Una reforma laboral, que no educativa
Revista Siempre!
Por Martín Esparza Flores
/
Martín Esparza Flores
Con el terrorismo laboral se intenta suplir la ausencia de argumentos para no dialogar de cara a la nación.
El diálogo debe ser la vía
La obstinación de las autoridades por
imponer una reforma educativa sin la aquiescencia de los miles de
profesores en el país ha engendrado desde su aprobación y puesta en
marcha un problema social de insospechadas consecuencias que sólo puede
evitarse invocando un vocablo que desde el inicio del sexenio ha sido
desdeñado tanto por funcionarios de primer nivel como por representantes
del Poder Legislativo: diálogo.
Ahora, de manera unilateral e
impositiva, se condiciona la aplicación de este diálogo a que los
líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) finalicen el paro de labores iniciado en estados como Oaxaca,
Michoacán, Chiapas y Guerrero, desde el pasado 15 de mayo, y que acepten
que la reforma educativa “es una realidad y está en la Constitución”.
En pocas palabras, se pretende iniciar
una mesa de negociaciones, borrando de la agenda de los puntos a tratar
la opinión de los directamente interesados y afectados, como ya ocurrió
en 2013 con los 10 Foros Regionales donde se ventilaron más de 10 mil
opiniones tanto de maestros como de expertos en temas educativos, que
nunca fueron tomados en cuenta a la hora de presentar la controvertida
reforma educativa al Poder Legislativo.
Nada tiene de atractiva la propuesta
oficial pues se niega a dar marcha atrás a un proyecto que desde un
inicio mostró su objetivo de menoscabar los derechos laborales de miles
de mentores más allá de un auténtico cambio del actual modelo educativo.
Las autoridades amenazan con aumentar el número de profesores cesados
que, de acuerdo con sus cifras, suman ya más de tres mil, como medio de
presión para hacerles entrar con calzador una reforma donde nunca se
consideraron ni valoraron sus experiencias ni puntos de vista. Con el
terrorismo laboral se intenta suplir la ausencia de argumentos para no
dialogar de cara a la nación.
La cabeza de sector informó
recientemente que suman 54 mil los descuentos aplicados a los profesores
que han faltado a dar clases por acudir a las movilizaciones en defensa
de su estabilidad laboral y su derecho a exigir salarios más justos.
Ayer como hoy, irrumpe la actitud evasiva de sentarse a dialogar para
llegar a un verdadero análisis de fondo sobre la problemática
educacional en México. De hecho, ése ha sido el reclamo del magisterio
democrático desde antes de la aprobación de la reforma, ser escuchado a
la par de especialistas y padres de familia.
No es tarde para dejar atrás la
renuencia de las autoridades iniciando una discusión en cada uno de los
estados involucrados donde participen tanto maestros como especialistas,
padres de familia y alumnos, buscando llegar a un acuerdo que desactive
un conflicto social donde se hace cada vez más evidente el uso de la
fuerza del Estado para reprimir la lucha del magisterio democrático,
violando su derecho a manifestarse establecido en nuestra Constitución y
en acuerdos como la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU.
Es momento de que el gobierno federal escuche y atienda las demandas de
los maestros democráticos. El diálogo y no la represión debe ser la vía
para enderezar una reforma que más que educativa resultó laboral y
atentatoria a los derechos de los educadores del país.
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