Mineros eluden impuestos y gobierno los premia con estímulos fiscales
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Uno de los aspectos más importantes de la llamada economía verde
tiene que ver con la imposición de cuantiosas cargas fiscales a las
actividades más contaminantes o que mayor daño causan al medio ambiente,
como las extractivas.
Pero
en México, muy lejos estamos de que ese tipo de industrias altamente
nocivas sufran siquiera por los impuestos: aquí, las autoridades
entregan en bandeja de plata permisos, concesiones y demás autorizaciones para que las empresas mexicanas y extranjeras hagan y deshagan a su antojo.
Ejemplo
de ello es la minería que, con la clara anuencia del gobierno, despoja
territorios a pueblos originarios y a personas de escasos recursos; en
total impunidad, contamina aire, suelo y agua; y por si esto no le
bastara, paga una ridícula suma por extraer recursos tan valiosos, como
el oro y la plata. Y, al final, el gobierno la premia con millonarios
estímulos fiscales.
Impuestos verdes
Los
impuestos relacionados con el medio ambiente tienen una base imponible
aplicada en una unidad física de algún material que tiene un impacto
negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente, explica el
análisis La economía verde: beneficios e impactos, elaborado por Roberto Candelas Ramírez para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
Agrega
que éstos incluyen los impuestos sobre la energía, el transporte, y se
excluyen los impuestos del tipo valor agregado. En el caso de la
extracción minera y el uso de agua, indica que se aplican regalías, es
decir, cobros específicos por el uso del recurso natural explotado.
El
estudio apunta que, “desafortunadamente, en México no existe en el
régimen tributario federal un solo gravamen tributario destinado a
resarcir los daños ambientales que las empresas mineras ocasionan a los
ecosistemas y los vertimientos de contaminantes a las fuentes de agua”.
Industria abusiva
Pero
el problema con esta industria va más allá del hecho de que no exista
ese gravamen; pues los que sí existen no se respetan. “Los ingresos
fiscales percibidos por concepto de impuestos que pagan las empresas
mineras en México ascienden al 1 por ciento del total de ingresos,
convirtiéndose en el segundo país que menos impuestos recibe en América
Latina”, refiere el análisis del CESOP.
Agrega
que esta situación se da a pesar de que aquí operan dos de los cinco
grupos mineros más importantes, por su valor en ventas (Grupo México e
Industrias Peñoles), y de que aplican varias cargas tributarias que
establece la Ley Minera y su reglamento.
Entre
ellas: la compensación abonada por quienes realizan exploración minera;
la prima por descubrimiento; los derechos sobre minería, aplicables a
los concesionario o quienes desarrollen trabajos relacionados con la
exploración o explotación de sustancias o minerales (aunque sólo por el
área que abarca la concesión y su duración).
En
este punto, refiere que la cuota por hectárea se ubica en el rango de
17.62 a 124.74 pesos, según el año de vigencia de las concesiones y
asignaciones mineras. Algo a todas luces ridículo.
El
estudio destaca que en el país “no existen impuestos específicos que
graven las actividades mineras: pagan los mismos impuestos federales
(ISR, IETU, IVA) que cualquier otra actividad económica. También pagan
los mismos impuestos estatales y, salvo el caso excepcional de Baja
California, ninguna entidad federativa paga un impuesto ambiental sobre
la extracción y aprovechamiento de materiales y minerales mineros”.
En
este contexto de abusos pareciera que lo peor no es eso, sino que
además reciben estímulos fiscales. “La industria minera tiene un
estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta consistente en la
deducción inmediata de las inversiones que realice el empresario minero,
hasta por 77 por ciento del valor del capital invertido”, indica el
análisis.
Mineras se burlan del régimen tributario
Y
esta permisividad sólo da lugar a más abusos: abiertamente los mineros
se burlan del sistema de tributación. Ejemplo de ello es lo que
descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más
reciente informe de fiscalización: 14 concesionarios habrían eludido
impuestos.
Por ello, la ASF solicitó
al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercer sus facultades de
comprobación fiscal respecto de las empresas Besmer, SA de CV; Compañía
Minera Autlán, SAP de CV; Comercializadora Sago Import Export, SA de
CV; Exmin, SA de CV; Minera Planet Exploration, SA de CV; Minera Río
Tinto, SA de CV; SGL Minera, SA de CV; y Succeshill & Co, SAPI de
CV.
También, de los concesionarios
Héctor Alfonso Hernández Vega, Armando Javier Gamboa Alanís y Federico
García Félix; así como de quienes ostentan los registros federales de
contribuyentes DGX030220LU7, MUSJ7009031T5 y SOLE601107I88.
Según
la auditoría financiera y de cumplimiento 16-5-06E00-02-0075, “Derechos
sobre minería”, estos 14 contribuyentes “se identificaron como
beneficiados de los créditos otorgados por el Fideicomiso de Fomento
Minero”. Sin embargo, “no se acreditó el pago de los derechos especial,
adicional o extraordinario sobre minería previstos en los artículos 268,
269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.
La
Auditoría también revela que, “si bien los tres derechos mineros
reflejaron mayor recaudación respecto del ejercicio 2015, se disminuyó
la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago de los derechos
especial y extraordinario, que va del 1.3 al 70.7 por ciento”.
Según
el resultado de la fiscalización, 61 contribuyentes que presentaron el
pago del derecho especial en 2015 no presentaron declaración del derecho
en 2016; 48 contribuyentes adicionales realizaron el pago en 2016 de
por lo menos un derecho, que representa el 3.5 por ciento del total
recaudado.
Además, la recaudación
realizada en 37 Administraciones Desconcentradas de Recaudación del SAT
en el país se “integró por los pagos de 161 contribuyentes, de los
cuales: un contribuyente realizó pagos por dos derechos; un
contribuyente realizó pagos por los tres derechos; 147 contribuyentes
realizaron el pago de un derecho; y 12 contribuyentes presentaron la
declaración en cero.
Al comparar el
padrón de concesiones de la Secretaría de Economía con la base de datos
de pagos del sistema del SAT, los auditores identificaron que de los 161
contribuyentes que realizaron el pago de por lo menos uno de los tres
derechos, 113 (70.2 por ciento), con un total de 6 mil 422 concesiones,
realizaron el pago de los tres derechos, y los 48 contribuyentes
restantes, el 29.8 por ciento, no se identificaron con alguna concesión
en el padrón que Economía proporcionó.
La
auditoría concluyó que en 2016, la Cuenta Pública reportó ingresos por 2
mil 740 millones 796.4 mil pesos correspondientes a la recaudación de
los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos.
Así, la “eficiencia” del fisco con los grandes contribuyentes mineros.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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