El TLCAN: 23 años de saldos negativos
Al
conocerse los objetivos del gobierno estadounidense en la
renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte), puede anticiparse que la peor parte para México apenas empieza;
dos de los puntos torales anunciados por la Oficina del Representante de
Comercio de Estados Unidos, establecen que el gobierno de Donald Trump
busca la eliminación del capítulo 19 del acuerdo vigente, para que en la
solución de controversias se anule la posibilidad de acudir a
tribunales internacionales, y resalta, en el capítulo sobre energía,
proseguir con las reformas que abran aún más los mercados en esta
materia.
Todo a petición de un socio comercial que
en los últimos 23 años se ha llevado las mayores ganancias y los
mejores empleos, dejando a nuestro país un estancamiento económico y un
atraso social que, todo indica, serán perpetuados a cambio de obtener
del gobierno norteamericano su apoyo para la clase política en el poder,
con miras a las elecciones presidenciales de 2018.
Representantes de industriales,
agricultores y banqueros del vecino país coinciden en que el TLCAN les
representó grandes beneficios, como una mejor competitividad y creación
de empleos. Por ejemplo, Robert S. Kaplan, uno de los presidentes del
Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, declaró hace unos días
que una eventual cancelación del tratado, en contra a lo expresado por
Trump, produciría la pérdida de empleos ante el embate de la economía
asiática.
Kaplan recordó lo archisabido por
economistas de ambas naciones, pero lamentablemente ignorado o callado
por la clase política mexicana: el 40 por ciento de las compras que
Estados Unidos hace de productos mexicanos tienen un alto porcentaje de
componentes fabricados dentro de sus fronteras; además, el 70 por ciento
de importaciones norteamericanas de bienes manufacturados en México,
cruza varias veces la frontera común antes de ser un artículo terminado.
Y si bien es cierto que tras la puesta en
marcha del acuerdo comercial, industrias como la automotriz repuntaron
en nuestro suelo, la realidad es que a las armadoras las atrajo el
suculento ofrecimiento de gozar de exenciones fiscales y pagar bajos
salarios. En 1993, un año antes del TLCAN, había en México 13 plantas
automotrices y actualmente existen unas 30 que crearon miles de puestos
de trabajo, pero mal pagados.
Situación parecida aconteció con la rama
de las maquiladoras en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, en donde se
vinieron abajo los pronósticos anunciados a la firma del acuerdo por el
entonces presidente Carlos Salinas, cuando se aseguró que uno de los
impactos positivos sería la elevación de los salarios para los
trabajadores mexicanos y la creación de miles de empleos de calidad.
Datos del INEGI y del Banco de México
señalan que mientras en 1993 las exportaciones de la industria
manufacturera con maquila ascendieron a 45 mil millones de dólares, para
1998 llegaron a 100 mil millones de dólares. Para 1999, a cinco años de
iniciado el TLCAN, había en el país unas 3 mil 206 maquiladoras que
daban empleo alrededor de un millón de personas. En las zonas donde
comenzaron a operar las maquiladoras, el problema no fue la falta de
empleos sino las características paupérrimas de éstos.
La laxitud en la aplicación del capítulo
laboral contemplado en el acuerdo, por parte del gobierno mexicano, hizo
muy atractiva la inversión de maquiladoras en México, sobre todo de
poderosos consorcios norteamericanos que a la par de armadoras
automotrices vieron en las bajas remuneraciones el mecanismo para
aumentar su competitividad al ahorrar millones de dólares en salarios.
Además, la crisis financiera de 1994, el
llamado error de diciembre que devaluó el peso en un 31 por ciento,
acrecentó el atractivo de aumentar su competitividad, pagando salarios
más económicos que en suelo estadunidense. Por citar un caso: mientras
en 1999 un obrero de una maquiladora ganaba en México entre 300 y 600
pesos a la semana por una jornada laboral de 45 horas, unos mil 200 y 2
mil 400 pesos mensuales, en Estados Unidos las empresas debían pagar en
su país, por un trabajo igual, salarios de entre 13 mil 200 pesos y 26
mil 400 pesos al mes. Abismal diferencia que prevalece hasta hoy.
Por eso el banquero Kaplan, al igual que
industriales y agricultores norteamericanos, saben de las ventajas que
les ha reportado el tratado y se cuidaron bien, en estos 23 años de
vigencia, de no exigir a nuestro país el cumplimiento del capítulo
laboral que teóricamente les obligaría a impulsar mejores condiciones
laborales y salariales para los trabajadores mexicanos. Situación que
iría en contra de sus intereses.
Los agricultores estadounidenses están
solicitando a Trump dejar las cosas como están en su sector, pues más de
la cuarta parte de sus exportaciones las realizan a México; su temor es
mayor en la medida que su presidente echó abajo el acuerdo
Transpacífico, negociado por Barack Obama, cerrándoles las puertas de
acceso a nuevos mercados.
En el reverso de la moneda, quienes piden
que el agro quede fuera no sólo de la renegociación del tratado sino de
su contenido, son los agricultores mexicanos, quienes en dos décadas
vieron derrumbarse su sector ante la imposibilidad de competir contra
sus símiles de la frontera norte, por la política de subsidios que su
gobierno otorga de hasta un 30 por ciento en apoyo a la producción de
alimentos. En México, los subsidios apenas y llegan a cuenta gotas a un
7.5 por ciento, lo que provocó la quiebra y el desmantelamiento de
cultivos tradicionales y sustento de miles de comunidades indígenas y
ejidos campesinos, como el frijol y el maíz, productos, entre otros
muchos, que ahora importamos en miles de toneladas anuales de Estados
Unidos, ante el quebranto de nuestra autosuficiencia alimentaria.
Una de las repercusiones más graves, a 23
años del TLCAN, es la pérdida de más de 5 millones de empleos en el
agro; esos millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos para
huir del hambre y que ahora están en riesgo de ser deportados.
Se habla de que en la mesa de
renegociación estarán presentes asuntos como el laboral y el ecológico,
para que en México mejoren los salarios y se respeten convenios
internacionales como el 98 de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), referente a la libre sindicalización. De entrada suena bien,
pero como se ha visto en todos estos años, al gobierno norteamericano le
importa que sus connacionales lleven siempre las de ganar y valdría
preguntarse si en el rubro de la ecología pedirá que se suspenda en la
reforma energética la explotación del gas Shale a través del llamado
“fracking”, método ya prohibido en sus fronteras por la devastación
ocasionada al medio ambiente.
Preocupante para el país que las
autoridades no busquen la opinión de los sectores involucrados y
directamente afectados por lo que pueda venir, y acudan a la mesa de la
renegociación buscando apoyos políticos para las elecciones del próximo
año, antes que velar por el futuro de nuestra economía y un mejor nivel
de vida para millones de mexicanos. Una renegociación con la guardia
baja será el tiro de gracia a nuestra ya de por sí disminuida soberanía.
Martín Esparza Flores*/Segunda parte y última
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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