Inversionistas impiden el acceso al agua potable a comunidad indígena en Chihuahua
Entre los señalados destaca el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Omar Bazán Flores, y el exdiputado local y a candidato a la alcaldía de Delicias, Ricardo Orviz Blake.
Los otros implicados son Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez. Los cinco se ostentan como propietarios de las tierras donde se asienta ancestralmente la comunidad.
La comunidad ha sostenido una serie de litigios para denunciar las afectaciones de salud y ambientales a la comunidad, tras la construcción de hoteles y otros proyectos en los que no han tomado en cuenta a los indígenas.
Incluso, el año pasado interpusieron un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Octavo de Distrito de la ciudad de Chihuahua por la violación al derecho constitucional y humano de acceso al agua potable
De acuerdo con el expediente 345/2016, la demanda inicialmente fue en contra de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el presidente de la República y el gobernador.
Posteriormente, los inconformes ampliaron la demanda en contra del Comité de Regulación y Seguimiento de Infraestructura Indígena, de la delegada estatal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de Ricardo Orviz Blake, como tercero perjudicado.
Los inversionistas niegan acceso al agua potable a la comunidad indígena, denunció hoy en rueda de prensa la primera gobernadora de Mogótavo, Rosario Batista Cruz, acompañada de habitantes de esa localidad.
“Los supuestos propietarios, al comparecer a juicio, señalan, a través de sus apoderados, que Mogótavo no existe, que no tienen necesidad de agua potable y que están invadiendo sus tierras”, detallaron los representantes de la comunidad.
La postura de los particulares contradice el reconocimiento que la CDI y el gobierno del estado ya dieron a la comunidad, por su posesión ancestral y, derivado de esto, autorizaron el proyecto de construcción de abastecimiento de agua potable, que registraba más de 50 de avance.
Por la oposición de los priistas y sus socios, se suspendió la obra.
“La posición que han asumido dichos personajes ha sido discriminatoria, al considerar necesario acreditar la calidad indígena, la calidad como comunidad, así como la calidad de la posesión en el territorio donde se construye la red de agua potable”, denuncian.
La comunidad de Mogótavo anunció que continuará la lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos y reclamó a las autoridades gubernamentales el garantizar el derecho al acceso de agua potable, lo que representa un medio de subsistencia y a una vida sana y digna.
También hicieron un llamado a quienes se ostentan como propietarios para que reconozcan la realidad de la comunidad de Mogótavo, del territorio que tradicionalmente poseen y del derecho que tienen de acceder al agua potable.
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