajadores por los microcréditos, cuotas sindicales del 1% del salario, el ISSSTE, el ISR y seguros de vida, pero tiene retrasos de pago con las empresas y las instituciones de entre tres y seis meses.
“Nos gustaría saber si la PGR inició una averiguación previa contra el IEEPO, porque no se trata de un millón o dos, son más de 80 mil profesores a los que se les aplican descuentos”, resaltó la abogada.
El litigante Julio César Velázquez, apuntó que era el IEEPO el órgano responsable de determinar si las empresas que establecieron convenio con la Sección 22 eran legales o no, “porque al final de cuentas es el IEEPO el encargado de entregar los recursos”.
Destacó que en el caso de Aciel Sibaja, el juez de su causa reclasificó el delito, de uso de recursos de procedencia ilícita por extorsión, “porque llamaron a declarar a los dueños de las empresas que declararon que fueron obligados a firmar el contrato, lo cual no tiene lógica”.
En cuanto a los procesos por robo de libro de texto gratuito, delito por el que se procesa entre otros a Francisco Villlalobos, el abogado rechazó que tenga sustento, toda vez que la PGR no demuestra cómo es que “el maestro Villlalobos y otras cuatro personas se llevaron 100 mil libros de texto de una casa particular, no del IEEPO ni de otra oficina pública”.
Durante la conferencia de prensa se pidió también la liberación de Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Juan Carlos Orozco Matus, Roberto Abel Giménez García, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa y Damián Gallardo Martínez, así como “los 25 presos del 7 de junio y de todos los presos políticos del país”.

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